De forma inexplicable, la Fiscalía General de la República y el gobierno de México se tardaron cuatro años en enviar a Canadá la solicitud de extradición del empresario Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, e implicado en los millonarios desvíos de recursos en dicha entidad.

El portal Notitia Criminis publicó que desde 2016, cuando se giró la orden de arresto contra Mansur, las autoridades sabían que este se encontraba en Canadá, pero fue hasta 2020 cuando se envió la solicitud formal de extradición. A casi ocho años de todo ello dicha extradición no se ha concedido.

El juicio contra Mansur, que no puede arrancar si no lo extraditan, es clave para conocer el destino de al menos una parte de los recursos desviados. Además, la FGR perdonó a otro implicado clave en el caso, el extesorero de Veracruz Antonio Tarek Abdalá, a cambio de que comparezca en el juicio contra el empresario que no ha podido llevarse a cabo.

Fuente: https://notitiacriminis.mx/justicia/nacional/6929/ 

Monto: El monto de los recursos federales desviados en Veracruz supera los 60 mil millones de pesos.

Implicados: El empresario Moisés Mansur Cysneiros, amigo y presunto operador del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Impacto: El dinero desviado en Veracruz, que no ha sido recuperado, estaba destinado a sectores clave como educación, desarrollo social, seguridad, protección civil y salud.

Difusión: Nota difundida en exclusiva en el portal Notitia Criminis.

A la FGR se le cayó otro caso más relacionado con la Estafa Maestra sin haber llegado al juicio. Un juez federal anuló la orden de aprehensión girada en contra del exrector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEMOR), Jesús Vera Jiménez, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con las investigaciones, Vera firmó un convenio por 77 millones de pesos con la entonces Sedesol por servicios que fueron simulados. La FGR planteó que el exrector presuntamente se coludió con funcionarios, entre ellos la extitular de Sedesol, Rosario Robles, para desviar el dinero público y lavarlo con empresas fantasma.

Sin embargo, durante más de dos años la Fiscalía fue incapaz – por incompetencia u omisión – de encontrar a Vera y detenerlo. Ahora ya no será posible pues un juez de amparo anuló la orden al concluir que el caso carece de pruebas o indicios que justifiquen una imputación por los delitos señalados.

Fuente: https://www.reforma.com/invalidan-orden-de-arresto-contra-ex-rector-por-estafa/ar2743604 

Implicados: El exrector de la UAEMOR, Jesús Vera Jiménez, en presunta complicidad con exfuncionarios de la Sedesol encabezados por Rosario Robles, así como varias empresas fachada.

Monto: El convenio en específico por el que se acusó al exector era de 77 millones de psos.

Impacto: Los recursos afectados correspondían a programas sociales clave del sexenio pasado, como la llamada cruzada contra el hambre.

Difusión: Por lo menos 9 portales y medios, entre ellos Reforma y Proceso, dieron seguimiento a esta información.

En una nueva entrega de su investigación sobre el presunto tráfico de influencias en la asignación de contratos a nivel federal, LatinUs informó que el jefe de ayudantes del presidente, Daniel Asaf, es quien organiza y coordina las reuniones con privados en la que se adelanta y/o acuerdan detalles de contratos relacionados con obras del Tren Maya y también con la adquisición de medicamentos.

El reportaje muestra, entre otros datos, una grabación de un empresario cercano a los hijos del presidente, quien presume que es Asaf (a quien apoda El Gallo) el que opera las reuniones con ellos, y el que organiza y distribuye los contratos en sectores clave, y reconoce que es “el que manda”.

Cuestionado sobre estos hechos el presidente lo negó y acusó de una campaña para querer afectarlo. No se conoce de una investigación oficial al respecto.

Fuente: https://latinus.us/2024/01/17/el-clan-daniel-asaf-el-brazo-derecho-de-amlo-que-enlaza-la-red-de-trafico-de-influencias-de-los-hijos-del-presidente/ 

Monto: Por lo menos 250 millones en utilidades obtenidas por los supuestos arreglos con Asaf e hijos del presidente.

Implicados: El jefe de la Ayudantía del presidente, Daniel Asaf.

Impacto: Posibles pérdidas al no buscar empresas que otorguen las mejores condiciones para los servicios contratados.

Difusión: La nota fue publicada por LatinUs, reproducida por medios como Aristegui y El Universal retomada por más de 50 medios incluida la posterior reacción del presidente.

Un reportaje publicado por Aristegui Noticias documenta que la millonaria deuda que dejó la cancelación anticipada del nuevo aeropuerto que se construiría en Texcoco, y que se estima superior a los 196 mil millones de pesos, se está financiando con el dinero que los pasajeros del AICM pagan por concepto de Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

Lo anterior, de acuerdo con expertos consultados para el reportaje, sería ilegal y un potencial peculado, ya que la Ley de Aeropuertos y su reglamento establecen que el TUA debe destinarse para garantizar el correcto mantenimiento y modernización del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y no para fines ajenos a eso como está ocurriendo.

Pero también es peligroso pues se están dejando de invertir los recursos necesarios para garantizar la seguridad de esta terminal aérea, que es la de mayor flujo del país. El subdirector de finanzas del AICM, señaló que hay preocupación de un accidente serio pues aun cuando el gobierno ha tenido que destinar recursos extra para el déficit en mantenimiento, no es suficiente.

Fuente: https://aristeguinoticias.com/2101/investigaciones-especiales/pasajeros-del-aicm-financian-desvio-de-196000-mdp-con-tua/ 

Monto: Un total de 35 mil 780 millones de pesos es lo que hasta ahora se ha pagado del adeudo con recursos del TUA.

Implicados: Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que autorizaron el uso del TUA para cubrir el adeudo en 2019, entre ellos Carlos Urzua quien era el titular, y Arturo Herrera, quien era el subsecretario.

Impacto: Además del daño económico al AICM por los recursos que no están llegando, se genera una situación de riesgo por falta de inversión en temas como mantenimiento y modernización.

Difusión: Tras su publicación en Aristegui noticias y la mención en su noticiero de radio, el artículo fue retomado en al menos ocho medios y espacios de noticias en radio-

El año pasado terminó la vigencia de un millonario contrato bianual por servicios informáticos que el Banco del Bienestar firmó con una empresa llamada Sixsigma Networks México, y que según auditorias federales fue adjudicado con irregularidades en el procedimiento, y con incumplimientos durante el desarrollo el mismo.

Pero la nueva empresa contratada llamada Triara, filial de Telmex, también acarrea un historial previo de fallas y anomalías. Por ejemplo, de un contrato previo con la Secretaría de Salud los auditores federales identificaron fallas e incumplimientos que dejaron pérdidas cercanas a los ocho millones de pesos.

Pese a que dichas anomalías no se han solventado la empresa logró beneficiarse con este nuevo contrato que supera los 3 mil 262 millones de pesos.

Fuente: https://notitiacriminis.mx/justicia/nacional/6837/ 

Monto: Las anomalías no solventadas de Triara ascienden a 7 millones 961 mil pesos.

Implicados: La empresa Triara.com S.A. d C.V., y los funcionarios del Banco del Bienestar responsables del procedimiento de contratación.

Fuente: Información dada a conocer en exclusiva por El Universal.

Pese a que no cumplió con las fechas del acuerdo reparatorio firmado hace casi tres años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se negó a reactivar el proceso penal en contra del empresario Alonso Ancira y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados. 

En una audiencia judicial, Pemex y Hacienda indicaron que preferían alargar los plazos de pago, aun cuando esto era en perjuicio del Estado, con el argumento de que era mejor esperar a que la empresa Altos Hornos – de la que Ancira era presidente- recibiera nueva inversión y con ello pagar el adeudo y, a su vez, preservar fuentes de empleo.

La decisión es un nuevo revés para la FGR que había pedido que se activara el proceso contra Ancira y que, en todo caso, la reparación del daño se resolviera en el juicio. Pero el juez dijo que el juicio no podía reanudarse si la víctima, en este caso el gobierno, se oponían.

Fuente: https://notitiacriminis.mx/justicia/nacional/6837/ 

Monto: 100 millones de dólares es el pago que Ancira ni Altos Hornos han cubierto.

Implicados: Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México; Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Impacto: El Estado sigue sin recuperar las económicas sufridas por la inversión fallida en Agronitrogenados.

Difusión: Al menos ocho medios reprodujeron esta información.

Por litigarlo en la instancia equivocada el gobierno federal no pudo sostener las sanciones económicas e inhabilitación que había impuesto a dos laboratorios, Dicipa y Valtrum, que presuntamente se coludieron con otros para obtener en 2016 contratos en el IMSS e ISSSTE por 469 millones de pesos.

Un juez anuló todo el proceso tras concluir que por la gravedad del tema y tras una reforma legal de 2015 el caso debió denunciarse y resolverse en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no quedarse en el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública, como finalmente ocurrió.

El caso se suma al de otro laboratorio implicado en el mismo caso llamado Instrumentos y Equipos Falcón S.A. de C.V., que sí llegó al referido tribunal, pero el gobierno lo perdió. Los detalles fueron reportados en El Corruptómetro 55.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2024/01/12/libra-sanciones-red-de-laboratorios-nacional/ 

Monto: La sanción que se había impuesto y fue anulada era de poco más de 100 millones de pesos.

Implicados: Los laboratorios Dicipa y Valtrum. Del lado del gobierno el IMSS, el ISSTE y la SFP.

Impacto: La colusión habría derivado en un ejercicio inadecuado de recursos del sector salud, que son prioritarios ante la alta demanda de pacientes y las carencias, en muchos casos, de medicamentos suficientes.

Difusión: Nota publicada por reforma y retomada por al menos 12 medios y portales.

La exdirectora de la agencia Notimex, Sanjuana Martínez, denunció que la Secretaría del Trabajo presuntamente le pidió desviar recursos públicos a favor de la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia. En concreto, destinar 30 millones de pesos de las indemnizaciones que se pagarían a trabajadores de confianza para canalizarlos a ese movimiento político.

Lo anterior, según los dichos de Martínez, ocurrió con el presunto aval de la exsecretaria del Trabajo y actual Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. La periodista acusó además que el padre de dicha funcionaria, Arturo Alcalde, negoció en complicidad con esta una indemnización desproporcional en favor de los trabajadores sindicalizados a los que representaba.

La Secretaría del Trabajo respondió negando que se hayan condicionado apoyos con fines electorales o se hayan autorizado indemnizaciones indebidas. También Claudia Sheinbaum e incluso el presidente negaron estos hechos. Opositores presentaron una denuncia ante la FGR para que se investigue el tema.

Fuente: https://elpais.com/mexico/2024-01-10/una-acusacion-de-sanjuana-martinez-sobre-sobornos-en-el-gobierno-salpica-la-campana-de-sheinbaum.html y https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/10/politica/rechaza-la-stps-aseveraciones-de-sanjuana-martinez-sobre-notimex-3908 

Monto: Hasta 30 millones de pesos que presuntamente se exigieron con fines electorales, y más de 250 millones en indemnizaciones supuestamente ilegales.

Implicados: La exsecretaria del Trabajo y titular de Segob, Luisa María Alcalde; el padre de esta Arturo Alcalde, y el actual secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

Impacto: Recursos del Estado supuestamente desviados con fines electorales.

Fuente: Más de 80 medios y espacios informativos reprodujeron los dichos de Martínez y las primeras reacciones.

El 11 de enero Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó que, para las obras de rehabilitación del Malecón de Villahermosa, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) contrató a “Brick Contratistas”, empresa creada justo en este sexenio y ligada a Luis Doporto, un experto en ocultar fortunas en paraísos fiscales.

Doporto, cuyas empresas han aparecido en investigaciones como “Panama Papers” y “Paradise Papers”, creó Brick Contratistas junto con otros empresarios ligados a “Grava y Arena”, propiedad de Hugo Buentello Carbonel, un exfuncionario de Segalmex que también es amigo de Andrés Manuel López Beltrán, otro de los hijos del presidente.

Según el reportaje, el contrato se dio de una forma inusualmente exprés pues entre la publicación de la licitación y la presentación de propuestas solo se dieron 7 días, contradiciendo la ley que establece que deben pasar al menos 20 días. Solo alcanzaron a inscribirse 3 empresas y se seleccionó a Brick Contratistas pese a que incumplió con un plazo del procedimiento y a que su propuesta era la más cara.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/sedatu-contrata-a-expertos-en-ocultar-fortunas-e-invertir-en-paraisos-fiscales/ 

Monto: Alrededor de 400 millones de pesos fue el monto adjudicado a la empresa cuestionada.

Implicados: Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO; su amigo Hugo Buentello Carbonel, también empresario y dueño de la marca Grava y Arena; la empresa Brick Contratistas; Luis Doporto, empresario ligado con paraísos fiscales; y los funcionarios de Sedatu ligados al proceso de contratación.

Impacto: Otro caso más donde recursos destinados a obras prioritarias se usan en condiciones que no son las mejores con tal de favorecer a empresarios cercanos a hijos del presidente.

Difusión: La historia fue publicada por MCCI y retomada por al menos 20 medios electrónicos y espacios informativos.

Un nuevo reportaje publicado por LatinUs reveló que gracias a la posible intermediación de Gonzalo López Obrador (uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador) un empresario se ha visto favorecido con millonarios contratos para diversas obras relacionadas con el Tren Maya.

En el reportaje se exhiben audios del referido empresario, Amílcar Olán, quien presume que gracias a sus contactos con “Bobby” (como conocen sus cercanos al hijo del presidente) ha obtenido ganancias por más de 250 millones. Detalla que es el hijo del presidente el que les adelanta información de los materiales o servicios que se van a contratas, y quienes podrían verse beneficiados.

No es un caso aislado. En corruptómetros previos se incluyen reportajes de LatinUs y otros medios que documentan como Amilcar u otros cercanos a los hijos del presidente han sacado provecho de esa amistad para obtener contratos públicos, a veces con empresas fachada y disparando sus ganancias justo en este sexenio.

Fuente: https://latinus.us/2024/01/09/el-clan-red-negocios-trafico-influencias-operada-gonzalo-bobby-lopez-beltran-tren-maya/ 

Monto: Beneficios por más de 250 millones de pesos según lo que presume el empresario.

Implicados: El empresario Amílcar Olán y Gonzalo López Obrador (uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador).

Impacto: Posibles pérdidas al no buscar empresas que otorguen las mejores condiciones para los servicios contratados.

Difusión: La nota fue publicada por LatinUs, reproducida por medios como Aristegui y El Universal retomada por más de 50 medios incluida la posterior reacción del presidente.

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