Resultados al momento
(Periodo octubre 2022 a febrero 2024)
Hasta la fecha se han elaborado y presentado 67 reportes de El Corruptómetro, en los que se han monitoreado, registrado y clasificado 561 notas, artículos y reportajes publicados en medios locales, nacionales e internacionales.
Cada uno de los corruptómetros pueden consultarse, a detalle, en la línea de tiempo ubicada en la página inicial de este sitio web. La base de datos con todos los registros y sus variables puede descargarse en esta liga.
A partir de la información aportada en cada una de las notas periodísticas que se han incluido en El Corruptómetro, TOJIL realiza el siguiente análisis:
¿Cuánto dinero concentran los casos reportados?
La cifra comprende recursos afectados de distinta naturaleza reportados en las notas incluidas en los 67 corruptómetros. Entre ellos hay montos observados por auditores cuyo uso no se ha esclarecido; recursos desviados de los fines para los que estaban etiquetados; pagos con sobreprecios; recursos correspondientes a contratos asignados a empresas fantasma; partidas asignadas con contrataciones irregulares; dinero correspondiente a sobornos entregados; dinero desviado e invertidos en propiedades; recursos de contratos obtenidos con sobornos, favoritismo o tráfico de influencias;, recursos equiparables a daños patrimoniales por hechos de corrupción; recursos operados en redes de lavado donde hay servidores públicos involucrados; entre otros.
El monto total incluye algunas cantidades que son estimaciones o redondeos, o equivalencias por tipo de cambio dólar – peso. Todo ello se toma a partir de la información publicada por las fuentes de las notas.
¿Cuántos casos se están investigando por las autoridades?
En 372 de los casos registrados (66%) se ha anunciado o reportado la puesta en marcha de algún tipo de investigación oficial, ya sea de tipo financiero, administrativo o penal. En 179 casos (32%) no se ha informado o no se conoce de la existencia de alguna indagatoria oficial sobre los hechos publicados. En los casos restantes esta información no se puede precisar.
¿Significa esto que la mayoría de los casos de corrupción que visibilizan los medios se investigan? No necesariamente. Ello pues un número importante de las notas que se publican provienen de anuncios de las propias autoridades o de datos y/o documentos filtrados de indagatorias oficiales que ya están en curso.
En contraste es menor la proporción de notas de corrupción que provienen de investigaciones periodísticas propias ya que, en general, estas últimas requieren de reportajes más extensos y que llevan tiempo.
Por ello, los datos no nos permiten afirmar con certeza que la mayoría de los hechos de corrupción sí se investigan oficialmente. De hecho, está claro que 1 de cada 3 casos que se conoce públicamente no se investiga.
¿Hay un proceso penal en curso?
Múltiples hechos de corrupción que se cometen en el servicio público y afectan al erario están tipificados como delitos. Sin embargo, solo 173 de los 561 casos, que representan el 31% del total, avanzaron lo suficiente para que se abrieran los procesos penales correspondientes. Dicho de otra forma: menos de la tercera parte han sido judicializados.
Si esto se contrasta con el hecho de que el 65% de los casos del recuento sí tienen una indagatoria oficial en curso, se puede concluir que aun cuando las Fiscalías inician carpetas de investigación, son una minoría los casos que se consiguen presentar ante un juez.
¿Ya hubo un juicio y una sentencia?
El resultado es contundente: solo 10 de los 561 casos de nuestra lista, que equivaldrían a un 2% del total, han avanzado lo suficiente para llegar a la fase de juicio o a una sentencia firme.
Entre estos casos “resueltos” predominan aquellos donde los procesados optaron por declararse culpables y no ir a juicio, a cambio de beneficios legales o penas reducidas. Un ejemplo de ello es el relacionado con el entramado de corrupción inmobiliaria en una alcaldía de la Ciudad de México, donde cuatro exfuncionarios se apegaron a estos procedimientos abreviados.
Resulta llamativo el bajo número de casos resueltos aun y cuando, como se mencionó en el apartado anterior, hay 173 que ya llegaron a manos de un juez. Esto obedece a que muchos de estos procesos penales se encuentran atorados o suspendidos en fases iniciales o intermedias por amparos o complicaciones de otro tipo.
Entre estos procesos atorados destaca, por ejemplo, el de Odebrecht cuya investigación inicial data desde 2016, y donde el proceso penal contra el exdirector de Pemex implicado, Emilio Lozoya, ya suma tres años y medio sin que llegue al juicio.
¿Hay algún otro resultado distinto al juicio?
En el registro hay 52 casos reportados en los medios en los que hubo una resolución que dio por terminado el proceso penal o la indagatoria que estaba en desarrollo. Se trata de asuntos donde los casos se desestimaron o cerraron por fallas de las fiscalías o por amparos obtenidos por los presuntos implicados, sin que quedaran plenamente esclarecidos.
Destaca, por ejemplo, el de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, quien luego de estar procesada y en prisión preventiva durante varios años por el tema de la Estafa Maestra, logró que sus casos fueran desestimados. Otro caso fue el del exsubdirector de Infraestructura del ISSSTE, Juan Carlos Larrieu Creel, cuyo proceso por un fraude superior a los 800 millones fue cancelado por violaciones al debido proceso.
En este listado también incluimos algunos casos donde los implicados en los hechos de corrupción han enfrentado resoluciones judiciales, pero no en México sino en otros países. Es el caso de Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos, pero con procesos pendientes en México.
En la misma línea se encuentra el caso de la empresa VITOL, cuyo operador financiero fue condenado en Estados Unidos por haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex. En nuestro país, sin embargo, los casos contra los exfuncionarios que recibieron ese dinero ilícito no han avanzado.
¿Prevalece la impunidad?
Si entendemos justicia como la resolución de un caso en donde se conoce la verdad, se castiga al responsable, se repara el daño y haya garantías de no repetición, tenemos una impunidad superior al 98% en los casos registrados al momento.
¿Qué niveles de gobierno son los principales implicados?
En 313 casos los involucrados en los hechos de corrupción son exclusivamente autoridades federales, y en 49 hay una posible complicidad de autoridades federales con locales o de otros ámbitos. Esto significa que en el 64.5% de los asuntos están implicados funcionarios o exfuncionarios de las administraciones federales.
Dado que El Corruptómetro se construye a partir de las notas que se publican en los distintos medios y redes sociales, es posible que este resultado esté sesgado por la mayor atención y escrutinio que concentran asuntos federales en los medios de circulación nacional e internacional.
Otro factor son las condiciones editoriales que enfrentan particularmente los medios más pequeños en las entidades. Salvo que sea la propia autoridad la que informa o filtra los casos, en muchas situaciones es complejo para un medio documentar y publicar casos de corrupción de administraciones que, a su vez, les dotan de recursos por conceptos de publicidad o similares.
No obstante, en la lista figuran 194 casos donde los implicados son únicamente autoridades locales (estatales o municipales) lo que comprueba que la corrupción sigue presente en todos los niveles de gobierno.
La clasificación queda de la siguiente forma:
¿Qué partidos son los principales implicados?
El 55% de los casos consignados en El Corruptómetro (306) involucran a gobiernos, funcionarios, exfuncionarios, militantes o legisladores ligados a Morena. En algunos casos en solitario y en otros actuando con terceros ligados a otros partidos. Se trata del partido con el que se relaciona una mayor proporción de casos.
Un matiz importante. Debe tomarse en consideración que se trata del partido del que emana, actualmente, la mayor parte de administraciones estatales y la federal. En todo caso, lo que el indicador comprueba es la prevalencia de hechos de posible corrupción en gobiernos ligados a Morena, al igual que ocurre con otros partidos.
A ellos le sigue, en proporción, casos en donde están involucrados funcionarios ligados al PRI, ya sea en solitario o en colusión con otros partidos, y en tercer sitio a una distancia ya considerable los del PAN. Aparecen casos ligados a Movimiento Ciudadano, al Partido Verde Ecologista de México, al PES, a Fuerza por México, al PRD, y a un exgobernante independiente.
Hay 32 casos en donde los servidores públicos involucrados pertenecen a instituciones judiciales, militares o de seguridad que no tienen una conexión visible con algún partido político.
La clasificación queda de la siguiente forma:
¿Qué sectores son los más afectados?
Poco más del 30% de los 561 casos registrados en El Corruptómetro están vinculados con malos manejos de recursos etiquetados para funciones de seguridad, justicia y salud, y con el involucramiento de servidores públicos de dicho sector.
Pese a tratarse de áreas clave y que buscan proteger la vida de las personas, los presupuestos de seguridad y salud son los más afectados por la corrupción.
Le siguen, a su vez, los casos relacionados con obras donde la frecuencia con la que se adjudican recursos para ese sector en todos los niveles de gobierno sumado a una supervisión deficiente favorece la prevalencia de malos manejos. El sector energía es otro que concentra un número relevante de casos, principalmente por las notas relacionadas con malos manejos en Pemex.
Los sectores más afectados son los siguientes:
¿Los casos han tenido una cobertura constante en los medios?
De acuerdo con el monitoreo realizado 251 de los 561 casos de la lista tuvieron un seguimiento relevante de los medios de comunicación.
Es su mayoría son casos que, tras ser revelados, fueron retomados en días o semanas posteriores por otros medios para aportar sus propios hallazgos, reacciones o incidentes en las investigaciones. En ese grupo figuran casos de alto impacto como los procesos abiertos contra Emilio Lozoya y Rosario Robles; los numerosos fraudes en el ejercicio de recursos de Segalmex; los posibles conflictos de interés o tráfico de influencias de los hijos de presidente; o las investigaciones en torno a la llamada Operación Safiro en Chihuahua y Coahuila.
También ha sido una constante en los últimos meses la publicación de diversos reportajes relacionados con posibles conflicto de interés y tráfico de influencias de personas cercanas a los hijos del presidente.
Hay otros temas como el del llamado “Cártel Inmobiliario” donde el seguimiento mediático fue impulsado por las propias autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México que, con frecuencia, hicieron anuncios oficiales al respecto de nuevos avances y resultados.
Sin embargo, en 309 casos registrados en 67 reportes de El Corruptómetro (que equivalen a un 55%) no ha existido una cobertura relevante más allá de los hechos y declaraciones difundidas en las primeras horas o días.
Aunque se requeriría otro tipo de análisis para determinar las causas de este fenómeno una posibilidad es que la dinámica de los medios de comunicación enfocada a la cobertura de coyuntura (breaking news) privilegie el uso de los recursos – en general limitados – para la generación de notas inmediatas. Ello en detrimento de trabajos periodísticos profundos que toman semanas antes de publicarse.
Y existen casos donde hay información que se genera exclusivamente por un medio, sin que -pese a su gravedad – sea retomado por otros. Prueba de ello es el caso de la corrupción en la contratación de servicios del ISSSTE que dejó personas fallecidas, pero que no fue retomado más allá del diario que lo dio a conocer.