El 24 de octubre de 2019, cuando las investigaciones de la Estafa Maestra estaban en su auge y la exsecretaria de Estado Rosario Robles ya había sido encarcelada, el que fuera su oficial Mayor, Emilio Zebadúa González, envió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una serie de “aclaraciones” respecto a las declaraciones patrimoniales que había presentado años antes.

Entre otras cosas Zebadúa rectifica un hecho importante: señala que sus hijos “nunca” fueron sus dependientes económicos, contrario a lo que había consignado originalmente, y que es su cónyuge quien se hace cargo de sus gastos. Por lo tanto, Zebadúa insiste en que los recursos que estos ejercen están desvinculados de su propio gasto.

En una línea similar el exoficial Mayor también “aclara” que las dos cónyuges que tuvo en el periodo de 2013 a 2018 no son sus dependientes económicas como lo señaló en sus declaraciones originales.

Estas aclaraciones, sin embargo, consignan hechos falsos. La investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera hizo sobre sobre Zebadúa y que se transformó en una denuncia por múltiples irregularidades en su entorno financiero muestra que el exoficial mayor sí sufragaba gastos de sus hijos y pareja.

En los anexos se establece que, en 2015, el año en que Zebadúa migró de Sedesol a Sedatu, sus dos hijos Nicolás y Julia Zebadúa Orozco, y su cónyuge Stephany Vanessa de Mendieta Zapata, realizaron consumos con tarjetas de crédito y servicios por más de 14 millones de pesos. El titular de dichas tarjetas es el exfuncionario y sus familiares son sus beneficiarios. Entre los pagos realizados hay operaciones en tiendas de ropa por más de 800 mil pesos.

También en ese mismo periodo hay pagos en efectivo hechos por más de dos millones de pesos realizados por el hijo del exoficial mayor.

Son todos pagos que, de acuerdo con la denuncia de la UIF, no son acordes a los ingresos declarados fiscalmente por Emilio Zebadúa quien, sostiene, dependía de sus sueldos como oficial mayor que al año eran por tres millones de pesos.

Todas estas inconsistencias y documentos están en manos de la Fiscalía General de a República (FGR) desde 2019. De hecho, las declaraciones patrimoniales con sus aclaraciones fueron solicitadas por la fiscal Teresa Maldonado, integrante del grupo de cuatro fiscales que tenían a su cargo la indagatoria de la Estafa Maestra. Los hallazgos también fueron incorporados a la carpeta de investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Zebadúa y sus dos hermanos.

Sin embargo, como ya se documentó en la nota principal de este investigación gracias a diversas negligencias y actos de corrupción hasta ahora la FGR no ha procedido penalmente en contra de Emilio Zebadúa ni de sus familiares.

Textos complementarios

La transacción al detalle:

TOJIL tuvo acceso al audio de una llamada de ocho minutos entre  Erica Canuto Fonseca, agente del Ministerio Público titular de la Agencia 23 investigadora de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), y el abogado defensor, Arturo Alonso Pérez, quien llevaba la representación legal de al menos cinco exfuncionarios federales bajo investigación y/o proceso por el caso de la Estafa Maestra.

El contenido de esta llamada telefónica, realizada en diciembre de 2022, evidencia dos hechos graves: una petición de recursos a cambio de debilitar un proceso penal en curso; y la confirmación de sobornos ya pagados previamente por criterios de oportunidad a los involucrados.

La llamada se da en el contexto de un proceso penal que se encontraba en fase de investigación complementaria en contra de Marco Salvador Ibarra Infante y Ricardo Mejía Zayas, extitulares de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Sedesol, por un convenio firmado bajo el esquema de la Estafa Maestra con la Universidad Autónoma de Zacatecas.

La fase de investigación complementaria es la etapa de investigación final bajo control judicial que se lleva a cabo luego de que una persona ya fue vinculada a proceso. Concluye con la audiencia intermedia en la que se presenta la acusación final y las pruebas para ir a juicio.

En el audio de la llamada la fiscal Canuto le propone al defensor Alonso realizar una serie de diligencias encaminadas a probar que el servicio contratado con la referida universidad sí se llevó a cabo, aunque la tramitación haya sido irregular.  Le señala que ya convenció a dos funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación y uno del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la misma FGR, para que testifiquen en ese sentido.

En el papel es una diligencia que debilita el caso de la Fiscalía y que reduce un tema delictivo a una posible anomalía administrativa. Canuto lo reconoce, pero expresa que le da igual, que es problema del juez, y que al abogado le conviene. Pero a cambio de ello vienen las peticiones de dinero.

Le indica que los auditores, que menciona por sus nombres como “Juan Martínez” y “María del Carmen Arguello” están “dispuestos” a señalar lo anterior, pero le advierte que eso tiene un costo: 200 mil pesos a cada uno.  “Ya hablé con ellos y ellos están dispuestos”, le reitera a abogado.

Y a pregunta expresa del abogado, la fiscal le pide que le proponga una cantidad para ofrecerle a ella. Tras varias dudas acuerdan que su pago será de medio millón de pesos. Eso sumado a los 150 mil pesos que habría que pagarle también a un funcionario del CENAPI.

Los sobornos ya pagados

Más allá de la negociación del momento la llamada confirma que ya se habían pagado sobornos previamente. Lo menciona el abogado defensor cuando le indica a la fiscal que por cada declaración de un posible criterio de oportunidad que le fue tomada se tuvieron que pagar de 350 a 400 mil pesos.

El criterio de oportunidad es la figura dentro de la norma penal que consiste en la suspensión y cancelación de un proceso penal iniciado en contra de una persona si es que esta testifica y aporta evidencia que ayude al esclarecimiento de un hecho delictivo mayor. Justo lo que hicieron varios de los clientes del defensor al señalar toda la estructura delictiva de Zebadúa.

Sin embargo, el abogado le señala a Canuto que pese a los pagos la FGR no cumplió con los beneficios de los criterios de oportunidad pues varios de sus representados terminaron en la cárcel. En tres ocasiones la funcionaria confirma que sabe de estos pagos en tono de resignación. “Si ya sé…”, le reitera.

Por separado tres de los exfuncionarios representados por el mismo defensor confirmaron que entregaron a su abogado distintas cantidades a cambio de los supuestos criterios de oportunidad.

El rastro documental

TOJIL cuenta con evidencia documental dentro de las carpetas de investigación que prueban que Érica Canuto Fonseca fue la responsable de contactar a los funcionarios de la ASF y recabar sus declaraciones; que sí conocía a los auditores que señala en la llamada; y que formaba parte del equipo de fiscales que estaba a cargo de la mayoría de las investigaciones.

Todas las diligencias se encuentran plasmadas dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 iniciada por la FGR a partir de la denuncia que TOJIL y Mexicanos contra la Corrupción interpusieron por el caso de La Estafa Maestra.

Canuto Fonseca, en concreto, entrevistó a 21 mandos y auditores de la ASF entre octubre y diciembre de 2019 quienes testificaron sobre las irregularidades que observaron al revisar los convenios de la Sedesol y Sedatu. Entre ellos a Muna Dora Buchahin, quien desde su cargo como Directora de Auditoría Forense de la ASF fue pieza cave en la detección de irregularidades con este esquema.

Uno de los funcionarios que la fiscal refiere en la negociación de los sobornos es Juan Martínez Díaz, quien de acuerdo con los registros ministeriales compareció a las 13:00 horas del 27 de noviembre de 2019 ante Canuto Fonseca para rendir su declaración. Se identificó con el cargo de Subdirector de Área B de la Dirección General de Auditoría Financiera Federal de la ASF.

En dicha declaración el funcionario narra las irregularidades encontradas en al menos seis convenios firmados por la Sedesol con distintas universidades, entre ellas la de Zacatecas descrita línea arriba. El auditor ratifica que dicha universidad no contaba con el personal humano ni material para poder haber hecho los servicios por los que se le pagó.

Ese mismo día, pero a las 18 horas compareció ante Canuto la otra auditora señalada en el audio, María del Carmen Arguello Ortiz, en su calidad de Jefa de Departamento de la Auditoría y previamente Coordinador de Auditores de la Fiscalización de la ASF.

En este caso Arguello señaló que ella fue la encargada de firmar el dictamen técnico que dio pie a la denuncia penal en contra de los funcionarios, y en el que se establece la irregularidad del convenio firmado con la universidad Autónoma de Zacatecas fue ilegal, pues dicha universidad no hizo nada. Agrega que hay unos entregables que, en todo caso, no corresponden a dicha universidad sino a una empresa ilegalmente subcontratada.

En todas estas declaraciones Erica Canuto actuaba en auxilio de la fiscal Teresa Maldonado Rodríguez, quien tenía a su cargo la carpeta de investigación referida por la denuncia de TOJIL, y que fue la misma de la que se filtraron datos que permitieron al exoficial Mayor, Emilio Zebadúa, protegerse para no ser procesado. Situación contraria a la de Rosario Robles quien acabó siendo encarcelada.

En realidad, el equipo de fiscales a cargo de todos estos casos era pequeño. Junto con Erica Canuto y Teresa Maldonado estaba Mario Bulmaro Fonseca Barrera y todos ellos coordinados por Mónica Martel Olguín. Un oficio fechado el 6 de diciembre de 2019 dentro de la misma carpeta y dirigida al juez a cargo del caso contra Rosario Robles, confirma la integración de este equipo.

El apoderado legal de los exfuncionarios indicó que era Bulmaro el responsable de pedir recursos a nombre de Martel, a quien se le habría pagado, al menos, un millón de pesos. Dijo que de todos estos hechos existen pruebas bajo su resguardo.

Textos complementarios

La transacción al detalle:

En mayo de 2019 dos exfuncionarios federales revelaron ante la FGR el modus operandi utilizado por Emilio Zebadúa y su grupo delictivo para extraer del presupuesto de Sedesol y Sedatu los recursos públicos con la mecánica conocida popularmente como “La Estafa Maestra”.

Dicha mecánica consistía en aprovechar una excepción que contempla la ley para firmar convenios y adjudicar contratos sin licitación con universidades públicas, para que estas, a su vez, enviaran o repartieran el dinero entre empresas fachada, prestanombres o diversos beneficiarios.

Los declarantes fueron José Antolino Orozco Martínez, quien ocupó cargos directivos en la áreas de Geostadística de la Sedesol y de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu; y Marco Salvador Ibarra Infante, extitular de la Coordinación de Delegaciones de las mismas dependencias.

La mecánica descrita, paso por paso, era la siguiente:

Se identificaba o se forzaba la supuesta necesidad de un servicio en cualquier área de la Sedesol y Sedatu y se le asignaba un presupuesto específico.

Enrique Prado y Humberto Valverde, siguiendo la instrucción directa de Zebadúa, se dedicaban a localizar universidades, entidades púbicas y consultoras/empresas fachada que participarían en la simulación del servicio.

Se acordaban los márgenes de ganancia para los implicados: de 20 a 30% del total para las universidades; 10% a consultoras o empresas fachada; y el resto en retorno para Oficialía mayor (un mínimo del 50%).

Con engaños o presiones se intentaba que funcionarios ajenos a la estructura firmaran documentos de convenios y ejecución de servicios. Si no se lograba, se procedían a falsificar sus firmas a través de un equipo dirigido por Claudia Morones.

Francisco Báez autorizaba la salida de transferencias, en ocasiones sin verificar firmas o sin que toda la papelería estuviera lista. Tras efectuarse el pago se indicaba a las Universidades o entes públicos a qué empresas fachada transferir los recursos en los porcentajes pactados.

En oficinas alternas se fabricaban entregables para aquellos servicios o convenios donde había riesgo de auditorías federales. Para ellos se replicaban datos de otros entregables reales, o se descargaba información de internet. El proceso estaba a cargo de Claudia Morones.

Las empresas subcontratadas, a su vez, volvían a transferir el dinero a un segundo nivel de empresas, generalmente indicadas por Enrique Prado y sus operadores.

Ese segundo nivel de empresas era el responsable de retirar en efectivo los recursos y entregarlos o depositaros a personas físicas y otras compañías que se les indicaban.

Se controlaban y cooptaban las observaciones de auditorías para que las irregularidades no fueran del conocimiento de otras áreas salvo la Oficialía Mayor. Se usurpaban identidades para responder oficios. El responsable de esto era Juan Francisco Martínez Lavín.

Textos complementarios

La transacción al detalle:

De acuerdo con las declaraciones de seis exfuncionarios federales ante la FGR que obran en tres carpetas de investigación, y de exfuncionarios que directamente hablaron con TOJIL, el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu fue el líder de una estructura delictiva a través de la cual se ejecutaron los siguientes hechos irregulares:

En las declaraciones ministeriales integradas a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000695/2020 iniciada por posible delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita se identifican las siguientes personas y roles:

1.Emilio Zebadúa González

(Ex Oficial Mayor en Sedesol y Sedatu)

Jefe de la estructura delictiva organizada para sustraer los recursos públicos y principal beneficiario de los mismos.

2.Enrique Prado Ordoñez

(Ex Director de Administración y Recursos Materiales en Sedesol y Sedatu)

Subalterno de Zebadúa. Acordaba directamente con el instrucciones para el resto del equipo así como porcentajes, montos y convenios. Supervisaba elaboración de convenios y selección de universidades y empresas implicadas.

3.Humberto Valverde Prado

(Ex Coordinador de Asesores de Oficialía Mayor en Sedesol y Sedatu)

Subalterno y operador de Zebadúa. Con funciones similares a la de Baez en el entramado delictivo dividiendo en ocasiones el trabajo con él.

4.Caudia Morones Sánchez

(Ex Directora de Área en Oficialía Mayor y contratista privada)

Lideraba equipo responsable de elaboración de convenios, falsificación de firmas, fabricación de entregables. Tenía a su cargo los domicilios particulares donde esto se llevaba a cabo. Coordinaba la elaboración de respuestas e informes a las auditorías.

5.Francisco Javier Báez Álvarez

(Ex Director General de Programación y Presupuesto en Sedesol y Sedatu)

Responsable de garantizar y autorizar los pagos irregulares solicitados por Morones y Prado. Operaba el retorno de los recursos desviados al grupo utilizando empresas como AMBIT.

6.Roberto Gómez Morales

(Ex Director Adjunto en Oficialía Mayor; chofer y guardaespaldas de Zebadúa)

Prestanombres para adquirir bienes del Oficial Mayor y para ejecutar movimientos financieros.  Operador de redes de vínculos y tráfico de influencias en Chiapas.

7.Sonia Angélica Zaragoza

(Ex Directora de Capital Humano y Recursos Materiales en Sedesol y Sedatu)

Tercera operadora de confianza junto con Prado y Valverde para la elaboración y traslado de convenios, de papelería y de entregables fabricados. Presionaba a funcionarios fuera de la estructura para que firmaran documentos con engaños.

8.Juan Francisco Martínez Lavín

(Ex Asesor de la Oficialía Mayor en Sedatu)

Enlace con la ASF. Fungió como filtro para que auditorias no llegaran a funcionarios cuya firma fue falsificada y para, a su nombre, elaborar respuestas a auditores.

9.José Alejandro Hinojosa Valencia

(Operador privado)

Coordinador de prestanombres para adquirir bienes del Oficial Mayor de Emilio Zebadúa y su hermana, Lourdes Zebadúa. También operó contactos con universidades y empresas.

10.Mauro Rosas y Rosalba Camacho

(Apoderados legales de Emilio Zebadúa)

Operaban despacho de abogados con la misión de blindar a Zebadúa de acciones de auditores y autoridades, así como armar estrategias legales donde, las irregularidades, recayeran en otros fuera del grupo.

Otros operadores señalados en declaraciones: David Guerrero, Carolina Gómez, Federico Valle Ochoa, Héctor de la O Chi, Bernardo García, Marcelo Arreola Gómez.

En las declaraciones ante la FGR también se informó de los domicilios en los cuales se fabricaban los entregables bajo la supervisión de Claudia Morones, o se realizaban reuniones para alcanzar acuerdos:

*Bahía de la Magdalena 125 y 146, colonia Verónica Anzurez, CP 11300, alcaldía Miguel Hidalgo

*Tenysson 77 colonia Polanco 4ta Sección, CP 11550, alcaldía Miguel Hidalgo.

*Tenysson 125 colonia Polanco 4ta Sección, CP 11550, alcaldía Miguel Hidalgo.

*Horacio 1840, 4to piso, colonia Polanco 2da sección, CP 11550, alcaldía Miguel Hidalgo.

*Insurgentes Sur 2117-4, colonia san Ángel, CP 04500, alcaldía Álvaro Obregón.

Textos complementarios

La transacción al detalle:

*Testimonios, un audio y miles de documentos en poder de TOJIL revelan las mecánicas de extorsión, encubrimientos, y tráfico de influencias que dejaron impune al principal operador de la Estafa Maestra pese al cúmulo de evidencia. Uno de los fiscales, separado por sospecha de corrupción, es ahora un director de justicia en la Segob.

Por: TOJIL (Arturo Ángel)

La investigación oficial de La Estafa Maestra, uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en México, fue en sí misma una estafa. La fiscalía de Alejandro Gertz Manero presuntamente negoció y aceptó sobornos de los implicados en el fraude a cambio de paralizar indagatorias, sabotear procesos y encubrir a los principales beneficiarios.

Pese a contar en sus archivos con pistas y pruebas de los desvíos y del destino de los recursos malversados, los equipos encabezados por el que fuera la mano derecha del fiscal, Juan Ramos López, y la unidad antilavado de la SEIDO, incurrieron en un esquema de presunta corrupción, negligencias y tráfico de influencias, en el que también están implicados el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia FGR (CENAPI), auditores federales y un juzgado que dio amparos ilegales.

Un audio de una de las negociaciones, declaraciones de testigos directos de los hechos y miles de documentos oficiales obtenidos por TOJIL confirman los manejos ilegales y el encubrimiento institucional que persiste hasta la fecha, en un caso que el fiscal  Gertz Manero había descrito como un “crimen de estado”. Pero hasta el día de hoy,  no se ha recuperado un centavo.

El proceso

En mayo de 2019 seis exfuncionarios federales que estaban bajo investigación comparecieron ante el Ministerio Público de la Federación para revelar a detalle, cómo había operado la llamada Estafa Maestra desde dos de las dependencias donde se malversaron más de cinco mil millones de pesos, la Sedesol y la Sedatu.

En sus declaraciones y ampliaciones, de las que TOJIL tiene copias íntegras, los exfuncionarios describieron el organigrama y la estructura delictiva del fraude que era encabezada por Emilio Zebadúa González, oficial mayor de dichas dependencias. Los testigos puntualizaron el rol específico de al menos una decena de funcionarios y particulares bajo su mando, así como de varias empresas que se organizaron para fabricar convenios, simular servicios, falsificar firmas, lavar el dinero e invertirlo en propiedades. Describieron detalladamente tiempos, reuniones y direcciones donde se llevaban a cabo las negociaciones.

Una denuncia posterior de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó en sus anexos los pagos y gastos millonarios injustificados por parte de Zebadúa y de sus dos hermanos, Lourdes y José Ramón, y las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.

A cambio de dicha colaboración, la fiscalía no pidió pruebas sino dinero. El abogado de los exfuncionarios y los mismos afectados narraron a TOJIL que tras la llegada de Juan Ramos López el proceso transformó una dinámica que era de colaboración, a una de presunta extorsión. Bajo la presión de los fiscales, los exfuncionarios que habían declarado a cambio de inmunidad hicieron pagos de 300 a 400 mil pesos para supuestamente materializar los criterios de oportunidad, pero tampoco ocurrió.

La grabación de una llamada entre el defensor y la fiscal federal Erica Canuto Fonseca, a la que TOJIL tuvo acceso, da cuenta de esos pagos y de peticiones extra de dinero a cambio de hacer fracasar el proceso penal en contra de uno de sus defendidos con pruebas que la propia fiscal admite que hundirían su proceso. “Será problema del juez”, argumentó Canuto en el audio.

La fiscal Canuto detalla que ya contaba con el supuesto apoyo de dos auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y de un funcionario del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la FGR, quienes habían aceptado establecer por escrito que los servicios sí se realizaron, y con ello reducir un desvío a un mero caso administrativo. En el audio se escucha como se refieren hasta las cantidades: 200 mil para cada auditor, 150 mil para el funcionario del CENAPI, y 500 mil para ella.

Los oficios dentro de la carpeta de investigación de la FGR revisados por TOJIL demuestran que Erica Canuto era la que tenía el contacto con los auditores. Su tarea fue entrevistar a más de 22 de ellos “en auxilio de la fiscal Teresa Maldonado” bajo coordinación de la fiscal coordinadora Mónica Martel, a quien Ramos López ratificó al frente del caso de la Estafa Maestra. A los dos auditores que se mencionan en la llamada los conocía desde el 27 de noviembre de 2019, cuando les tomó una declaración inicial. Esto prueba que sí los conocía y tenía forma de contactarlos.

El abogado defensor explicó que el último trato ofrecido por la fiscal Canuto no se concretó porque los exfuncionarios ya no contaban con dinero suficiente, ya que en algunos casos tuvieron que vender terrenos o propiedades para costear los sobornos previos, lo cual enojó a la fiscal de acuerdo con los abogados.

La situación no fue siempre así, según contaron los exfuncionarios extorsionados a TOJIL. En los primeros meses del sexenio la FGR tenía un interés real por conocer el modus operandi del fraude y de ir por los principales responsables, pues lo que tenían en sus manos era una historia fragmentada en múltiples denuncias de los auditores. En ese contexto y bajo la figura de posibles criterios de oportunidad se trabajaron declaraciones y se hicieron peritajes.

Sin embargo, tras la llegada de Juan Ramos Lopez a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en junio de 2019, las cosas cambiaron. Las líneas de investigación hacia Zebadúa se congelaron y los fiscales a cargo, bajo la coordinación de la fiscal Martel, comenzaron con las peticiones de dinero. No solo a través de Erica Canuto sino de otros fiscales como Mario Bulmaro.

“A Mónica Martel se le dio entre varias veces cerca de un millón de pesos. Ellos mandaban a una persona, a un motociclista o mandaban a alguien en un carro a recoger. Era para ella, pero se hablaba con el fiscal Mario Bulmaro que era intermediario. De todo eso hay pruebas en manos de mis clientes. Pero tienen miedo no por sus procesos, sino porque sus vidas estarían en riesgo”, dijo el litigante.

Al final, los únicos que terminaron siendo perseguidos y procesados fueron los mismos que en un inicio habían colaborado y denunciado a Zebadúa y su entramado.

TOJIL solicitó a al FGR y a la ASF a través de sus voceros y correos institucionales un posicionamiento en torno a estos hechos y todo lo que se describe a continuación, pero hasta el momento de esta publicación no se ha recibido respuesta.

Información que vale oro

Un exfuncionario del equipo de Emilio Zebadúa narró a TOJIL el trabajo que el grupo hizo para “protegerse de la acción de las autoridades, anticipar los movimientos en su contra y, al mismo tiempo, blindar el patrimonio inmobiliario en los que invirtió más de 900 millones de pesos presuntamente desviados. El exfuncionario, que habló con el equipo de TOJIL pero se decidió dejar en anonimato por razones de seguridad, entregó documentos de las operaciones internas que se llevaron a cabo.

Esta persona fue el encargado de presentar a Juan Ramos López con dos abogados de plena confianza del exoficial mayor: su hijo Nicolas Zebadúa y el socio de este, Alfredo Murguía. Esto reforzó el apoyo con el que Zebadúa ya contaba desde 2018 por parte del despacho del abogado Juan Araujo.

El testigo narra que intermediarios del fiscal Ramos acudían regularmente a la oficina de Zebadúa en Tenysson 125, en la colonia Polanco de Ciudad de México, y a una casa ubicada justo a espalda de esta en la calle Eugenio Sue 98 (adquirida con recursos de la Estafa Maestra según los documentos entregados) para recoger pagos en efectivo, generalmente a las 11 de la noche. El responsable de poner el dinero en efectivo era Roberto Gómez, chofer, guardaespaldas y exfuncionario de toda la confianza de Zebadúa. Es la misma persona que los exfuncionarios que declararon ante la FGR identificaron como prestanombres del exoficial mayor.

Las entregas de recursos se hicieron con el cuidado necesario para no dejar rastro, de lo que sí hay evidencia documental es de la filtración de datos confidenciales que estaban bajo resguardo de los funcionarios coaccionados.

Por ejemplo, TOJIL comprobó que en julio de 2019 Zebadúa tuvo acceso preciso a datos que eran confidenciales. Supo el nombre de Teresa Maldonado, la agente del MP que integraba la indagatoria más avanzada en su contra , al número de la carpeta de investigación (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018), e incluso a la unidad y al escritorio en donde se encontraba radicada dicha agente, la 21 agencia investigadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Con esos datos la apoderada de Zebadúa, Patricia Mayte Lázaro, una exproveedora de la Oficialía Mayor de Sedatu, envió un oficio con carácter de urgente a un juzgado de amparo en Chiapas, quien le concedió una suspensión para que él no fuera judicializado. Esto ocurrió el 19 de julio de 2019, justo seis días antes de que la agente Maldonado enviara el caso a un juzgado.

La suspensión otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Tapachula era improcedente de acuerdo con jurisprudencias vigentes para ese momento, pero Murguía convenció al juez a través de un soborno en efectivo y un reloj de lujo que le llevó en un vuelo privado que salió de Toluca hacia dicha ciudad fronteriza, según lo narrado a TOJIL por el exintegrante del equipo del exoficial mayor.

A la postre funcionarios de ese juzgado serían sancionados por otra suspensión ilegal que concedieron al empresario Alonso Ancira por el caso Agronitrogenados, y que por meses obstaculizó su detención y permitió que se diera a la fuga.

Todo ello ocurrió mientras Emilio Zebadúa estaba en Canadá  quien gracias a las filtraciones sabía que había un riesgo de ser detenido, según lo narrado por el excolaborador a TOJIL. Hay un documento con su relación de vuelos que prueba que abandonó el país justo el 31 de mayo de 2019, cuando Juan Ramos Lopez aún no se hacía cargo del caso.

Otra evidencia de las filtraciones ocurrió con el caso de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciado en su contra y el de sus hermanos, luego de que la UIF detectó movimientos y pagos legalmente injustificables en las cuentas de todos ellos por más de 70 millones de pesos. Justo una semana antes de que la denuncia se presentara, el 4 de septiembre de 2019, Zebadúa promovió un amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la UIF.

En 2020 la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) decidió atraer el caso contra Zebadúa, sus hermanos y otros e integrar una nueva indagatoria. El exoficial mayor lo supo y, en marzo de 2020, él junto con su hermana Lourdes, obtuvieron una nueva suspensión en contra de una posible judicialización de este caso en su ya sobornado juzgado de Chiapas.

El broche de oro de los tiempos perfectos con los que actuó el exoficial mayor ocurrió el 19 de octubre de 2020, cuando este se presentó en la FGR junto con su abogado Alfredo Murguía, para presentar una declaración buscando un criterio de oportunidad ante el fiscal Mario Bulmaro, que como ya se dijo era parte del equipo implicado en los sobornos liderado por Mónica Martel y Juan Ramos. El testimonio, según el excolaborador de Zebadúa entrevistado por TOJIL, narraba hechos imprecisos y falsos. 

La historia que cuenta Zebadúa esconde el rol de todos los integrantes de su equipo y apunta justo a quienes habían declarado en su contra. Hay equivocaciones tan elementales como el cargo de funcionarios. Dice, por ejemplo, que María de la luz Vargas fue directora de comunicación social de Sedatu, cuando en realidad nunca trabajó en esa dependencia sino en la Sedesol, donde fue Directora General de Geostadística.

Pero lo que importaba al exoficial mayor no era la precisión sino el blindaje. Justo un día después de esa declaración, el 20 de octubre, la FEMDO preguntó a Martel si había criterios de oportunidad en el caso de la Estafa Maestra. La fiscal respondió ese mismo día con una lista de cinco nombres, cuatro de los que habían solicitado dicho beneficio en 2019, más el de Zebadúa que había declarado un día antes.

Diez días más tarde, el 30 de octubre, un fiscal de la FEMDO solicitó a un juez en Almoloya una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles y otros por este caso. Pero en el oficio ministerial presentado al juez ya no aparecía ni Zebadúa ni sus hermanos, quienes ni siquiera declararon. Y con ello se borró la ruta del dinero desviado.

La orden y la otra corrupción ocultas

El equipo de FEMDO (antes SEIDO) que integró la referida indagatoria por lavado y delincuencia organizada estaba a cargo del entonces fiscal, Federico Amezcua Ornelas. Fue él quien pidió la orden en la que ya no aparecía Zebadúa. Su superior era Ancelmo Mauro, el entonces jefe de la unidad antilavado de dinero de la FEMDO.

Excluir a Zebadúa no fue la única irregularidad del caso. Pese a que el juez sí concedió la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, quien en ese momento estaba en prisión preventiva y localizable en el penal de Santa Martha por los cargos iniciales de omisiones en su contra, Amezcua y sus jefes simplemente no la ejecutaron. 

En un informe justificado enviado a un juez federal como resultado de un amparo que promovió Robles (todos documentos de los que TOJIL tiene copia) la FEMDO rechazó que existiera dicha orden de aprehensión, lo que no era cierto. El juez que la otorgó informó que si existía y le mandó la copia al juez de amparo.

En diciembre de 2022, aun sin cumplimentar la orden en contra de Robles, el fiscal Amezcua y su jefe renunciaron a sus cargos en la FGR. Una fiscal de alto nivel y otra fiscal, excompañera de Amezcua en la misma unidad, confirmaron a TOJIL que en realidad fueron despedidos como resultado de múltiples denuncias y quejas de corrupción que existía en su contra.

De la salida de Amezcua y compañía de la FEMDO no hubo anuncios oficiales pese a que estos estaban a cargo de algunos de los casos de corrupción más relevantes del sexenio. TOJIL pudo confirmar gracias a solicitudes de transparencia, y con el apoyo del pleno del INAI que revocó varias negativas, que estos salieron de la fiscalía en la fecha ya referida y que, en el caso de Amezcua, este trabajó durante más de un año en la Procuraduría fiscal de la Secretaría de Hacienda.

Se preguntó expresamente a la FGR si existían denuncias o investigaciones internas en contra de Amezcua o de Ancelmo Mauro, pero la fiscalía dijo que no podía dar ninguna respuesta pues era información bajo reserva.

Una nueva consulta hecha por TOJIL en Nómina Transparente el 15 de mayo de 2024 muestra que Amezcua, el mismo que no ejecutó la orden de aprehensión más importante de la Estafa Maestra y que salió por quejas de corrupción, ocupa ahora el cargo de Director General para la Reconciliación y la Justicia en la Secretaria de Gobernación.

Encubrimiento, mentiras oficiales y pobres resultados

La FGR que encabeza Gertz Manero encubre, hasta la fecha, la existencia de las indagatorias iniciadas en contra de Zebadúa y la petición de un criterio de oportunidad. Los documentos oficiales y ministeriales lo prueban.

El 14 de julio de 2023 TOJIL envió una solicitud de información a la FGR en la que se solicitó conocer el número de carpetas de investigación iniciadas en contra de Emilio Zebadúa, el estatus en el que se encontraba cada una de ellas, y si se le concedió un criterio de oportunidad por alguno de estos casos. 

La fiscalía de Gertz Manero respondió que no podía proporcionar nada de esta información por ser reservada. Derivado de ello se promovió un recurso de queja que quedó registrado con el número RRA 11474/23. El Pleno del INAI revocó la negativa de la fiscalía y le ordenó a la FGR proporcionar toda la información solicitada dado que se trataba de un caso de interés público y donde no aplica la reserva por ser un hecho de corrupción.

En supuesto acatamiento a esta instrucción la FGR proporcionó una respuesta oficial bajo el oficio FGR/UETAG/000083/2024 fechado el pasado 11 de enero de 2024, en donde responde a cada uno de los cuestionamientos sobre Zebadúa con la frase: “no se localizaron expresiones documentales” respecto a lo solicitado. Dicho de otra forma: que no hay o no existen las indagatorias ni la solicitud de criterio de Zebadúa.

La respuesta institucional de la FGR falta a la verdad. Los documentos de las carpetas de investigación de los que TOJIL tiene copia lo prueban. 

Por ejemplo, en el oficio FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/17600/2020 del CENAPI-FGR se detalla la existencia de doce carpetas de investigación y averiguaciones previas tanto en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, así como en la SEIDO hoy FEMDO, en las que el imputado es Emilio Zebadúa. Todas ellas iniciadas entre los años 2015 y 2019.

Mientras que el oficio UEIDCSPCAJ/2020 firmado por la fiscal Mónica Martel el 20 de octubre de 2020 da cuenta de la existencia de la solicitud de criterio de oportunidad de Emilio Zebadúa.

TOJIL también pidió a la FGR conocer el estatus de los casos impulsados por la Estafa Maestra, es decir, cuántas indagatorias hay, por cuales delitos, cuantas se han judicializado, y cuánto dinero se ha recuperado. Pese a ser datos estadísticos la FGR intentó, otra vez, no informar y clasificar la información como reservada. Al resolver el recurso de queja RRA 11472/23, el INAI ordenó que se diera respuesta a ello.

En acatamiento a la instrucción del INAI la FGR envió el oficio número FGR/UTAG/DG/007635/2023 con una respuesta parcial. En la misma solo informa que ha logrado judicializar exitosamente 23 casos dando paso a los respectivos procesos, de los cuales 22 son por delitos de uso indebido de atribuciones/ejercicio indebido del servicio público, y otro más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (que es el caso donde fue excluido Zebadúa y donde se obtuvo la orden no cumplimentada a Rosario Robles).

La fiscalía no reporta un solo caso judicializado por el delito de peculado o de enriquecimiento ilícito. 

Y a la pregunta de cuantos recursos se han conseguido recuperar de la Estafa Maestra transcurrida la mayor parte de este sexenio, la respuesta institucional de la Fiscalía es que “no se localizó información al respecto”. Entiéndase: cero.

Textos complementarios

La transacción al detalle: