Una jueza federal decidió no vincular a proceso a Javier Tapia Santoyo, ex tesorero del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, quien estaba acusado por la entrega de tres contratos por un monto de 11.1 millones de empresas a la empresa fantasma Interacción Biomédica en 2017.

La imputación señalaba posibles irregularidades administrativas y penales en la contratación, ligadas al uso de una compañía presuntamente dedicada a emitir comprobantes fiscales sin operaciones reales. Sin embargo, en ese momento la ley no estipulaba como delito este tipo de adjudicación por lo que la jueza decidió no abrir el proceso.

Con esta determinación, la Fiscalía se queda sin la posibilidad inmediata de avanzar hacia un juicio en contra del ex funcionario del ISSSTE por estos contratos específicos. La decisión puede ser impugnada por el Ministerio Público mediante los recursos legales correspondientes, pero mientras tanto el caso queda detenido en la fase inicial. La FGR tiene, además, otras dos carpetas de investigación en contra de este exfuncionario.

En su momento TOJIL publicó que Tapia Santoyo era una pieza clave en el entramado de corrupción conocido como “Clan Biomédica” a través del cual se han transferido recursos de salud y otros rubros a empresas fantasma, no solo desde el ISSSTE sino también desde otros institutos, e incluso desde e IPN donde Tapia se desempeñó como Director de Administración hasta el año pasado.

Fuente: https://www.reforma.com/rechazan-procesar-a-ex-jefe-en-el-issste/ar3144303 

Monto: 11.1 millones de pesos era el monto específico de esta acusación.

Implicado: Javier Tapia Santoyo, extesorero del ISSSTE y exjefe de Administración del IPN.

Impacto: Crece el riesgo de impunidad en un caso donde se afectaron recursos destinados a la salud de las personas.

Difusión: La nota fue retomada por al menos cinco medios.

Un artículo publicado por el diario La Razón documentó que la alcaldía Cuauhtémoc habría otorgado contratos por un total de 97 millones de pesos a empresas vinculadas al denominado “Grupo Meor”. La investigación señala que estas adjudicaciones se realizaron mediante la simulación de concursos, en los cuales firmas pertenecientes a un mismo consorcio empresarial compitieron entre sí para asegurar que los recursos públicos permanecieran dentro del mismo grupo económico.

El esquema de operación detectado consiste en la invitación coordinada de empresas que comparten los mismos apoderados legales o representantes. Según el informe, este mecanismo de competencia ficticia se utilizó en al menos tres procesos de invitación restringida, donde las compañías del mismo grupo fueron las únicas participantes. 

Estos contratos estaban destinados principalmente a la ejecución de obras públicas y a la organización de eventos y festejos dentro de la demarcación, consolidando a estas firmas como proveedores privilegiados del gobierno local.

En respuesta a estos señalamientos la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, difundió un video en el que niega que haya habido simulación de competencia, denuncia que los servicios se realizaron y acusa que se trata de una campaña en su contra.

Fuente: https://www.razon.com.mx/ciudad/2026/01/26/la-cuauhtemoc-da-97-mdp-a-empresas-con-las-que-se-simulan-concursos/

Monto: 97 millones de pesos es el monto de os contratos.

Implicados: La administración de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, y empresas del consorcio Grupo Meor.

Impacto: La simulación de competencia además de ser una trampa abre riesgo de un uso inadecuado de recursos públicos.

Difusión: La nota fue una exclusiva del diario La Razón.

La Fiscalía General de la República sufrió su primer revés en el proceso que impulsa en contra de dos hermanos Farias Laguna, almirantes de la Secretaría de Marina acusados de participar en una presunta red de introducción ilegal de combustibles, fenómeno conocido como “huachicol fiscal”.

Lo anterior luego de que una jueza federal le ordenó a los fiscales entregar a la defensa la carpeta de investigación completa sin partes reservadas iniciada por este caso. Los fiscales intentaban mantener bajo reserva algunos datos bajo el argumento de que es información confidencial que puede afectar el desarrollo de la indagatoria, pero la jueza desestimó dicho argumento.

Cabe señalar que, hasta ahora, solo uno de los dos marinos implicados se encuentra en prisión preventiva. El otro, Fernando Farías Laguna, no ha podido ser localizado ni aprehendido por las autoridades.

Fuente: https://www.milenio.com/policia/huachicol-fiscal-ordena-a-fgr-entregar-indagatoria-a-farias-laguna 

Monto: No aplica.

Implicados: Los hermanos Víctor Manuel y Fernando Laguna, almirantes de la Marina, así como los fiscales de la FGR a cargo del caso.

Difusión: Al menos una decena de medios publicaron esta información.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) suspendió de sus funciones a 10 elementos de la Policía de Investigación (PDI) tras la difusión de denuncias en redes sociales y medios de comunicación sobre presuntos actos de extorsión y abuso de autoridad. Los agentes señalados operaban principalmente en la región de Tecámac y zonas aledañas, lo que motivó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción a iniciar una investigación de oficio para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades legales.

Entre los servidores públicos removidos temporalmente se encuentran un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, quienes han sido concentrados en las oficinas centrales de la institución mientras se desarrolla la indagatoria. La dependencia informó que busca determinar la veracidad de los señalamientos y verificar si existen otros funcionarios o personas externas involucradas en estas conductas ilícitas, las cuales vulneran el marco legal y el respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la Fiscalía estatal reiteró su compromiso de “cero tolerancia” ante cualquier actuación que se aparte de la ley por parte de sus integrantes. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía que haya sido víctima o testigo de estas extorsiones para que presente su denuncia formal a través de los canales institucionales, incluyendo su aplicación móvil, correo electrónico y número telefónico de atención, con el fin de fortalecer el proceso judicial contra los involucrados.

Fuente: https://aristeguinoticias.com/2101/mexico/suspenden-a-10-ministeriales-en-edomex-por-presuntos-actos-de-extorsion/ 

Monto: No aplica.

Implicados: Diez elementos de la Policía de Investigación del Edomex.

Impacto: Agentes que en lugar de investigar delitos se dedican a cometerlos.

Difusión: Por lo menos quince medios  difundieron esta información.

El director del Infonavit, Octavio Romero, admitió públicamente que el programa Mejoravit operó anteriormente bajo un esquema que facilitó graves actos de corrupción. Según el funcionario, el problema radicaba en el uso de tarjetas restringidas que solo podían emplearse en comercios específicos, lo que impedía a los derechohabientes disponer libremente de su dinero y los obligaba a adquirir productos a precios inflados.

Esta falta de libertad financiera propició la aparición de intermediarios conocidos como “coyotes”, quienes ofrecían entregar el efectivo a los beneficiarios a cambio de quedarse con comisiones de entre el 30 y el 40 por ciento del crédito. Para erradicar estas malas prácticas, Romero anunció que desde el año pasado se modificó el sistema, y ahora el 100 por ciento del recurso se deposita directamente en las cuentas de los trabajadores para que lo utilicen sin restricciones en materiales o mano de obra.

Sin embargo, el funcionario no hizo comentario alguno sobre si hay investigaciones en curso al respecto por estos hechos y si se han identificado a posibles servidores públicos involucrados.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2026/01/24/admiten-corrupcion-en-mejoravit-nacional/ 

Monto: No precisado.

Implicados: Exfuncionarios de la administración del Infonavit en el sexenio pasado, e intermediarios no identificados

Impacto: Actos de posible corrupción detrás de un programa básico de vivienda que, además, se ha dejado en la impunidad.

Difusión: Al menos ocho medios dieron seguimiento a esta información.

De acuerdo con una nota publicada en Reforma, Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo su actual administración, ha continuado con la tendencia de adjudicar contratos multimillonarios a un grupo selecto de empresas que ya eran consideradas “favoritas” durante el sexenio anterior.

El reporte señala que gran parte de estas asignaciones se han realizado mediante procedimientos de invitación restringida o adjudicaciones directas, evitando las licitaciones públicas abiertas que permitirían una mayor competencia y transparencia. 

Entre las beneficiadas se encuentran tanto empresas transnacionales de servicios petroleros como firmas nacionales que lograron afianzarse como aliados estratégicos durante la gestión de Octavio Romero y que ahora mantienen su estatus privilegiado bajo la nueva dirección de Víctor Rodríguez Padilla.

Fuente: https://www.reforma.com/adjudica-pemex-contratos-a-favoritas/ar3139542 

Monto: No precisado.

Implicados. Funcionarios de la actual administración de Pemex.

Impacto: El favoritismo y falta de transparencia en estos procesos abre la puerta a un uso o adecuado de los recursos públicos.

Difusión: La nota fue una excusiva del diario Reforma.

Sin que hubiera algún proceso de licitación público y transparente, el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adjudicó un contrato para la compra de nueve camionetas último modelo y blindadas a una empresa que tiene un largo historial de contratos con sobreprecios.

La adquisición de dichos vehículos por un monto total de 25 millones 650 mil pesos, que es un costo promedio de 2.8 millones de pesos por auto con IVA incluido, fue duramente criticada no solo por los montos en un contexto de una supuesta política de máxima austeridad, sino porque además los autos fueron emplacados en Morelos para evadir costos de tenencia.

El 25 de enero, la SCJN anunció que los ministros ya no utilizarían las camionetas adquiridas y que se intentaría revertir el contrato o en su caso, destinar los vehículos a jueces que se encuentren en verdaderas situaciones de riesgo.

Fuente: https://www.reforma.com/dice-corte-que-ministros-no-usaran-nuevas-camionetas/ar3141401?v=6 

Monto: 25 millones 650 mil pesos es el monto total del contrato.

Implicados: La SCJN y la empresa TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. de C.V., filial de Grupo Andrade.

Impacto: Posible sobrecostos y corrupción en la adquisición de vehículos de lujo innecesarios para los ministros del nuevo pleno de la SCJN.

Difusión: Más de 53 medios difundieron esta información y sus distintos seguimientos

El gobierno municipal de Cuautla, Morelos, encabezado por el alcalde Jesús Corona Damián, anunció el cese de ocho funcionarios de diversas áreas tras detectarse presuntas irregularidades y actos de corrupción en su desempeño.

Los funcionarios removidos pertenecían principalmente a las áreas Obras Públicas, de Desarrollo urbano sustentable y de Protección Ambiental. Las investigaciones apuntan a que los ahora exservidores públicos liderados por Raúl Aguilar Montiel, exdirector municipal de Obras Públicas, habrían incurrido en conductas como cobros indebidos, manipulación de permisos o malversación de fondos.

El Órgano Interno de Control ya ha iniciado los expedientes administrativos correspondientes para determinar la responsabilidad legal de cada uno de los involucrados. El alcalde reiteró que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a cualquier práctica deshonesta, advirtiendo que no se permitirán abusos de poder sin importar la jerarquía de los empleados.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/estados/cesan-a-ocho-funcionarios-de-cuautla-morelos-son-investigados-por-presuntos-actos-de-corrupcion/ 

Monto: No precisado.

Implicados: Ocho funcionarios de la alcaldía de Cuautla bajo el mando de 

Impacto: Ciudadanos padecieron directamente los hechos de corrupción de estos funcionarios.

Difusión: Seis medios, entre ellos El Universal, compartieron esta información.

Un reportaje identificó que el gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila, ha seguido otorgando contratos millonarios a la empresa Diseño y Construcciones del Sector Primario (Diconser), a pesar de que esta firma acumula un retraso de más de cuatro años en la construcción de un puente estratégico en Mexicali.

La empresa ha sido beneficiada con nuevos proyectos de gran envergadura, destacando su participación en el Nodo Alamar en Tijuana, una de las obras de infraestructura más costosas y relevantes del sexenio actual. El reporte detalla que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) no solo ha permitido las demoras, sino que ha facilitado la entrega de más recursos, lo que sugiere un trato preferencial que ignora los antecedentes negativos de la compañía en cuanto a tiempos de entrega y manejo de presupuestos.

La situación ha provocado duras críticas debido a la opacidad en la asignación de obra pública y la aparente impunidad con la que opera Diconser bajo el amparo del gobierno estatal.

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/baja-california-premia-con-mas-contratos-a-empresa-con-4-anos-de-retraso-en-obra/ 

Monto: 159 millones es el monto del contrato incumplido en sus plazos.

Implicados: Funcionarios del gobierno de Marina del Pilar Ávila.

Impacto: Entrega de dinero público sin mecanismos trasparentes a contratistas que ya ha probado su ineficiencia.

Difusión: La nota fue una exclusiva de Eme-equis.

Empleados de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSYS) en Veracruz han denunciado públicamente una red de corrupción y extorsión presuntamente encabezada por David Agustín Jiménez Rojas, titular de dicha dependencia dentro de la Secretaría de Educación estatal. 

Los trabajadores acusan al funcionario de exigirles “derecho de piso” y de amenazarlos con el despido si no entregaban una parte de sus ingresos. Según el testimonio de los afectados, quienes mantienen el anonimato por temor a represalias, el funcionario les habría robado parte de sus salarios mensuales y de su aguinaldo, sumando una cifra aproximada de 425 mil pesos en total.

La situación se tornó más tensa cuando los empleados intentaron formalizar su queja en el Palacio de Gobierno; relataron que el personal de atención se negó a recibir el documento tras leer su contenido y les exigió datos personales detallados, lo que interpretaron como un intento de encubrimiento o una trampa para facilitar represalias. Ante este bloqueo, hicieron un llamado directo a la gobernadora Nahle para que intervenga y limpie su administración de funcionarios corruptos, recordándole que ella misma ha manifestado su intención de erradicar las malas prácticas heredadas de gobiernos anteriores.

Fuente: https://latinus.us/mexico/2026/1/13/exhiben-corrupcion-en-el-gobierno-de-nahle-acusan-que-funcionario-de-la-secretaria-de-educacion-extorsiona-empleados-161782.html 

Monto: Hasta 425 mil pesos es el monto acumulado de las presuntas extorsiones.

Implicado: David Agustín Jiménez Rojas, titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior (SEMSYS) en Veracruz.

Impacto: Intimidaciones y extorsiones hacia el propio personal de la institución.

Difusión: Al menos quince medios difundieron esta información.

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