El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) reportó la presentación de ocho denuncias penales por corrupción ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), presentadas entre los años 2022 y 2024. Según el informe de la auditora Liliana Dávalos Ham, estas investigaciones se encuentran todavía en una etapa inicial, y a pesar de que algunos casos datan de hace cuatro años, hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni avances sustanciales en la judicialización de los expedientes.

Las indagatorias involucran a servidores públicos de diversos municipios como Toluca, Ecatepec, Lerma, Ocuilan y Santo Tomás, además de personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y del propio OSFEM. Entre los delitos señalados destacan el abuso de autoridad, la falsificación de documentos, el uso de objetos falsos y la revelación de información reservada. En el caso específico de Toluca, las irregularidades se centran en la gestión 2022-2024, mientras que en otras localidades se investigan firmas estampadas ilegalmente y sellos apócrifos.

El reporte detalla que, además de las denuncias penales, el OSFEM ha promovido casi 300 informes de presunta responsabilidad administrativa desde 2019, identificando faltas graves como el peculado y el abuso de funciones en decenas de administraciones municipales. 

Fuente: https://www.milenio.com/politica/fgr-acusa-ex-tesorero-ipn-issste-contratos-11-mdp-empresa-fantasma 

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios estatales y de cinco municipios.

Impacto: La inacción hasta por cuatro años de la fiscalía impide que los probables responsables sean imputados y prevalece la impunidad.

Difusión: Al menos ocho medios compartieron esta información.

Un tribunal federal dictó nuevamente el auto de vinculación a proceso en contra de Ramón Sosamontes, quien fuera el jefe de la Oficina de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles. Esta resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México confirma que el exfuncionario deberá enfrentar un juicio por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, reactivando un proceso que había sido invalidado temporalmente por una sentencia de amparo previa.

La acusación central se enfoca en la firma de un convenio en marzo de 2014 por un monto superior a los 353 millones de pesos con la entidad Radio y Televisión de Hidalgo (RTH). Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), este contrato, destinado supuestamente a la elaboración de materiales audiovisuales para la Cruzada Nacional contra el Hambre, formó parte del esquema de desvíos conocido como la “Estafa Maestra”. Las autoridades sostienen que RTH no contaba con la capacidad técnica para cumplir con los servicios y subcontrató la mayor parte del trabajo a terceros de manera ilegal.

A pesar de los esfuerzos de la defensa por sobreseer el caso o argumentar que no existían pruebas suficientes para sostener la imputación, los magistrados determinaron por unanimidad que los datos de prueba presentados son suficientes para que la causa penal siga su curso.

Fuente: https://www.reforma.com/procesan-otra-vez-a-sosamontes-por-estafa/ar3161173 

Monto: 353 millones de pesos es el monto de este caso en específico.

Implicados: Ramón Sosamontes, quien fuera el jefe de la Oficina de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles.

Impacto: Los desvíos afectaron recursos destinados para programas sociales. El estancamiento del caos propicia impunidad.

Difusión: Cuatro medios retomaron esta información.

En Guadalajara, la implementación de un nuevo aumento a la tarifa del transporte público ha derivado en un escándalo de corrupción que involucra a la empresa Broxel y a funcionarios de la Secretaría de Transporte. Las denuncias señalan que el esquema de prepago utilizado en la ciudad genera excedentes millonarios que no son reportados con transparencia, sugiriendo un manejo ilícito de los recursos generados por los usuarios.

Diversas organizaciones civiles y actores políticos han interpuesto acciones legales este 9 de febrero, argumentando que el aumento de la tarifa no tiene como fin la mejora del servicio, sino el beneficio de intermediarios privados con nexos en el gobierno estatal. El caso ha sido calificado como un “negocio al amparo del poder”, donde el servidor público encargado de la supervisión habría omitido auditar las cuentas de la empresa concesionaria de manera deliberada.

La controversia ha provocado manifestaciones en los principales ejes viales de Jalisco, donde se exige una investigación profunda sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios de los “centavos” que el sistema no devuelve a los ciudadanos. Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de transporte concesionados cuando la vigilancia estatal se ve comprometida por acuerdos de mutuo beneficio económico.

Fuente: https://centralmunicipal.mx/politica/2026/01/26/ciudadanos-rechazan-alza-al-transporte-en-jalisco-y-el-uso-obligatorio-de-tarjeta-operada-por-broxel/ 

Monto: No precisado.

Implicado: Funcionarios de la secretaría de Transporte y la empresa Broxel.

Impacto: Posible enriquecimiento ilícito a costa de las tarifas de transporte.

Difusión: Al menos cuatro medios difundieron esta información.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de echar mano de múltiples tácticas dilatorias para tratar de frenar una nueva imputación en su contra por peculado derivado del presunto desvío de recursos de salud durante su gestión.

Lo anterior luego de que por tercera vez se tuvo que aplazar la audiencia inicial de imputación debido a que los abogados de Duarte no se presentaron por supuestos malestares de salud, y de que el exgobernador, que está por cumplir una sentencia de 9 años por otros delitos, pidiera que se esperara a que sus abogados estuvieran listos.

El juez del Reclusorio Norte a cargo del proceso concedió el nuevo aplazamiento, pero solo de tres días y advirtió a Duarte que, si sus abogados no se presentan, lo representará un defensor de oficio. Cabe recordar que, en caso de ser procesado, el exgobernador podría ver frenada su liberación.

Fuente: https://e-ntorno.com/fgr-va-por-nueva-acusacion-de-peculado-contra-javier-duarte/ 

Monto: Cinco millones de pesos es el monto de la nueva acusación.

Implicado: El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Impacto: Los desvíos en el gobierno de Duarte siguen impunes desde hace más de una década. 

Difusión: Al menos cinco medios publicaron esta información.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela la existencia de una red de empresas “factureras” que se expandió bajo el amparo del exgobernador Adán Augusto López Hernández durante su gestión en Tabasco. 

El reportaje detalla que al menos 13 sociedades mercantiles, constituidas en las notarías del actual senador y de su hermano Melchor, han sido clasificadas de forma definitiva por el SAT como empresas “fantasma”. Estas compañías fueron utilizadas para simular operaciones y desviar recursos públicos, aprovechando la estructura legal que brindaban los despachos notariales de la familia López Hernández.

El esquema de corrupción documentado involucra el desvío de aproximadamente 464 millones de pesos de Pemex, además de otras triangulaciones que superan los 270 millones de pesos a través de instituciones como la Universidad Autónoma del Carmen. 

Las empresas bajo sospecha comparten características comunes: fueron registradas con prestanombres que desconocían ser accionistas millonarios, poseen domicilios fiscales que resultaron ser viviendas particulares humildes y carecen de la infraestructura necesaria para prestar los servicios por los que recibieron contratos públicos millonarios.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/red-factureras-adan-augusto-contratos-publicos-tabasco/ 

Monto: 734 millones de pesos en posibles desvíos.

Implicados: Personas cercanas al exgobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández, y funcionarios de Pemex y de la Universidad Autónoma del Carmen.

Impacto: Recursos destinados a temas de energía y educación que habrían sido malversados.

Difusión: El reportaje especial de MCCI fue retomado por al menos ocho medios.