Una nota reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga un presunto esquema de fraude que buscaba obligar al ISSSTE a pagar 1 mil 230 millones de pesos a 880 ex integrantes de la extinta Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
El caso gira en torno a seis laudos laborales emitidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los cuales reconocían el derecho a una indemnización que, según la investigación, había desaparecido con la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE en 2007. Los pagos fueron detenidos antes de que se ejecutaran tras detectarse presuntas irregularidades.
De acuerdo con las denuncias, las demandas presentaban diversas anomalías: no precisaban la fecha de ingreso de los trabajadores, omitían el salario base para calcular las indemnizaciones y fueron admitidas pese a esas deficiencias. Además, se cuestiona que los expedientes de exservidores públicos provenientes de distintos estados del país fueran tramitados por la Junta Especial Número 42, con sede en Torreón, Coahuila, lo que también ha puesto bajo escrutinio la competencia territorial de esa autoridad.
La FGR también investiga la actuación de funcionarios que participaron en la recepción y resolución de los expedientes, con el objetivo de determinar si existieron actos ilegales o colusión para favorecer las reclamaciones.
Monto: 1 mil 230 millones en presuntos pagos irregulares.
Implicados: Autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, asi como más de 800 exintegrantes de la policía Federal.
Impacto: Potenciales rudes laborales que afectarían el presupuesto etiquetado para seguridad.
Difusión: Fue una nota del diario Reforma que luego fue retomada por al menos tres medios o portales más.