En mayo de 2019 dos exfuncionarios federales revelaron ante la FGR el modus operandi utilizado por Emilio Zebadúa y su grupo delictivo para extraer del presupuesto de Sedesol y Sedatu los recursos públicos con la mecánica conocida popularmente como “La Estafa Maestra”.
Dicha mecánica consistía en aprovechar una excepción que contempla la ley para firmar convenios y adjudicar contratos sin licitación con universidades públicas, para que estas, a su vez, enviaran o repartieran el dinero entre empresas fachada, prestanombres o diversos beneficiarios.
Los declarantes fueron José Antolino Orozco Martínez, quien ocupó cargos directivos en la áreas de Geostadística de la Sedesol y de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu; y Marco Salvador Ibarra Infante, extitular de la Coordinación de Delegaciones de las mismas dependencias.
La mecánica descrita, paso por paso, era la siguiente:
Se identificaba o se forzaba la supuesta necesidad de un servicio en cualquier área de la Sedesol y Sedatu y se le asignaba un presupuesto específico.
Enrique Prado y Humberto Valverde, siguiendo la instrucción directa de Zebadúa, se dedicaban a localizar universidades, entidades púbicas y consultoras/empresas fachada que participarían en la simulación del servicio.
Se acordaban los márgenes de ganancia para los implicados: de 20 a 30% del total para las universidades; 10% a consultoras o empresas fachada; y el resto en retorno para Oficialía mayor (un mínimo del 50%).
Con engaños o presiones se intentaba que funcionarios ajenos a la estructura firmaran documentos de convenios y ejecución de servicios. Si no se lograba, se procedían a falsificar sus firmas a través de un equipo dirigido por Claudia Morones.
Francisco Báez autorizaba la salida de transferencias, en ocasiones sin verificar firmas o sin que toda la papelería estuviera lista. Tras efectuarse el pago se indicaba a las Universidades o entes públicos a qué empresas fachada transferir los recursos en los porcentajes pactados.
En oficinas alternas se fabricaban entregables para aquellos servicios o convenios donde había riesgo de auditorías federales. Para ellos se replicaban datos de otros entregables reales, o se descargaba información de internet. El proceso estaba a cargo de Claudia Morones.
Las empresas subcontratadas, a su vez, volvían a transferir el dinero a un segundo nivel de empresas, generalmente indicadas por Enrique Prado y sus operadores.
Ese segundo nivel de empresas era el responsable de retirar en efectivo los recursos y entregarlos o depositaros a personas físicas y otras compañías que se les indicaban.
Se controlaban y cooptaban las observaciones de auditorías para que las irregularidades no fueran del conocimiento de otras áreas salvo la Oficialía Mayor. Se usurpaban identidades para responder oficios. El responsable de esto era Juan Francisco Martínez Lavín.
Textos complementarios
La transacción al detalle:
