La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de videos relacionados con el caso Ayotzinapa reactivó una antigua investigación financiera que podría llevarlo a enfrentar cargos por el supuesto desvío de 287 millones 12 mil 594 pesos.

La investigación se remonta a una querella presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en enero de 2015, en la que se señalaba que durante el gobierno de Aguirre, entre 2012 y 2014, recursos públicos federales y estatales fueron triangulados mediante empresas como Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa. La investigación sostiene que estas compañías recibieron contratos y asignaciones de obra pública por más de mil 99 millones de pesos y que una parte de esos recursos terminó en cuentas personales de familiares y colaboradores del exgobernador.

El elemento clave ahora es el riesgo de que los delitos prescriban. Aunque la investigación financiera se inició hace más de una década, las actuaciones judiciales emprendidas en 2015 interrumpieron los plazos de prescripción. Para el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la FGR tendría hasta octubre de 2029 para proceder penalmente contra Aguirre; sin embargo, para el delito de peculado, el plazo definitivo vencería en octubre de 2026.

Fuente: https://grupoanimal.mx/politica/angel-aguirre-detencion-reactiva-investigacion-desvio-dinero 

Monto: 287 millones 12 mil 594 pesos.

Implicado: El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el entonces secretario de finanzas Víctor Ignacio Hughes Alcocer; y la empresa Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa.

Impacto: Los recursos desviados estaban destinados a temas de infraestructura.

Difusión: Fue una nota exclusiva de Animal Político.