Empresarios gasolineros denunciaron que funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) les exigen desde hace años pagos mensuales que van de los 15 a los 35 mil pesos mensuales a cambio de no ser clausuraos, o de no ser exhibidos en las conferencias presidenciales por vender caro.
Los testimonios recabados -e incluso la versión de una ex asistente de la dirección de Proceso- apuntan a que los recursos obtenidos con estos mecanismos de corrupción se habrían destinado con fines electorales. Como evidencia se aportaron fotografías con los fajos de billetes entregados.
En 2023 fue el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien reveló que unos 11 mil gasolineros habían denunciado que eran víctima de extorsión de los verificadores de Profeco, pero dijo que el problema “se había cortado de tajo”. No obstante, los testigos entrevistados dijeron que este mecanismo de corrupción sigue hasta la fecha.
Monto: Se estiman hasta 2 mil 600 millones de pesos obtenidos en un año como resultado de los moches.
Implicados: La gestión de la Profeco a cargo de Ricardo Sheffield Padilla y David Aguilar Romero.
Impacto: Posibles verificaciones que no se aplican o se sancionan a través de mecanismos de corrupción.
Difusión: La nota fue una exclusiva de MCCI y replicada por la menos una decena de medios.