Un juez federal dictó sentencia condenatoria definitiva en contra de una exfiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la ya desaparecida PGR, tras comprobarse que inventaba órdenes de aprehensión para detener a personas a las que luego les exigía dinero para liberarlas.

Se trata de Erika de León Rodríguez, a quien se le impuso una pena de 50 años de cárcel. Los fiscales consiguieron probar que dicha exfuncionaria, aprovechando su cargo en la unidad antilavado, le exigió hasta un millón de pesos al dueño de un lote de vehículos detenido ilegalmente.

Este caso forma parte de varias investigaciones y procesos que hay en contra de diversos exfuncionarios de la SEIDO (hoy FEMDO). Apenas en diciembre pasado aproximadamente 20 agentes y fiscales fueron retirados de la institución bajo sospechas de posible corrupción. Las indagatorias siguen en marcha.

Fuente: https://www.milenio.com/policia/50-anos-a-ex-funcionaria-de-la-seido-por-secuestro-erika-de-leon y https://notitiacriminis.mx/justicia/nacional/4963/ entre otros.

Implicados: Erika de León Rodríguez, exfical de la unidad antilavado de la SEIDO. Al menos 20 exfuncionarios más de la misma área de la FGR que siguen bajo investigación.

Monto: Un millón de pesos es el monto de la extorsión exigida y parcialmente pagada por la víctima para recobrar su libertad.

Impacto: NA

Difusión: Más de 25 medios de comunicación dieron seguimiento a la sentencia referida. Notitia Criminis aportó el dato del seguimiento de las investigaciones en contra de otros exfuncionarios.

El diario Reforma publicó una investigación de Bloomberg en la que afirma que intermediarios coludidos con funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) estarían cobrando comisiones de hasta un 12 por ciento a proveedores a los que la empresa les Estado les debe recursos, con la finalidad de que se agilicen los trámites de pago.

Se trata de un “negocio” ilegal que ha crecido en los últimos años al amparo de la elevada deuda que Pemex tiene con múltiples proveedores que ya supera los 15 mil millones de dólares. El foco de estas extorsiones serían empresas pequeñas o medianas donde el pago de Pemex se vuelve vital para su operación. 

Los proveedores entrevistados señalaron que las comisiones que les exigen van de un 6 hasta un 12 por ciento del valor de la factura que se adeuda, dinero que se estaría repartiendo entre el “coyote” y el funcionario que recibe el soborno. 

Fuente: https://www.am.com.mx/nacional/2023/7/20/hay-mucha-corrupcion-que-puede-pasar-desapercibida-negocian-coyotes-adeudos-de-pemex-669356.html 

Implicados: Intermediaros no identificados y funcionarios de la administración del director General de Pemex, Octavio Romero.

Monto: Se cobran comisiones ilegales de hasta un 12% del monto total de las facturas cuyos pagos se “agilizan”. Pemex tiene adeudos con proveedores que superan los 15 mil millones de dólares.

Impacto: Presiones para empresas pequeñas y medianas cuya subsistencia depende de la cobertura de los adeudos de Pemex.

Difusión: La investigación de Bloomberg fue retomada en la primera plana de Reforma. Al menos una decena de medios más, entre ellos Aristegui Noticias, compartieron o replicaron posteriormente la información.

El esclarecimiento, castigo y reparación de los actos de corrupción en los que incurrió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sigue alargándose. Esto pese a que los procesos abiertos en su contra cumplen ya tres años de haberse iniciado.

Y es que ahora el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido a Lozoya garantizar un pago de al menos 30 millones de dólares para avanzar en la firma de un acuerdo reparatorio por los casos Odebrecht y Agronitrogenados. Monto que según la UIF corresponde a las pérdidas que sufrió Pemex por los contratos que fueron impulsados el sexenio pasado.

Pero la nueva cifra ha generado cuestionamientos. De entrada, el juez responsable dijo no tener claro cómo se había hecho ese cálculo, lo que sumado a la ausencia de la FGR en todo el procedimiento de negociación le llevo a suspender, nuevamente, la audiencia intermedia del caso Agronitrogenados.

La defensa de Lozoya considera que el pago exigido es ilegal e improcedente pues no se sustenta en ningún peritaje técnico ni jurídico y, en consecuencia, estiman que el juez no lo aprobaría. De hecho, en plena audiencia calificaron como una “extorsión” la exigencia de este monto.

Además, hay especialistas y penalistas que consideran improcedente la firma de un acuerdo reparatorio. Por ejemplo, TOJIL envió un “amicus curiae” al juez en el que enumera distintas razones por las cuales no puede aplicarse esta vía alterna en estos casos, y advirtieron incluso responsabilidades del Poder Judicial en caso de aprobarlo.

Esta es la décima ocasión en que el caso de Emilio Lozoya aparece en el corruptómetro semanal de TOJIL. Junto con Segalmex es uno de los casos más recurrentes. El común denominador es la sucesión de hechos e irregularidades que han perpetuado la impunidad en uno de los casos de corrupción más graves de los últimos años.

Fuente: https://elpais.com/mexico/2023-07-19/el-gobierno-pide-30-millones-de-dolares-a-emilio-lozoya-por-el-caso-agronitrogenados.html y https://notitiacriminis.mx/justicia/nacional/4967/ 

Implicados: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Monto: Las pérdidas para Pemex tan solo por el caso Agronitrogenados superan los 700 millones de dólares.

Impacto: Sveras pérdidas para la principal empresa productiva del Estado que acumulan años sin ser reparadas cabalmente.

Difusión: Más de 50 medios nacionales e internacionales dieron cobertura tanto a la audiencia de Lozoya, así como a las reacciones posteriores.

Contratos en los que no hay un solo documento público disponible pese a que por ley es obligatorio transparentarlos; procesos en los que las empresas contratadas carecían de cualquier tipo de experiencias para desempeñar los servicios; o proveedores que siguen recibiendo recursos y contratos pese a estar sancionados…

Lo anterior son algunos de los hallazgos de una investigación publicada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la que se analizaron todas las contrataciones públicas hechas por el gobierno federal en el primer semestre de 2023. El trabajo identifica como especialmente graves los contratos con irregularidades vinculados con el sector salud.

Destacan casos como el del proveedor World Diagnostics SA de CV que recibió más de 100 millones de pesos en contratos del IMSS justo en el mismo año en que la empresa fue constituida, lo que implica riesgos que pueden afectar los servicios de salud por la falta de experiencia de la empresa adjudicada. 

La empresa Casanova Vallejo S.A. de C.V. fue inhabilitada por incumplir con un servicio sobre ambulancias, pero aun así ha ganado 100 millones de pesos en otras adjudicaciones posterior a ello. Logística Médica de Occidente S.A. de C.V fue inhabilitada por mentir en una contratación, y aun así recibió otros 6 contratos este año para abastecer de medicamentos vs el Parkinson.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/nuestro-dinero/asi-contrata-el-gobierno/contratos-de-salud-ineficaces-e-ilegales-las-compras-publicas-del-primer-semestre-de-2023/ 

Monto: Tan solo los contratos donde no hay documentos o los proveedores fueron adjudicados irregularmente suman más de 2 mil 200 millones de pesos.

Implicados: La administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Impacto: Incumplimiento inadecuado de servicios lo que resulta especialmente riesgoso en los contratos relacionados con servicios de salud.

Difusión: Este fue un trabajo exclusivo publicado por la organización MCCI en su portal.

Jesús Manuel Esparza Flores, quien se desempeñó como Auditor Superior del estado de Chihuahua durante la mayor parte del sexenio del entonces gobernador de la entidad, Cesar Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado. 

Esto luego de que la Fiscalía Anticorrupción del estado acusó a Esparza – quien hace unos meses dijo que se había  unido al equipo de abogados de Duarte – de un desvío superior a los cinco millones de pesos que terminó en las cuentas de sus familiares.

Un juez de control analizó la imputación y consideró que sí existen datos de prueba suficientes para iniciar el proceso en contra de dicho funcionario, el cual autorizó la salida de los recursos para la supuesta contratación de unos cursos de capacitación que, en realidad, solo se habrían simulado.

Este caso se enmarca en una serie de investigaciones que se siguen actualmente en contra de exfuncionarios de Chihuahua, principalmente de la administración de Cesar Duarte. A ello se suman hechos posiblemente irregulares relacionados con la actual administración de la gobernadora Maru Campos. En seis ediciones previas del corruptómetro se han reportado estos casos.

Fuente: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/vinculan-a-ex-auditor-en-chihuahua-por-peculado-de-5-mdp/ar2641416 

Implicado: El exauditor Superior del estado de Chihuahua, Jesús Manuel Esparza Flores.

Monto: 5 millones 260 mil pesos es el monto del posible peculado.

Impacto: Posible corrupción de un funcionario a cargo de una de las instituciones claves en la investigación de hechos de este tipo a nivel estatal.

Difusión: Reforma, La Jornada, El Heraldo y al menos 15 medios más estatales y nacionales replicaron esta información.

Glen Villarrreal Zambrano, exdirector de Comunicación Social del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y actual líder del partido Movimiento Ciudadano en dicho estado, está vinculado con una mega red de empresas fantasma que opera en el estado y con las cuales se, presume, se podrían haber desviado recursos o realizado operaciones de lavado de dinero, entre otros ilícitos.

De acuerdo con lo revelado por los medios del Grupo Reforma, Villarreal constituyó en 2017 la empresa BMDI con la cual ha registrado operaciones con otras 17 compañías por más de 25 millones de pesos. Las referidas empresas, a su vez, están vinculadas con otras cien que, se presume, simulan y facturan las operaciones que llevan a cabo.

El reportaje publicado revela el común denominador detrás de estas compañías: fueron creadas hace poco tiempo y algunas ya están disueltas; la mayoría de los socios no son empresarios sino personas de bajos recursos o sin ningún perfil empresarial; muchas fueron creadas en el mismo día o incluso ante el mismo notario, entre otras.

Fuente: https://www.reforma.com/glen-villarreal-usa-megarred-de-factureras/gr/vi171074?ap=1 

Implicado: Glen Villarreal Zambrano, secretario General de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y exdirector de Comunicación Social de la administración del gobernador Samuel García. La empresa BMDI S.A. de C.V. y una red de otras 106 compañías fachada.

Monto: Más de 25 millones de pesos en operaciones posiblemente simuladas. 

Impacto: El origen de los recursos sigue bajo investigación.

Difusión: Nota publicada por los medios del Grupo Reforma y retomada por al menos cinco medios más locales.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que en el 2022 aumentaron los riesgos de corrupción al momento de hacer compras públicas en 184 dependencias e instituciones federales. Se trata de más del 70 por ciento de todos los entes públicos que conforman el Gobierno Federal.

Al revelar los resultados de su Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2023, el IMCO documenta que en un periodo de un año crecieron las prácticas que obstaculizan la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley en 7 de cada 10 entes federales. De todas las dependencias Birmex es la que lidera en el nivel de riesgo de prácticas corruptas.

Entre esas prácticas se encuentra, por ejemplo, el crecimiento de adjudicaciones directas o invitaciones cerradas sobre licitaciones públicas; falta de transparencia en cuanto a la publicación de los contratos o ligas rotas en el sistema Compranet; retrasos en las fechas de los procedimientos; o contratación de proveedores dudosos.

El índice publicado por el IMCO documenta que en 2022 las instituciones y dependencias federales adjudicaron dos millones 500 mil pesos a empresas fantasma, 107 millones 868 mil a empresas sancionadas y tres mil 474 millones a empresas de reciente creación.

Fuente: https://imco.org.mx/indice-de-riesgos-de-corrupcion-2023/ 

Implicados: 184 instituciones federales dependientes o desconcentradas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Birmex es la que lidera en factores de riesgo,

Monto: Tán solo en lo referente a contratación de proveedores de riesgo el monto supera los 3 mil 500 millones de pesos.

Impacto: NA

Difusión: Los resultados del estudio del IMCO publicado este 17 de julio ya habían sido retomados por al menos 15 portales distintos.

Una cadena de irregularidades en la investigación de un supuesto fraude con recursos del Infonavit tuvo como desenlace la cancelación de dos órdenes de aprehensión giradas en contra del empresario Rafael Zaga y su hijo, Elías Zaga, a los que la Fiscalía General de la República (FGR) responsabilizaba de diversos ilícitos.

Los tres magistrados determinaron de forma unánime que la FGR no pudo probar ni siquiera de forma inicial que realmente se hubiera cometido delito alguno y menos que los Zaga fueran responsables. Las órdenes judiciales no debieron haberse concedido desde un inicio.

Se trata del colofón de diversas anomalías y hasta posibles extorsiones denunciadas en el tema Infonavit. El asunto cobró relevancia pública luego de que el fiscal, Alejandro Gertz Manero, intentó entregar al gobierno un cheque con recursos supuestamente recuperados por este caso, los cuales no se pudieron cobrar pues se habían obtenido sin cumplir con el marco legal.

La defensa de Rafael Zaga sostuvo que dicho dinero provenía de un acuerdo ilícito al que accedieron otros implicados en esta trama como resultado de las supuestas presiones del fiscal General. Un acuerdo al que no accedió Rafael, lo que según sus abogados provocó la persecución penal en su contra que derivó en las órdenes de aprehensión ahora canceladas por determinación del tribunal colegiado.

Fuente: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/tumban-caso-telra-infonavit/ar2639434 

Implicados: El equipo responsable de la investigación liderado por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero. Los supuestos responsables del fraude eran los empresarios Rafael Zaga, y los hermanos Andrés y Max El Mann, así como la empresa Telra Reality. Esto además de exfuncionarios del Infonavit que en su momento obtuvieron criterios de oportunidad.

Monto: En total se investigaba un posible quebranto y malos manejos superior a los dos mil millones de pesos.

Impacto: Quedó en el aire el esclarecimiento de un posible quebranto que afectó el presupuesto del Infonavit.

Difusión: Reforma publicó la resolución del tribunal. Después al menos 8 medios y portales retomaron la información.

Dos años después de concluido su mandato, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, enfrenta las primeras investigaciones penales por malos manejos durante su administración. En concreto, la FGR indaga el posible desvío de más de dos mil millones de pesos provenientes de participaciones federales en 2020.

Las indagatorias se iniciaron a partir de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, se adelanta, serían el punto de arranque de varías más debido a que el gobierno de Aureoles acumula casi 300 observaciones hechas por la auditoría, por un monto que supera los 30 mil millones de pesos.

De hecho, la administración estatal que encabezó el hoy aspirante a la candidatura presidencial del frente de oposición es la segunda con el mayor volumen de recursos posiblemente desviados según los registros de la ASF, solo superado por el gobierno que encabezó Javier Duarte en Veracruz.

Fuente: https://notitiacriminis.mx/justicia/nacional/4926/ 

Implicados: La administración de Silvano Aureoles en Michoacán.

Monto: Más de dos mil millones en recursos posiblemente desviados de acuerdo con las denuncias de la ASF ante la FGR.

Impacto: Los recursos desviados provienen de fondos que estaban destinados para servicios de primera necesidad, entre ellos programas de salud y de obra pública.

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva en el portal Notitia Criminis el 17 de julio.

La muerte de una niña de seis años en un elevador del Hospital General de Zona número 18 del IMSS en Playa del Carmen destapó una cadena de irregularidades y posible corrupción detrás de los contratos públicos que la empresa responsable ha recibido a nivel federal y en varios estados.

Animal Político publicó que lavcompañía en cuestión, Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México, SA de CV (SITRAVEM), está vinculada con otras tres compañías y proveedores que han simulado competencia entre sí para ganar contratos no solo en el IMSS sino también en el Instituto de Salud del estado de México (ISEM).

SITRAVEM es una empresa constituida apenas en 2019, con un domicilio fiscal no localizable, y que apenas ocho meses después ganó su primer contrato sin licitación de por medio, aun y cuando carecía de experiencia alguna en temas de elevadores. A la fecha suma más de 30 millones de pesos recibidos en contratos.

Emeequis reveló además que los socios de la empresa tienen un historial de irregularidades y sanciones y aun así han recibido diversos contratos, casi siempre por adjudicación directa.

La cobertura periodística después del fatal accidente también ha mostrado irregularidades y subejercicios en la forma en como el IMSS ha ejercido los recursos etiquetados para trabajos correctivos en sus ascensores, situación que se agrava por el pésimo estado en que estos se encuentran en diversos hospitales.

Fuente: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/socios-de-sitravem-obtienen-67-millones-en-contratos-a-pesar-de-sancion y https://www.animalpolitico.com/politica/empresa-muerte-nina-imss-simula-competencia entre otras.

Implicados:  Los funcionarios del IMSS, ISEM y de otras dependencias que estaban a cargo de las contrataciones. Del lado de los proveedores la empresa SITRAVEM y otras compañías ligadas a sus accionistas Édgar Gutiérrez Esquivel, Eduardo Ramírez Malváez, Leonardo Daniel Cruz Barragán y Juan Antonio Soto del Hoyo.

Monto: Tan solo la empresa contratada recibió más de 30 millones de pesos en contratos. Los accionistas han sido favorecidos con más de 60 millones con esta y otras compañías.

Impacto: Las irregularidades detrás del servicio que debía proveer la empresa involucrada ya le costaron la vida a una niña de 6 años, y han puesto en riesgo a múltiples usuarios de los ascensores en los hospitales públicos.

Difusión: Más de cien medios distintos han dado cobertura y seguimiento a este tema.

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