La Fiscalía de Durango informó que, durante la administración del exgobernador de dicha entidad, José Rosas Aispuro, se identificó un posible desfalco que asciende a 1 mil 447 millones de pesos. De acuerdo con Reforma, los desvíos se habrían perpetrado entre 2018 y 2022, y en ellos estarían implicados el exsecretario y exsubsecretario de finanzas de la entidad, entre otros.
Un juez ya giró cuatro órdenes de aprehensión y se han asegurado propiedades y vehículos. Hay una exfuncionaria detenida. Los recursos desviados fueron retirados en efectivo y se desconoce su destino final. En total existen 3 carpetas en integración, una de ellas ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.
Implicados: El exsecretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina, el exsubsecretario, Alberto Bustamante, y otros que resulten responsables.
Monto: 1 mil 447 millones de pesos de acuerdo con los datos de la Fiscalía del Estado reportados en medios.
Impacto: Se presume que el dinero fue desviado de múltiples partidas afectando con ello diversos programas locales. No se ha detallado más al respecto.
Difusión: La noticia fue reproducida por 13 medios de comunicación locales y nacionales entre el 24 y 25 de octubre, además de menciones en radio y noticieros locales.
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7) Presunto desfalco por más de 2 mil millones en Tijuana.
El medio de comunicación local Punto Norte informó que la administración del exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien renunció al cargo en 2021, dejó un presunto daño patrimonial por 2 mil 167 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior del Estado.
Del monto señalado, casi todo corresponde a diversas obras públicas que se etiquetaron, pero no se llevaron a cabo. El resto se relaciona con diversas partidas manejadas de forma inadecuada. De no comprobarse el destino legal del dinero, se procederá con los procesos administrativos y penales correspondientes.
Implicado: El exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y los funcionarios locales que resulten responsables.
Monto: 2 mil 167 millones de pesos en daños patrimoniales probables.
Impacto: Las irregularidades se concentran principalmente en obras públicas etiquetadas, pero no llevadas a cabo.
Difusión: La nota publicada por Punto Norte el 17 de octubre fue retomada por cuatro portales informativos, principalmente locales.
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8) El desfalco de HOMEX: empresario sale de prisión y caso cumple diez años impune.
El empresario Eustaquio de Nicolas Gutiérrez, fundador de la empresa Desarrolladora Homex y quien se encuentra bajo proceso por un posible desfalco superior a los 456 millones de pesos en agravio del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), fue liberado de la prisión preventiva en la que se encontraba a cinco meses de haber sido detenido. Seguirá su proceso bajo resguardo domiciliario.
Mientras tanto el posible fraude millonario en el que está implicado va a cumplir una década sin que los hechos se hayan esclarecido y exista reparación del daño. Fue el 1 de noviembre de 2012 cuando Bancomext dio millonarios préstamos para desarrollos inmobiliarios que nunca se llevaron a cabo. En 2013 la entonces PGR inició las primeras indagatorias, pero durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto los casos no prosperaron. Incluso Peña – quien es amigo de Nicolas de Gutiérrez – otorgó a través de su gobierno más de 700 millones de pesos en contratos a otra compañía del mismo empresario, según un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Implicado: Eustaquio de Nicolas Gutiérrez. Uno de los empresarios inmobiliarios más importantes del país, amigo del expresidente Enrique Peña Nieto.
Monto: 456 millones de pesos según la acusación (aunque expertos estiman en más de mil millones el daño causado).
Impacto: Afectación al presupuesto destinado para impulsar el desarrollo de empresas mexicanas y con ello generar empleos.
Difusión: La nota de la liberación de Nicolas Gutiérrez fue publicada y replicada por al menos 25 medios y portales informativos el pasado 21 de octubre.
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9) Las “antenas fantasma de Villamil”.
El portal Latinus publicó el 20 de octubre un reportaje en el que se reveló que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), encabezado por Jenaro Villamil, licitó y pagó anticipos por tres antenas de radiodifusión que no han sido instaladas. En un comunicado el SPR reconoció que por diversas razones las antenas no existen, pero responsabilizó a las empresas y dijo que se han iniciado procedimientos de cobranza. Como el reportaje señala, no se informó si se han presentado las denuncias penales correspondientes.
El mismo reportaje también destaca otras posibles irregularidades como viajes en fines de semana de Villamil a su tierra natal con cargo al erario, montos no cobrados a empresas deudoras, hechos de corrupción de un exfuncionario cercano al titular del SPR, gastos sin documentación comprobatoria, etc.
Fuente: https://latinus.us/2022/10/21/spr-reconoce-antenas-fantasma-de-villamil/
Implicado: Jenaro Villamil como cabeza del SPR y otros funcionarios que pudieran resultar responsables.
Monto: 38 millones de pesos tan solo por anticipos de las antenas no instaladas y la falta de cobro de una póliza de seguro.
Impacto: Afectación al presupuesto destinado para el fortalecimiento y operación de los medios públicos del Estado.
Difusión: La nota de Latinus y el seguimiento con la respuesta fue publicado por más de 45 medios y portales informativos, más múltiples menciones en noticieros de radio y tv entre el 20 y 21 de octubre.
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10) Renuncia alcalde de Mazatlán denunciado por corrupción; pero gobernador le ofrece cargo.
El hasta a semana pasada alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior del Estado por un presunto daño patrimonial que asciende a poco más de 60 millones de pesos. Esto como resultado de un contrato para la instalación de luminarias en el que se habrían presentado graves hechos de corrupción. El 25 de octubre, tras rendir su informe de gobierno, presentó su renuncia al cargo.
Pese a lo anterior el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, invitó a Benítez Torres para que se incorporara a su recién creado gabinete en la cartera de la Secretaría de Turismo. La decisión ha sido duramente criticada en el estado por organizaciones y por la oposición, que acusan que con ello prevalecerá la impunidad en el caso.
Implicado: Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde con licencia de Mazatlán, Sinaloa.
Monto: 60 millones 880 mil pesos.
Impacto: El presunto desfalco, de probarse, afectó directamente los recursos asignados para la infraestructura urbana, principalmente lo relacionado con luminarias que, además, son necesarias como medidas de prevención del delito.
Difusión: La noticia de la renuncia del alcalde y su posterior cargo como Secretario de Turismo fue difundida en más de 40 portales nacionales y regionales.
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11) Caso Cesar Duarte: cae otro alto exfuncionario de su gobierno por posible corrupción.
El 23 de octubre se confirmó la detención de Octavio Legarreta, extitular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua, durante el gobierno de Cesar Duarte. Se le imputan cargos de desvío de recursos y peculado cometidos entre 2010 y 2016, por un monto de al menos 15 millones de pesos.
Se trata de un episodio más de posible corrupción en el gobierno de Cesar Duarte, entre los que destacan el presunto esquema para desviar recursos hacia el PRI conocida como “Operación Safiro”. Actualmente Duarte se encuentra bajo proceso penal en Chihuahua tras un largo proceso de extradición, sin que su caso haya llegado todavía a juicio.
Implicado: Octavio Legarreta, extitular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua; y otros exfuncionarios que pudieran resultar responsables
Monto: 15 millones de pesos en el caso específico de Legarreta.
Impacto: El desvío afectaría el presupuesto destinado para apoyar el desarrollo del campo en el estado de Chihuahua.
Difusión: La detención de Legarreta fue reproducida por más de 50 medios de comunicación regionales y nacionales.
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12) Cartel inmobiliario: cae segundo exfuncionario implicado en fraude en Benito Juárez; van 189 denuncias.
La semana pasada medios nacionales e internacionales como El País informaron de la detención de Nicias Aridjis, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y posibles conflictos de interés. El pasado 20 de octubre se le impuso como medida cautelar la prisión domiciliaria mientras continúa la fase de investigación complementaria para determinar si enfrentará un juicio.
El caso es relevante porque Aridjis forma parte de una trama de corrupción denominada coloquialmente “cartel inmobiliario”, en el que funcionarios de la referida alcaldía se habrían coludido con empresarios para acelerar desarrollos inmobiliarios a cambio de sobornos, violando leyes de construcción. Hasta ahora suman dos exfuncionarios detenidos, pero aún no se ha procedido en contra de ningún particular. La Fiscalía de CDMX dijo que hasta ahora suman 189 denuncias por irregularidades en inmuebles en Benito Juárez.
Implicados: Nicias Aridjis, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez; Luis Vizcaíno, exdirector general jurídico y de gobierno de la misma alcaldía; y otros funcionarios y empresarios que resulten responsables.
Monto: De 4 a 30 millones de pesos en ingresos potencialmente ilegales tan solo en el caso de Aridjis.
Impacto: Posibles afectaciones a personas que habitan inmuebles construidos sin cumplir las regulaciones adecuadas.
Difusión: La detención y posterior imposición de prisión domiciliaria de Aridjis fue reproducida por más de 50 medios de comunicación y espacios informativos.
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13) Gobierno federal y CDMX dan contratos a misma empresa “fantasma”.
De acuerdo con un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) una empresa cuyas accionistas no son empresarias reales ha recibido 12 contratos del gobierno federal, del de la Ciudad de México y varias alcaldías por un monto de casi ocho millones y medio de pesos. La mayoría de ellos por la vía de la adjudicación directa.
La compañía no opera en su dirección fiscal la cual corresponde a una oficina virtual. Los contratos provienen de la Secretaría del Bienestar, la Fiscalía General de la República y tres alcaldías de la Ciudad de México, así como de la Red de Transporte Público de Pasajeros de la CDMX.
Fuente: https://contralacorrupcion.mx/gobierno-federal-y-autoridades-de-la-cdmx-comparten-fantasma/
Implicado: Los funcionarios que pudieran resultar responsables de las distintas dependencias involucradas.
Monto: 8.4 millones de pesos que corresponde al total de los 12 contratos adjudicados.
Impacto: Afectaciones a partidas destinadas para adquisición, principalmente, de artículos de oficina en dependencias como Secretaría del Bienestar, FGR, STC Metro, y tres alcaldías.
Difusión: La nota se publicó en el portal de MCCI y fue retomada por un portal informativo más.
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14) Militares y elementos de Guardia Nacional coludidos con grupos delictivos en seis estados.
El portal Animal Político reveló, a partir de la revisión de documentos de la Sedena filtrados en el hackeo del grupo Guacamaya, que hay reportes de hechos de corrupción en los que estarían implicados elementos del Ejército y la Guardia Nacional en seis estados, y en presunta colusión con grupos del crimen organizado. Venta de armas, huachicol, trata de personas, protección a operaciones, entre las actividades que se estarían llevando a cabo a partir de estas complicidades.
Por ejemplo, los reportes oficiales identifican supuestos pagos de sobornos quincenales a mandos de la Guardia Nacional y a mandos militares en Sonora. Situaciones similares ocurren en Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, estado de México y Sinaloa.
Fuente: https://www.animalpolitico.com/2022/10/militares-guardia-nacional-presuntos-vinculos-delictivos/
Implicados: Mandos regionales de la Sedena y de la Guardia Nacional en los estados referidos.
Monto: Se desconoce.
Impacto: Pérdidas a Pemex por las actividades ilegales facilitadas por las autoridades como el robo de combustible.
Difusión: La nota publicada por Animal Político el 20 de octubre fue retomada por el portal RT. Se trata de una revelación más del hackeo del grupo Guacamaya que ha generado múltiples historias en el último mes.
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15) Sedena dio contrato a empresa fantasma ligada a fraude en Segalmex.
En su cuenta verificada de Twitter el periodista y profesor Jorge García Orozco señaló, a partir de documentos obtenidos por el hackeo a los archivos de Sedena, que el Ejército asignó tres contratos a una presunta empresa fantasma denominada Soluservicios Globales NXK por más de 2 millones 700 mil pesos.
La empresa forma parte de una supuesta red de compañías factureras que ya había sido identificada en reportajes periodísticas por estar implicada en la trama de fraudes de Segalmex, concretamente en el posible desvío y lavado de más de 797 millones de pesos.
Fuente: https://twitter.com/jorgegogdl/status/1583484437014069250?s=20&t=fm-L93sz2mn2YbKrtb-_uA
Implicados: Los funcionarios militares implicados en la asignación de los contratos que pudieran resultar responsables.
Monto: 2 millones 763 mil 614 pesos que corresponden a los contratos militares entregados a la empresa facturera.
Impacto: La afectación recae sobre las partidas etiquetadas en el presupuesto de la Sedena para adquisición de insumos.
Difusión: El hecho, con los documentos que lo prueban, solo fue difundido en la cuenta de Twitter del periodista.
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16) Senadora denuncia en FGR irregularidades reportadas en “El Rey del Cash”.
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia de hechos ante la FGR con la finalidad de que se indaguen posibles hechos de corrupción y lavado de dinero, supuestamente cometidos por diversos funcionarios, exfuncionarios y políticos y descritos en el libro “El Rey del Cash”, publicado por la periodista Elena Chávez.
Aunque dijo que señalar e identificar a los responsables de cometer los delitos le toca a las autoridades, consideró necesario que se investigue el origen de los recursos con los que por años se financió el movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia.
Implicados: Los funcionarios que resulten responsables de la indagatoria.
Monto: No se precisa en la denuncia de hechos.
Impacto: No se ha identificado si las aportaciones a las campañas provienen de recursos públicos.
Difusión: La denuncia fue difundida por la legisladora en su cuenta de Twitter y reproducida por más de diez portales informativos.