El gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, pagó casi 120 millones de pesos para construir un “Hospital Integral Comunitario” en la localidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el contrato firmado para la obra no corresponde con lo que realmente se ha construido: la obra apenas tiene un avance del 22,4 %, muy lejos de lo prometido. 

Además, la auditoría detectó sobrecostos por unos 23.8 millones de pesos en función de la parte de la obra que nunca se ejecutó. También hay un problema con una fianza por incumplimiento de contrato que el gobierno estatal no hizo efectiva, lo que podría haber servido para mitigar el daño financiero. 

Por si fuera poco, se otorgó un anticipo de más de 114 millones de pesos a la empresa contratista, pero solo se han amortizado unos 18 millones, lo que deja un pendiente de más de 96 millones. Estos recursos provienen del Programa de Atención a la Salud para Personas sin Seguridad Social, lo que hace más delicado el destino de ese dinero. La ASF exige que el gobierno estatal aclare cómo se usaron esos fondos o que los reintegre.

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/el-hospital-que-ramirez-bedolla-pago-en-comunidad-indigena-y-no-se-construyo/

Monto: 120 millones es el monto total de la obra que no se ha construido conforme a lo planeado.

Implicados: Funcionarios de la administración del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Impacto: Potencial costo de salud y vidas para personas que carecen de un hospital porque los recursos para ello podrían haber sido desviados.

Difusión: La nota fue una exclusiva de Emeequis.

La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Se le acusa de tráfico de influencias, cohecho, evasión fiscal, enriquecimiento inexplicable, falsificación de documentos y fraude en la asignación de contratos de servicios de limpieza, en complicidad con los dueños de diversas empresas del ramo, principalmente José Juan Reyes Domínguez y José Juan Reyes Mote, apodado “Niño de Oro”.

La investigación destaca el caso de Servicios Integrales Retimar, contratada para el servicio de limpieza en el IPN por 2 mil184 millones de pesos con una plantilla declarada de 4 mil 459 empleados. Sin embargo, según la querella, la empresa sólo tenía registrados 2 mil 156 empleados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta mediados del año, generándose una presunta evasión mensual de 7.5 millones de pesos en cuotas obrero-patronales.

La denuncia incluye documentación sobre la constitución de múltiples razones sociales vinculadas al “Cártel de la Limpieza”, con patrones coincidentes en dirección y lugar de fundación —principalmente en Morelos y ciertas alcaldías de la Ciudad de México—. El propósito de estos registros sería asegurar que las empresas caigan bajo una misma subdelegación del IMSS en la jurisdicción norte de la CDMX, donde tendrían como cómplices a exfuncionarios ligados a la afiliación y cobranza del Seguro Social, entre ellos Luis Anuar Estefan Garfia.

En la denuncia publicada por Proceso se expone el modus operandi del grupo, basado en crear distintas firmas para licitar con múltiples propuestas y escalonar precios, asegurando así la adjudicación de contratos federales y locales en servicios de limpieza y seguridad. Una de las compañías mencionadas, Armot Seguridad Privada, también muestra grandes diferencias entre la cantidad de empleados reportados y los realmente inscritos en el IMSS, lo que se traduce en una evasión mensual millonaria.

Cabe señalar que Tapia Santoyo ya había sido señalado en otras ediciones de El Corruptómetro por su participación en el caso Clan Biomédica a través del cual se desviaron millones del sector salud con una red de empresas fachada.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/11/12/denuncian-trafico-de-influencias-cohecho-evasion-fiscal-del-cartel-de-la-limpieza-en-el-ipn-362639.html

Monto: No precisado.

Implicados: Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y otros funcionarios del IPN e IMSS, además de la empresa Servicios Integrales Retimar, entre otras.

Impacto: Recursos destinados a la principal institución de educación superior del Estado.

Difusión: Proceso dio a conocer esta información que fue retomada por tres medios más.

Diversos medos poblanos publicaron testimonios y notas sobre revisiones extraordinarias y casos de extorsión supuestamente encabezados por Uriel Erazo, delegado de Profeco en Puebla, y por algunos de sus verificadores. 

Se señala que estos funcionarios han presionado a pequeños comercios y restaurantes de la ciudad, algunos de ellos con larga tradición local, exigiendo sumas de dinero bajo pretexto de encontrar “errores” administrativos menores como en la emisión de tickets o facturas.

Varios comercios han reportado que inspectores de Profeco llegan sin previo aviso, amenazan con procedimientos o clausuras, y sugieren “arreglos” económicos para evitar sanciones. La Profeco en Puebla ha solicitado a la ciudadanía y comercios que denuncien a quienes soliciten dádivas para evitar clausuras o sanciones.

Fuente: https://www.ambasmanos.mx/opinion/alguien-ya-decidio/uriel-erazo-una-fichita-en-profeco/294047/

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios y verificadores bajo orden directa de Uriel Erazo, delegado de Profeco en Puebla.

Impacto: Corrupción de funcionarios que deberían estar enfocados en inspecciones por irregularidades.

Difusión: La nota fue publicada en al menos seis medios sobretodo poblanos.

Un tribunal federal rechazó otorgar un amparo a dos empresarios dueños d una compañía que, de forma irregular, habría recibido más de 800 millones de pesos en contratos de Seguridad Alimentaria (Segalmex) por servicios que no se llevaron a cabo correctamente.

Los empresarios René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, buscaban que se anulara una opinión de la Secretaría de Hacienda en la que se concluye que su empresa captó ilegalmente recursos de Segalmex. Pero el tribunal consideró que dicha prueba es válida para ser presentada en juicio.

Cabe recordar que según la FGR los Dávila, propietarios de la Corporación en Asesoría Financiera (Corafi) -con sede en Chiapas-, recibieron los recursos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando René Gavira Segreste, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas los avaló, a pesar de que operaban sin autorización ni bajo las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Fuente: https://www.reforma.com/dan-reves-a-empresarios-ligados-a-caso-segalmex/ar3046041

Implicados: Los empresarios René Dávila de la Vega y su hijo René Dávila Díaz, diueos dueños de la empresa 

Monto: 800 millones de pesos es el monto que ilícitamente recibió la empresa de los Dávila proveniente de Segalmex.

Impacto: Los recursos malversados estaban destinados a programas de apoyo de alimentos a sectores vulnerables de la

Difusión: La nota fue una exclusiva del diario Reforma.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó varias irregularidades en el manejo de recursos destinados a los damnificados por el huracán OTIS bajo el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, operado por la Secretaría de Bienestar. 

Entre los problemas detectados destacan la falta de entrega de 214 expedientes de beneficiarios y la ausencia de documentos comprobatorios por un monto de 2.7 millones de pesos, así como pagos duplicados a siete beneficiarios.

La nota publicada por EMEEQUIS también expone deficiencias persistentes en la atención a las zonas afectadas: diversas escuelas, oficinas de gobierno, restaurantes y hoteles continúan con daños no atendidos, incluso años después del desastre.

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/detectan-irregularidades-en-apoyos-a-damnificados-del-huracan-otis/

Monto: Las irregularidades totales superna los 14.2 millones de pesos.

Implicados: Los funcionarios a cargo del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, operado por la Secretaría de Bienestar.

Impacto: La corrupción podría haber evitar que los recursos lleguen a personas afectadas por el desastre natural.

Difusión: La nota fue una exclusiva de Emeequis.

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue detenido como resultado de una orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada derivados del caso conocido como “La Estafa Maestra”.

La FGR acusa a Vera de haberse coludido con funcionarios de la entonces Secretaría de Desarrollo Social para burlar las leyes de adquisiciones y que se le transfirieran a la UAEM más de 77 millones de pesos por servicios que no se realizaron el dinero fue transferido posteriormente a una red de empresas fachada.

Paralelamente, la FGR intentó que el exrector también fuera procesado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otro convenio irregular que ascienden a 697 millones de pesos, sin embargo, en este caso los jueces federales que revisaron el asunto se negaron hasta en dos ocasiones a abrir el proceso bajo el argumento de que el caso no está bien fundamentado.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2025/11/08/alejandro-vera-denuncia-persecucion-politica-y-responsabiliza-al-exgobernador-graco-ramirez-de-su-detencion-en-morelos/ y https://www.reforma.com/falla-fgr-en-fincar-cargos-a-ex-rector/ar3103889

Monto: 77 millones de pesos es el monto por el caso de delincuencia organizada, y 697 millones por el caso de uso ilícito de atribuciones.

Implicados: El exrector de la UAEM, Alejando Vera Valencia, y múltiples exfuncionarios de la Sedesol.

Impacto: Los recursos malversados estaban destinados a fortalecer programas sociales clave para sectores vulnerable.

Difusión: Más de 20 medios dieron seguimiento s esta información.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ha solicitado su libertad anticipada a unos meses de cumplir la condena de casi 9 años de prisión que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, luego de que él se declarara culpable en 2018 de los mismos.

Sin embargo, hasta la fecha no han sido esclarecidos más de 62 mil millones de pesos de recursos federales desviados en su administración, hecho por el cual la Auditoria Superior de la Federación presentó un número récord de 71 denuncias ante la FGR.

En 2018 la fiscalía perdonó con un criterio de oportunidad al extesorero de Duarte, Tarek Abdalá, operador de los desvíos, y reclasificó los delitos para que no tuviera que cubrir reparación del daño. En su confesión Tarek identificó claramente a Duarte como el que institucionalizó la política de desvíos y se benefició de ella, pero la FGR no ha presentado cargos en contra del exmandatario.

Fuente: https://wradio.com.mx/2025/11/07/ni-esclarecidos-ni-devueltos-mas-de-60-mmdp-desviados-con-javier-duarte-en-veracruz/

Monto: Más de 62 mil millones de pesos en recursos federales malversados entre 20111 y 2016 en Veracruz.

Implicados: El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y funcionarios que siguieron sus instrucciones.

Impacto: Los recursos desviados Estaban destinados para acciones de salud, educación, obras, seguridad, apoyo en desastres naturales, entre otros.

Difusión: Milenio y W Radio dieron este balance. La noticia de la solicitud de liberación de Duarte fue publicada por más de diez medios

Seis funcionarios adscritos a la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, tras ser señalados como responsables del delito de extorsión agravada contra una mujer cuya identidad se mantiene reservada.

Los funcionarios arrestados incluyen a directivos y jefes de departamento de la institución, y su captura se realizó en Tuxtla Gutiérrez, tras una denuncia que fue investigada desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las autoridades informaron que los hechos imputados corresponden a actos de corrupción plenamente acreditados por la carpeta de investigación, y los detenidos ya fueron presentados ante el órgano jurisdiccional para enfrentar la justicia.

A raíz del escándalo, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, comunicó la destitución inmediata del director general del COBACH, Miguel Prado de los Santos, y resaltó en redes sociales su compromiso con la aplicación de la ley, enfatizando que en Chiapas no se tolera la corrupción y que cualquier funcionario que incurra en extorsión será castigado severamente.

Fuente: https://latinus.us/mexico/2025/11/2/detienen-seis-funcionarios-del-colegio-de-bachilleres-de-chiapas-por-extorsion-destituyen-al-titular-155878.html

Monto: No precisado.

Implicado: Julio César “N”, Director Administrativo; Mauricio “N”, Jefe de Departamento de Mantenimiento; José “N”, Subdirector Jurídico; Francisco “N”, Jefe de Departamento de Almacén e Inventario; Juan “N”, Director Normativo, y Julio “N”, Jefe del Departamento de Recursos Materiales.

Impacto: Funcionarios de uno de los principales planteles públicos de educación media superior del estado implicados en extorsiones.

Difusión: La nota fue publicada por al menos diez medios informativos.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE), bajo la dirección de Raúl Basulto, adjudicó contratos por 32.9 millones de pesos a dos empresas constructoras—Workings And Developings S.A. De C.V. y Constructora yComercializadora Alcira S.A. De C.V.—que comparten el mismo domicilio fiscal y representantes legales en un inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Documentos oficiales muestran que ambas compañías han participado en licitaciones y adjudicaciones directas, sin que la dependencia capitalina resolviera las irregularidades detectadas en torno a su operación y vínculos empresariales.

La investigación revela una dinámica en la que la cercanía entre altos funcionarios y los empresarios contratistas ha permitido que estas “empresas espejo” consoliden un esquema para captar recursos públicos en distintas administraciones, aprovechando ambas su domicilio compartido y la flexibilidad para presentar distintos representantes legales de acuerdo con el contrato al que aspiran.

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/sobse-contrata-a-dos-empresas-con-el-mismo-domicilio-fiscal/

Monto: 32.9 millones de peso es el monto de los contratos entregados a las empresas sospechosas.

Implicados: La administración de Raúl Basulto en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México; y las empresas Workings And Developings S.A. De C.V. y Constructora yComercializadora Alcira S.A. De C.V.—.

Impacto: Posible derroche o desvío de recursos destinados para obras básicas.

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva en Emeequis.

El programa de apoyos escolares en Nuevo León, impulsado por el gobernador Samuel García, que incluye la entrega de uniformes y tenis, ha resultado ser un negocio lucrativo… peropara sus amigos y allegados.

Reforma dio a conocer que el gobierno de García ha entregado contratos por 268 millones de pesos a las empresas Grupo Textilero Cal y Grupo Dos Banderas, que comenzaron a operar justo al inicio de la gestión del actual mandatario.

Detrás de esas compañías se encuentra Enrique Mauricio Arechavaleta Garza quien es amigo, al menos desde el 2014, de Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana estatal e identificado como operador de Samuel García, ya que, además de que fue su Secretario particular, coordinó la fallida campaña de Mariana Rodríguez para la Alcaldía.

Fuente: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://busquedas.gruporeforma.com/buscar/reforma/documentos/VisorArticulos.aspx?idComptto=6&sIdIdentificadorParm=1s7260461d&idproducto=3&id=3099872&tipoElemento=/articulo/&text=samuel%20garcia&imgUrl=https://img.gruporeforma.com/imagenes/ElementoRelacionado/13/247/12246112.jpg

Monto: 268 millones de pesos es el monto de los contratos ganados por los amigos de Samuel.

Implicados: El gobernador Samuel García y el empresario Enrique Mauricio Arechavaleta Garza.

Impacto: Posible tráfico de influencias detrás de la asignación de contratos estatales .

Difusión: La nota fue publicada en Reforma

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