El 24 de octubre de 2019, cuando las investigaciones de la Estafa Maestra estaban en su auge y la exsecretaria de Estado Rosario Robles ya había sido encarcelada, el que fuera su oficial Mayor, Emilio Zebadúa González, envió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una serie de “aclaraciones” respecto a las declaraciones patrimoniales que había presentado años antes.
Entre otras cosas Zebadúa rectifica un hecho importante: señala que sus hijos “nunca” fueron sus dependientes económicos, contrario a lo que había consignado originalmente, y que es su cónyuge quien se hace cargo de sus gastos. Por lo tanto, Zebadúa insiste en que los recursos que estos ejercen están desvinculados de su propio gasto.
En una línea similar el exoficial Mayor también “aclara” que las dos cónyuges que tuvo en el periodo de 2013 a 2018 no son sus dependientes económicas como lo señaló en sus declaraciones originales.
Estas aclaraciones, sin embargo, consignan hechos falsos. La investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera hizo sobre sobre Zebadúa y que se transformó en una denuncia por múltiples irregularidades en su entorno financiero muestra que el exoficial mayor sí sufragaba gastos de sus hijos y pareja.
En los anexos se establece que, en 2015, el año en que Zebadúa migró de Sedesol a Sedatu, sus dos hijos Nicolás y Julia Zebadúa Orozco, y su cónyuge Stephany Vanessa de Mendieta Zapata, realizaron consumos con tarjetas de crédito y servicios por más de 14 millones de pesos. El titular de dichas tarjetas es el exfuncionario y sus familiares son sus beneficiarios. Entre los pagos realizados hay operaciones en tiendas de ropa por más de 800 mil pesos.
También en ese mismo periodo hay pagos en efectivo hechos por más de dos millones de pesos realizados por el hijo del exoficial mayor.
Son todos pagos que, de acuerdo con la denuncia de la UIF, no son acordes a los ingresos declarados fiscalmente por Emilio Zebadúa quien, sostiene, dependía de sus sueldos como oficial mayor que al año eran por tres millones de pesos.
Todas estas inconsistencias y documentos están en manos de la Fiscalía General de a República (FGR) desde 2019. De hecho, las declaraciones patrimoniales con sus aclaraciones fueron solicitadas por la fiscal Teresa Maldonado, integrante del grupo de cuatro fiscales que tenían a su cargo la indagatoria de la Estafa Maestra. Los hallazgos también fueron incorporados a la carpeta de investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Zebadúa y sus dos hermanos.
Sin embargo, como ya se documentó en la nota principal de este investigación gracias a diversas negligencias y actos de corrupción hasta ahora la FGR no ha procedido penalmente en contra de Emilio Zebadúa ni de sus familiares.
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