En Guadalajara, la implementación de un nuevo aumento a la tarifa del transporte público ha derivado en un escándalo de corrupción que involucra a la empresa Broxel y a funcionarios de la Secretaría de Transporte. Las denuncias señalan que el esquema de prepago utilizado en la ciudad genera excedentes millonarios que no son reportados con transparencia, sugiriendo un manejo ilícito de los recursos generados por los usuarios.
Diversas organizaciones civiles y actores políticos han interpuesto acciones legales este 9 de febrero, argumentando que el aumento de la tarifa no tiene como fin la mejora del servicio, sino el beneficio de intermediarios privados con nexos en el gobierno estatal. El caso ha sido calificado como un “negocio al amparo del poder”, donde el servidor público encargado de la supervisión habría omitido auditar las cuentas de la empresa concesionaria de manera deliberada.
La controversia ha provocado manifestaciones en los principales ejes viales de Jalisco, donde se exige una investigación profunda sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios de los “centavos” que el sistema no devuelve a los ciudadanos. Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de transporte concesionados cuando la vigilancia estatal se ve comprometida por acuerdos de mutuo beneficio económico.
Monto: No precisado.
Implicado: Funcionarios de la secretaría de Transporte y la empresa Broxel.
Impacto: Posible enriquecimiento ilícito a costa de las tarifas de transporte.
Difusión: Al menos cuatro medios difundieron esta información.