Un artículo publicado por el portal Emeequis reveló que en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se han sancionado a por lo menos 713 funcionarios de la administración federal por incurrir en irregularidades, negligencias o hechos de posible corrupción.
De acuerdo con el reportaje el ISSSTE es la instancia federal que concentra más casos ocn un total de 70, seguida de la Administración del Sistema Portuario con 68 casos, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo con 45 casos; el Infonavit con 40, entre otros.
Aunque los casos Segalmex y Conade se han convertido en dos de los mayores escándalos de corrupción del sexenio, en los listados no aparecen funcionarios sancionados por esos hechos. En cambio, sí figuran funcionarios implicados en temas como Odebrecht o la Estafa Maestra.
No obstante, Emeequis también reveló que el 95 por ciento de los funcionarios sancionados ocupaban puestos de mandos bajos o medios. Menos del 5 por ciento corresponden a funcionarios que ocupaban altos puestos directivos, staff ejecutivo, gerentes o delegados.
Implicados: Funcionarios de niveles medios o bajos de doce dependencias que concentran las sanciones,
Monto: NA
Impacto: NA
Difusión: La información fue revelada en exclusiva por el portal Emeequis y retomada por el Heraldo Radio.
7) Agentes de la DEA solapan corrupción de funcionarios mexicanos a cambio de información
Un informe elaborado por el senador de los Estados Unidos, Chuck Grassley, quien lidera el Comité Senatorial sobre Control internacional de Narcóticos de aquel pais, evidenció que durante al menos cuatro décadas la Agencia Antidrogas DEA ha solapado la corrupción de funcionarios mexicanos.
En el análisis surgido a partir del estudio de casos se advierte que la DEA ha canalizado en distintos momentos información e incluso recursos a funcionarios de seguridad mexicanos aun cuando había indicios de que estos podrían estar corrompidos por organizaciones criminales.
Incluso en el informe se plantea el pago de sobornos a los funcionarios de seguridad mexicanos. Una práctica que, de acuerdo con el equipo del senador, ha dejado costos enormes en términos de vidas humanas y recursos de los contribuyentes.
Fuente: https://www.reforma.com/acusan-a-dea-de-ignorar-por-decadas-corrupcion-en-mexico/ar2671338
Implicados: Funcionarios de las áreas de seguridad del gobierno de México durante los últimos 40 años, así como funcionarios de la DEA.
Monto: No precisado.
Impacto: Los recursos provenientes de EU que han terminado en funcionarios corruptos en México pudieron haber contribuido al fortalecimiento de estructuras criminales y la pérdida de vidas.
Difusión: Más de 40 medios nacionales y de EU replicaron la información en torno al informe del senador Chuck Grassley.
8) Jueces de Chihuahua denuncian presiones y extorsiones de su jefa y gobierno
Jueces penales del estado de Chihuahua, entre los que se encontraría por lo menos uno que llevó un proceso por corrupción en contra de la actual gobernadora de la entidad María Eugenia Campos, denunciaron que padecen de presiones y presuntas extorsiones de parte de la actual presidenta del Poder Judicial de la Entidad, Myriam Hernández Acosta.
En un escrito uno de los jueces, quien pidió reserva con su identidad, envió oficios a diversas instancias nacionales e internacionales donde dice que lo han presionado para renunciar arbitrariamente e incluso se le han iniciado procedimientos administrativos, sin que se respeten íntegramente sus derechos laborales.
En respuesta Hernández Acosta, cercana a la actual gobernadora, justificó la apertura de procedimientos en contra del juez bajo el argumento de que este aceptó presiones para proceder en contra de la actual gobernadora, durante el sexenio del exgobernador Javier Corral.
Sin embargo, no es el único caso. Otra jueza del ámbito familiar denunció presiones y hostigamiento de parte de la contraloría del mismo poder Judicial como parte de un supuesto proceso administrativo. Se realizaron interrogatorios fuera de norma en contra del personal de su juzgado con la aparente finalidad de incriminarla en supuestos hechos ilegales que son inexistentes.
Monto: NA
Implicados: La actual presidenta del Poder Judicial de la Entidad, Myriam Hernández Acosta, quien a su vez es cercana a la gobernadora de la entidad, María Eugenia Campos.
Impacto: NA
Difusión: La Jornada dio a conocer en exclusiva esta información, así como los seguimientos de ella. Otros medios locales también reportaron este hecho y la respuesta de Hernández Acosta.
9) Cartel inmobiliario: segundo exfuncionario de BJ se declara culpable y recibe 4 años de prisión domiciliaria
El exdirector Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, se declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito al haberse coludido con otros para obtener beneficios ilegales cambio de autorizar la construcción de inmuebles en la demarcación, de agilizar los procedimientos, o de permitir obras irregulares.
Se trata del segundo funcionario de dicha alcaldía que acepta su responsabilidad en este caso conocido coloquialmente como “El Cartel Inmobiliario”. Previamente lo había hecho el exdirector general de obras, Nicias René Aridjis, como se reportó en el Corruptómetro 30 correspondiente a la primera semana de junio.
Vizcaíno Carmona optó por declararse culpable a través de un procedimiento abreviado, en donde renuncia a su derecho a juicio y a defender su inocencia. Todo ello a cambio del beneficio de una pena reducida. En este caso el juez le impuso como sanción cuatro años de prisión domiciliaria. También se ordenó el decomiso de dos cuentas bancarias y el aseguramiento definitivo de un inmueble que era de su propiedad, pero que presuntamente se adquirió como resultado de las actividades ilícitas.
Fuente: https://www.elnorte.com/dan-4-anos-a-luis-vizcaino-por-corrupcion-inmobiliaria-en-bj/ar2670716?v=5
Implicados: Exfuncionarios que durante los últimos 12 años han laborado en la alcaldía Benito Juárez. De ellos ya han sido sentenciados por procedimiento abreviado Nicias René Aridjis y Luis Vizcaíno Carmona.
Monto: No precisado.
Impacto: Se permitieron construcciones que no necesariamente cumplen con los estándares de seguridad y ponen en riesgo la vida de sus inquilinos.
Difusión: Más de 20 medios nacionales y de la CDMX reprodujeron esta información dada a conocer por la Fiscalía capitalina.