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_{(Periodo octubre 2022 a agosto 2026)}

El Corruptómetro es un observatorio de los casos de corrupción gubernamental que ocurren en México y que se dan a conocer semana a semana en fuentes abiertas, principalmente en redes sociales y medios.

A través de este proyecto se busca dar visibilidad a los casos en la esfera pública, así como lograr un registro y trazabilidad de las investigaciones iniciadas y sus resultados.

El proyecto inició en octubre de 2022 y tras 46 meses de trabajo se han publicado 150 reportes de El Corruptómetro con un total de 1023 notas, artículos y reportajes revisados y clasificados. Cada uno de los corruptómetros pueden consultarse, a detalle, en el sitio web del proyecto.

El análisis de los casos monitoreados confirma premisas fundamentales: la corrupción sigue ocurriendo en México y la mayoría de los casos no se resuelven. Si bien el 68 por ciento de los casos publicados en el referido periodo cuentan con algún tipo de investigación oficial en curso, la realidad es que apenas la tercera parte se han presentado ante un juez. Menos del dos por ciento de todos los casos monitoreados llegaron a un juicio o a una sentencia.

La impunidad sigue siendo un común denominador no solo en los casos más recientes como los malos manejos en la adquisición de medicamentos con sobreprecios o en el pago de obras emblemáticas, sino también en casos que proviene de periodos pasados como Odebrecht, la Estafa Maestra, o los malos manejos en Veracruz. Además, hay casos donde, pese a las pruebas presentadas en investigaciones periodísticas, no hay siquiera una investigación oficial en curso como ocurre con los contratos públicos adjudicados a personas ligadas a los hijos del expresidente.

Todo acto de corrupción es grave pues genera afectaciones a los servicios o un daño al erario. Por ello es preocupante que durante los casi cuatro años de este proyecto el 33 por ciento de los casos, es decir uno de cada tres, estén relacionados con malos manejos en dos sectores fundamentales donde hay vidas en juego: el de la seguridad y a la salud.

Los indicadores también muestran que la corrupción atraviesa todos los colores de partidos y niveles de gobierno. Los implicados van desde policías municipales de tránsito hasta secretarios de Estado.

A partir de la información aportada en cada una de las notas periodísticas que se han incluido en El Corruptómetro, TOJIL realiza el siguiente análisis:

¿Cuánto dinero concentran los casos reportados?

La cifra comprende recursos afectados de distinta naturaleza. Es importante precisar que no se incluyen montos de casos que tuvieron algún seguimiento o evolución en el referido periodo, pero que ya se habían reportado previamente.

En la suma de recursos se incluyen montos observados por auditores cuyo uso no se ha esclarecido; recursos desviados de los fines para los que estaban etiquetados; pagos con sobreprecios; recursos correspondientes a contratos asignados a empresas fantasma; partidas asignadas con contrataciones irregulares; dinero correspondiente a sobornos entregados; dinero desviado e invertidos en propiedades; recursos de contratos obtenidos con sobornos, favoritismo o tráfico de influencias; recursos equiparables a daños patrimoniales por hechos de corrupción; recursos operados en redes de lavado donde hay servidores públicos involucrados; entre otros.

El monto total se han considerado cantidades que son estimaciones o redondeos, o equivalencias por tipo de cambio dólar – peso. Todo ello se toma a partir de la información publicada por las notas y reportajes.

¿Cuántos casos se están investigando por las autoridades?

De los 1023 casos identificados 691 (que equivalen a un 68%) se ha anunciado o reportado algún tipo de investigación oficial en marcha, mientras que 315 casos (31%) no se ha reportado ningún tipo de investigación. Hay 17 casos donde este indicador no aplica por la naturaleza del hecho reportado.

Dicho de otra forma: en casi 7 de cada 10 casos existe algún tipo de indagatoria administrativa o penal en curso.

Lo anterior es positivo, sin embargo, no debe pasarse por alto que mucho de los casos reportados en las fuentes abiertas (medios o redes sociales) provienen de alguna filtración o anuncio oficial de la autoridad, en los que ya hay algún tipo de indagatoria en marcha. La existencia de una indagatoria no es garantía de que el caso se resuelva, como se verá en los siguientes apartados.

¿Hay un proceso penal en curso?

Múltiples hechos de corrupción que se cometen en el servicio público y afectan al erario y a toda la sociedad están tipificados como delitos. Sin embargo, solo en 326 de los 1023 casos reportados en este periodo, que equivalen a un32%, hay procesos penales en curso ante una autoridad judicial o al menos una citación ante el juez o una orden de aprehensión concedida. 

Esto significa que solo en 1 de cada 3 casos reportados en el periodo ya hay un proceso judicial arrancando o en curso.

Si esto se contrasta con el hecho de que en la mayoría de los casos sí hay algún tipo de investigación oficial se puede concluir que, aun cuando las Fiscalías inician carpetas de investigación (muchas motivadas por presiones o denuncias públicas), los casos donde esa indagatoria llega ante un juez son minoría. Esto podría indicar de manera preliminar que uno de los principales obstáculos en la lucha anticorrupción deriva precisamente de la ineficiencia de las autoridades encargadas de la etapa de investigación penal.

¿Ya hubo un juicio y una sentencia?

En apenas 19 de los 1023 casos reportados ya se encuentra en marcha un juicio o hubo una resolución con una sentencia en contra de los responsables. Estos casos que se pueden considerar al menos en una primera instancia resueltos o cerca de ello son menos del dos por ciento del total.

¿Hay algún otro resultado distinto al juicio?

Durante los casi cuatro años de monitoreo se identificaron 94 casos donde el asunto tuvo algún tipo de determinación distinta a la de un juicio y una condena. Entre ellos figuran varios casos donde los fiscales llevaron las imputaciones ante tribunales, pero fallaron en lograr la apertura de los procesos penales en contra de los responsables.

También se incluyen casos donde hubo algún tipo de sanción administrativa como una multa, sin que la parte penal haya quedado resuelta. En este apartado también figuran casos que tuvieron una resolución en el extranjero.

También hay un caso relacionado con corrupción en Pemex donde si bien se logró una sanción y condena en contra del responsable, esto fue resultado de un proceso iniciado en los Estados Unidos. En contraste, en México el mismo tema sigue bajo investigación.

¿Prevalece la impunidad?

Si entendemos justicia como la resolución de un caso en donde se conoce la verdad, se castiga al responsable, se repara el daño y haya garantías de no repetición, tenemos una impunidad superior al 98% en los casos registrados al momento.

Para efectos del presente apartado dejamos fuera la cifra negra (delitos no reportados a la autoridad) y definimos impunidad como todos aquellos casos en los que, a pesar de haberse presentado una formal denuncia/querella ante la autoridad, todavía no existe una resolución que permita conocer la verdad de los hechos, castigar a las personas responsables, reparar el daño y establecer medidas de no repetición. Partiendo de lo anterior, tenemos una impunidad superior al 98 por ciento en este periodo.

¿Qué niveles de gobierno son los principales implicados?

Más de la mitad de los casos identificados en los 150 reportes del Corruptómetro corresponden a autoridades federales y en segundo lugar se encuentran los funcionarios estatales. Son minoría los casos que se han identificado donde los hechos se originan en alcaldías o municipios, aunque, también hay casos donde están involucrados distintos niveles de gobierno. 

Un matiz importante; estos resultados no obedecen necesariamente a que haya mayor corrupción a nivel federal que a nivel local. De manera plausible, puede afirmarse que la atención mediática (sobre todo de medios de comunicación nacionales) se concentra en los niveles federales y estatales. A ello se suma que, por lo general, los medios locales están más comprometidos en sus márgenes editoriales por diversas razones.

La clasificación para los casos del presente periodo queda de la siguiente forma:

La clasificación queda de la siguiente forma:

¿Qué partidos son los principales implicados?

En más del 40 por ciento de los casos identificados los funcionarios o gobiernos involucrados provienen de Morena, seguido del PRI con más del 16 por ciento de los casos, y el país con casi 7 por ciento. También hay casos donde hay involucradas personas de más de una fuerza política.

En esta valoración hay que ponderar que el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos locales pertenecen a Morena, por lo que tofos ellos se encuentran bajo mayor escrutinio mediático. No necesariamente significa que los gobiernos provenientes de esa fuerza política sean “más” corruptos que en otros.

La clasificación queda de la siguiente forma:

La clasificación queda de la siguiente forma:

¿Qué sectores son los más afectados?

Uno de los indicadores más importantes que desarrollamos en El Corruptómetro es el relacionado con el sector potencialmente afectado por el hecho de corrupción reportado en la noticia o investigación periodística. 

De esta forma, de los 1,023 casos analizados en todo el periodo del proyecto en 222 resultaron involucrados recursos, contrataciones o funcionarios del sector seguridad, mientras que en 112 se hizo habrían afectado recursos relacionados con temas de salud.

En conjunto ambos sectores, considerados como prioritarios, concentraron la tercera parte de los hechos de corrupción registrados en este periodo.

La relación completa por sector queda de la siguiente forma:

Los sectores más afectados son los siguientes:

¿Los casos han tenido una cobertura constante en los medios?

De acuerdo con el monitoreo realizado 362 de los 819 casos de la lista tuvieron un seguimiento relevante de los medios de comunicación.

Es su mayoría son casos que, tras ser revelados, fueron retomados en días o semanas posteriores por otros medios para aportar sus propios hallazgos, reacciones o incidentes en las investigaciones. En ese grupo figuran casos de alto impacto como los procesos abiertos contra Emilio Lozoya y Rosario Robles; los numerosos fraudes en el ejercicio de recursos de Segalmex; los posibles conflictos de interés o tráfico de influencias de los hijos de presidente; o las investigaciones en torno a la llamada OperaciónSafiro en Chihuahua y Coahuila.

También ha sido una constante en los últimos meses la publicación de diversos reportajes relacionados con posibles conflicto de interés y tráfico de influencias de personas cercanas a los hijos del presidente.

Hay otros temas como el del llamado “Cártel Inmobiliario” donde el seguimiento mediático fue impulsado por las propias autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México que, con frecuencia, hicieron anuncios oficiales al respecto de nuevos avances y resultados.

Sin embargo, en 457 casos registrados en 110 reportes de El Corruptómetro (que equivalen a un 56%) no ha existido una cobertura relevante más allá de los hechos y declaraciones difundidas en las primeras horas o días.

Aunque se requeriría otro tipo de análisis para determinar las causas de este fenómeno una posibilidad es que la dinámica de los medios de comunicación enfocada a la cobertura de coyuntura (breaking news) privilegie el uso de los recursos – en general limitados – para la generación de notas inmediatas. Ello en detrimento de trabajos periodísticos profundos que toman semanas antes de publicarse.

Y existen casos donde hay información que se genera exclusivamente por un medio, sin que -pese a su gravedad – sea retomado por otros. Prueba de ello es el caso de la corrupción en la contratación de servicios del ISSSTE que dejó personas fallecidas, pero que no fue retomado más allá del diario que lo dio a conocer.

Casos relevantes

En términos del monto de los daños ocasionados por el posible hecho de corrupción los DIEZ casos con los mayores daños patrimoniales estimados son los siguientes:

Mención especial al caso de La Estafa Maestra que a lo largo de El Corruptómetro ha aparecido en 18 ocasiones debido a la publicación de nuevos hallazgos o el reporte de avances en los procesos iniciados; así como al caso Odebrecht que ha aparecido en 16 ocasiones por las mismas razones.