Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por el delito de delincuencia organizada derivado de las investigaciones que desde hace años se realizan por desvíos superiores a los 900 millones de pesos durante su administración en aquel estado. Es el cuarto proceso que se inicia en contra de dicho exmandatario quien permanece preso en un penal federal de Morelos.
Este proceso está ligado a otro previo que se le había iniciado con operaciones con recursos de procedencia ilícita, y tiene que ver con la presunta trama criminal que construyó su administración en colusión con familiar, amigos y empresas fantasma para adquirir terrenos que eran parte del patrimonio público.
Implicados: El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
Montó: Más de 900 millones de pesos en afectaciones al erario.
Impacto: Despojo de terrenos que podrían haberse utilizado en obras que beneficiaran a la sociedad.
Difusión: Más de 25 medios de comunicación replicaron la información relacionada.
7) Exgobernador Yarrington es sentenciado en EU por corrupción; en México aún tiene procesos pendientes
Tras declararse voluntariamente culpable en una corte de los Estados Unidos el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue sentenciado a una condena de 9 años de cárcel. Esto luego de que el exmandatario aceptó haber utilizado el sistema financiero de ese país para intentar ocultar 3.5 millones de dólares en sobornos que recibió durante su mandato.
Dichos sobornos, según su confesión, provinieron de particulares a los que les permitió hacer negocios y obtener contratos durante su mandato en Tamaulipas (1999 a 2005). El dinero que recibió como contraprestación por ello lo invirtió en propiedades en Estados Unidos a través de prestanombres.
La aceptación de esos cargos le permitió a Yarrington evadir otras acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos. No obstante, aunque solo le restan tres años para cumplir la pena que se le impuso, en México aún tiene procesos penales abiertos y pendientes por cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Implicado: Tomas Yarrington, exgobernador de Tamaulipas.
Monto; 3.5 millones de dólares en sobornos.
Impacto: Afectaciones al erario de Tamaulipas por contratos desventajosos otorgados por el exgobernador.
Difusión: La nota de la sentencia fue publicada por más de 50 medios no solo en México sino también en portales de Estados Unidos.
8) En su mandato Omar Fayad adquirió caballos finos, joyas, piezas de arte… pero dice que todo es heredado
Cuando llegó al gobierno de Hidalgo Omar Fayad clasificó como reservadas todas sus declaraciones patrimoniales. Pero tras dejar su cargo su sucesor, el ahora gobernador Julio Menchaca, desclasificó dichos documentos que revelan que el exgobernador es dueño de casas, departamentos, esculturas, caballos cuarto de milla y fondos de inversión por más de 40 millones de pesos.
De acuerdo con un reportaje de Emeequis, Fayad reportó que estos bienes provienen de una herencia sin precisar quién o quiénes fueron los que le heredaron. Una herencia que para el caso de los bienes inmuebles recibió justo cuando estaba al frente del gobierno en agosto de 2020.
“El aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República también dio cuenta de un patrimonio en colecciones de arte, caballos cuarto de milla y joyas que ascienden a 3 millones 19 mil 900 pesos, siempre todas por herencia. Como en el caso de las propiedades, indicó una misma fecha de adquisición de todos los muebles: 10 de diciembre de 2019”, agrega el reportaje.
Implicado: El exgobernador de Hidalgo y aspirante a una candidatura por la presidencia, Omar Fayad.
Monto: Más de 40 millones de pesos en bienes el exgobernador dice que heredó.
Impacto: NA
Difusión: Reportaje publicado en exclusiva por Emeequis.
9) Evidencian mecanismo de Fiscalía para despojar inmuebles sin órdenes judiciales en CDMX
Un reportaje publicado por Quinto Elemento Lab documenta un mecanismo a partir del cual, desde el 2016, la fiscalía de la Ciudad de México ha desalojado por la fuerza a los ocupantes de más de diez inmuebles en la capital del país sin necesidad de que haya órdenes de jueces que lo autoricen.
El brazo ejecutor de esta estrategia es la Fiscalía de Delitos Ambientales de la CDMX que, bajo la potestad que tienen el Ministerio Público de asegurar objetos presuntamente vinculados a delitos, lo que hace es asegurar casas o edificios completos tras recibir supuestas denuncias anónimas por un presunto supuesto daño ambiental, como tirar cascajo.
El reportaje documenta como los aseguramientos de los inmuebles ocurren de forma exprés, a veces apenas unas semanas después de que se recibe la denuncia y sin tiempo de que los ocupantes puedan siquiera defenderse. Los edificios permanecen, en ocasiones, asegurados extrajudicialmente por la Fiscalía por años para luego ser cedidos a empresas de desarrollos inmobiliarios.
Fuente: https://quintoelab.org/project/la-fiscalia-del-despojo-cdmx
Implicados: Los funcionarios de la Procuraduría y Fiscalía desde 2016 hasta la fecha, en las administraciones de Rodolfo Ríos Garza, Edmundo Garrido y Ernestina Godoy.
Monto: No precisado.
Impacto: Decenas de familias se han quedado sin sus viviendas en procesos extrajudiciales.
Difusión: El reportaje de Quinto Elemento fue publicado también en Proceso, Aristegui Noticias y replicado por una decena de portales informativos hasta el cierre de este balance.
10) Fonatur paga injustificadamente millones en proyectos vinculados a Tren Maya
Fonatur ha realizado pagos injustificados y en exceso superiores a los mil millones de pesos en múltiples servicios y contratos de obra relacionados con la construcción del Tren Maya, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación.
Entre las anomalías destaca, por ejemplo, un contrato firmado con Senermex para supervisión técnica de los proyectos ejecutivos de los distintos tramos del tren. Pero a la empresa no solo ya se le pagaron los 270 millones pactados originalmente sino también 153 millones extra, sin que a la fecha haya uno solo de los proyectos concluido por la contratista.
Otro ejemplo es el de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas a la que se le pagaron más de un millón 700 mil pesos injustificadamente, pues solo entregó 68 de 106 conceptos pactados en un convenio de asesoramiento.
Monto: Más de mil millones de pesos en pagos que necesitan ser justificados.
Implicados: Los funcionarios de Fonatur que resulten responsables, la UNOPS y múltiples contratistas-.
Impacto: Posibles daños millonarios al erario, específicamente en recursos canalizados para obras del Tren Maya.
Difusión: Reforma publicó esta nota en la edición del pasado 20 de marzo.
11) La SEDATU pagó casi 140 millones por obras que estaban incompletas y mal hechas
Ya en el actual sexenio la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pagó casi 140 millones de pesos a seis empresas que realizaron trabajos dentro del proyecto denominado Programa de Mejoramiento Urbano, el cual está diseñado para apoyar con obras a familias que viven en colonias de alta y media marginalidad social.
Sin embargo, una investigación interna de la propia Sedatu a la que tuvo acceso Emeequis revela que varias de las obras que se pagaron estaban incompletas, mal hechas o se usaron materiales de mala calidad y aun así se entregó el diner. Esto como resultado de que los funcionarios responsables no realizaron un control adecuado de los trabajos ni de las supervisiones.
Incluso se identificó que la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano, que era responsable de la ejecución de los proyectos, no designó a los residentes de obra para la ejecución de los trabajos contratados entre el 2019 y 2021.
Implicados: Los funcionarios que resulten responsables del pago por obras no supervisadas.
Monto: Casi 140 millones de pesos en contratos.
Impacto: Se pagaron por obras en zonas de alta marginalidad que están mal hechas y podrían representar algún riesgo para la población.
Difusión: Reportaje publicado en exclusiva por Emeequis.
12) Aplazan otra vez audiencia por caso Línea 12, y víctimas acusan freno a justicia
Un juez de la Ciudad de México aplazó hasta junio la audiencia intermedia del proceso penal abierto en contra de exfuncionarios del Gobierno capitalino por presuntas negligencias y fallas en el proceso de construcción de la Línea 12 que contribuyeron al accidente ocurrido hace casi dos años, y el cual dejó 26 muertos y más de cien heridos.
Abogados de las víctimas acusaron que las audiencias se han venido retrasando por presuntas tácticas dilatorias de los abogados de los exfuncionarios, bajo el argumento de que intentan ganar más tiempo para obtener amparos en su favor. Los afectados temen que persista la impunidad en un hecho tan grave.
Implicados: Diversos exfuncionarios vinculados al proceso de construcción de la Línea 12 del Metro, entre ellos Enrique Horcasitas.
Monto: NA
Impacto: Prevalece impunidad en uno de los accidentes más graves en la historia de este sistema de transporte.
Difusión: Los principales medios nacionales llevaron en interiores esta información.
13) Activista denuncia cateo y aseguramiento ilegal en escuela comunitaria en Morelos
Esmeralda González Cortes, mujer nahua, promotora cultural y defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Morelos denunció que la Fiscalía de Combate a la corrupción de esa entidad cateó y aseguró de forma injustificada e ilegal dos inmuebles suyos, de los cuales uno es utilizado como escuela comunitaria de náhuatl.
Los sellos colocados en dichos inmuebles contienen un numero de carpeta de investigación abierta en contra de una hermana de Esmeralda promovido por una denuncia de un ex concejal de Hueyapan, pero dijo que eso no tiene nada que ver ni con ella ni con sus propiedades.
En ese contexto exigió al fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez y al fiscal estatal, Uriel Carmona, que hagan bien su trabajo y liberen los inmuebles que no tienen nada que ver con ello y están afectando a terceros.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/03/20/politica/015n1pol
Implicados: El fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez y el fiscal estatal, Uriel Carmona.
Monto: NA
Impacto: Posibles afectaciones no solo para la activista sino para los alumnos de la escuela cerrada por una indagatoria que no tendría nada que ver con ellos.
Difusión: La historia fue publicada por La Jornada y replicada por medios locales en la entidad.