Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la familia del entonces procurador Jesús Murillo Karam obtuvo contratos por más de 4 mil 600 millones de pesos relacionados con la ejecución de múltiples obras. En ese periodo dichas compañías duplicaron en más de un 700% los contratos de obra pública que ganaron. Al terminar de dicho sexenio las ganancias de esas empresas cayeron.
Además, en la investigación denominada Pandora Papers se detectó que la familia estaba vinculada con la apertura de al menos una empresa en un paraíso fiscal.
En ese contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció la semana pasada, tras tres años de investigaciones, la interposición de una denuncia contra Murillo por lavado de dinero, evasión fiscal y posible corrupción. Lo acusan de mentir en sus declaraciones y ocultar el referido nivel de ingresos, de haber recibido 2.8 millones de dólares desde una cuenta en el extranjero, y de haber movido 26 millones de pesos de sus cuentas a otras fuera del país. Todo sin ser declarado fiscalmente.
La presentación de esta denuncia coincide con el proceso penal ya iniciado en contra de Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, y por el cual permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Norte.
Implicados: El exprocurador Jesús Murillo Karam y su familia cercana.
Montos: Más de cuatro millones de dólares en ingresos y salidas de sus cuentas no justificados, más 4 mil 600 millones de pesos en contratos por obras que obtuvieron sus familiares con EPN.
Impacto: Los recursos que el clan familiar ganó estaban destinados para obras que no hay reporte de que no se hubieran realizado.
Difusión: Más de 25 medios y portales nacionales retomaron el anuncio de la UIF. El País hizo una recopilación de casos previos y, antes de ello, Mexicanos Contra la corrupción ya había publicado un reportaje sobre este tema.