El gobierno municipal de Hermosillo, Sonora, estuvo a un paso de finiquitar un contrato por más de 93 millones de pesos para la renta de autobuses eléctricos a un consorcio de empresas cuyos accionistas son familiares políticos del alcalde de dicha localidad, Antonio Astiazarán.
Una investigación de la contraloría interna evidenció que tras una licitación en la que hubo irregularidades se había declarado ganadora a la empresa Ecomile S.A. de C.V., cuyos accionistas están estrechamente ligados con el matrimonio de Lucía Ruibal Zaragoza y Francisco Martínez Woolfolk, cuñada y concuño del alcalde de Hermosillo.
Además del pago por la renta de los buses por un periodo de 30 meses, el contrato le significaría a la referida empresa el aprovechamiento de un terreno de mil 702 cuadrados que fue enajenado por el gobierno para que ahí se instalara la estación de carga de los buses.
Pero la indagatoria interna encontró que el fallo estuvo plagado de anomalías que no se han detallado públicamente, aunque se especula con un notable sobrecosto. Por órdenes de la Contraloría el proceso u detenido y a la par de que se ha ordenado una nueva licitación a indagatoria interna continúa.
Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/12/18/cancelan-contrato-por-lazos-familiares-nacional/
Monto: 93.1 millones de pesos era el monto del contrato más el aprovechamiento de un terreno enajenado.
Implicados: Familiares políticos del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, y las empresas Ecomile S.A. de C.V; Transportes de Personal en Microbuses, S.A. de C.V.; y Globbus Electromovilidad, S.A. de C.V.
Impacto: Se retrasó el lanzamiento de un proyecto de movilidad ecológico en beneficio de estudiantes por mal manejo de los recursos asignados.}
Difusión: Al menos seis medios locales y uno nacional retomaron esta información.
7.Medida desesperada vs mordidas en EDOMEX: suspenden multas en tres municipios
Con el objetivo de buscar algún tipo de solución a la ola de denuncias por hechos de corrupción en contra de policías de tránsito, los municipios de Ecatepec, Izcalli y Tlalnepantla anunciaron la suspensión por tres meses en la imposición de infracciones viales.
Sin precisar una cantidad la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dijo que tienen múltiples denuncias de extorsiones por los agentes municipales que van a ser revisadas para proceder en contra de los responsables. Se ha reportado incluso la implementación de retenes ilegales con el fin de detener y extorsionar a los automovilistas, transportistas y motociclistas.
Cisneros justificó la necesidad de tomar una medida extraordinaria para detener estos hechos mientras se defina una ruta para revertirla situación en Ecatepec. Tras el anuncio los alcaldes de Izcalli y Tlalnepantla se sumaron a la medida pues revelaron que la misma problemática se repite en sus municipios.
Monto: no precisado.
Implicados: Las policías municipales de Ecatepec, Izcalli y Tlalnepantla.
Impacto: Transportistas y automovilistas afectados por los propios agentes de seguridad.
Difusión: Nueve portales y diarios difundieron esta información.