Los procesos penales iniciados por diversos hechos de corrupción en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y de varios de sus familiares y socios, se encuentran prácticamente paralizados debido a la inacción o lentitud con la que autoridades mexicanas han buscado la extradición de todos ellos.

Milenio dio a conocer que en octubre de 2023, y luego de varias complicaciones, México logró que Estados Unidos le diera trámite a la solicitud de extradición de García Luna por la acusación iniciada en su contra derivada de posibles sobrecostos en la construcción de  múltiples penales federales. Casi un año después no se reportan mayores avances en ese trámite.

Más grave es que México no ha pedido a Estados Unidos la extradición ni del exfuncionario, ni de su esposa, ni de otros implicados por el caso más relevante: la presunta asignación irregular de múltiples contratos de seguridad durante dos sexenios que presuntamente le generaron al país pérdidas superiores a los cinco mil millones de pesos. Pese a que la FGR dijo desde principios del año pasado que se solicitaría la extradición de los implicados por carácter de urgente por este caso hasta la fecha eso no ha pasado.

Fuente: https://www.milenio.com/policia/mexico-pide-extradicion-garcia-luna-rapido-furioso 

Monto: Los daños relacionados con los hechos que se imputan a García Luna y los suyos superan los 67 mil millones de pesos.

Implicados: El exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, su esposa Christina Pereyra, y por lo menos 59 personas más en contra de los cuales hay órdenes de aprehensión giradas.

Impacto: La inacción de las autoridades podría dejar en la impunidad presuntos hechos d corrupción que afectaron los presupuestos de seguridad durante varios años.

Difusión: Nota exclusiva publicada por MILENIO.

Entre enero y mayo de este año la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) pagó más de 40 millones de pesos a un posible proveedor fantasma para la adquisición de medicamentos y material de salud que no fueron entregados.

Las irregularidades fueron descubiertas por el propio Órgano Interno de Control de la Semar a partir de la denuncia presentada por el Director General Adjunto de Administración luego de que este detectara inconsistencias en cuentas por liquidar de la dependencia. El caso ya fue turnado a la Secretaría de la Función Pública para que se continue con las investigaciones.

El artículo publicado destaca que esta no es la primera vez que se detectan pagos a empresas fantasma en la Semar. En 2021 la Marina adjudicó recursos del orden de los 213 millones de pesos a 43 compañías que, de acuerdo con dictámenes del SAT, terminaron siendo empresas que simulaban operaciones. Aunque se anunció una investigación no se conoció el resultado de esta.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/paga-marina-mas-de-40-mdp-por-medicamentos-que-no-recibio-KI12923889#:~:text=La%20Secretar%C3%ADa%20de%20Marina%20pag%C3%B3,enero%20y%20mayo%20de%202024 

Monto: 40 millones 546 mil pesos es el total de los recursos asignados por los medicamentos y materiales que no se recibieron.

Implicados: El Capitán Germán Díaz Olivier, director de Control Presupuestario de la Marina, y quien ordenó el pago pese a que los insumos no se recibieron.

Impacto: Personal de la Marina y derechohabientes podrían verse afectados por falta de insumos médicos que se pagaron, pero no se entregaron.

Difusión: Por lo menos seis medios difundieron esta información hasta el corte de este reporte.

La organización TOJIL presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Javier Tapia Santoyo, actual jefe de administración del IPN, por presuntos hechos de corrupción relacionados con contratos de salud cuando este se desempeñaba como tesorero del ISSSTE.

En la denuncia se detalla que Tapia autorizó la adjudicación de por lo menos cuatro contratos a la empresa Interacción Biomédica S.A. de C.V. por más de seis millones de pesos en 2018, pese a que un año antes había sido declarada empresa fantasma por el SAT. Además, existía un conflicto de interés pues Tapia era directivo de esa misma compañía.

En la denuncia también se presume la existencia de delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Ello ya que Interacción Biomédica y el propio Tapia están ligados a una gran red de empresas fachada que han triangulado recursos públicos por más de 3 mil 600 millones de pesos provenientes principalmente de presupuestos de salud, como se documentó en la investigación denominada El Clan Biomédica.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2024/8/16/denuncian-javier-tapia-santoyo-secretario-de-administracion-del-ipn-por-corrupcion-335017.html 

Monto: Los contratos asignados por Tapia en 2018 a Biomédica superan los seis millones de pesos.

Implicados: Javier Tapia Santoyo, extesorero del ISSSTE y actual jefe de administración del IPN; Marco Antonio Ramírez Urbina, coordinador de imagen institucional del IPN, y una red de más de 25 compañías encabezada por Interacción Biomédica S.A. de C.V.

Impacto: El posible desvío de recursos afectó presupuestos destinados al sector salud y en específico al ISSSTE que, de por sí, enfrenta carencias.

Difusión: El anuncio de la denuncia hecha por TOJIL fue retomada por al menos cuatro portales informativos y noticieros de tres estaciones de radio.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que detrás de los desvíos identificados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y de los fraudes millonarios en Segalmex durante el actual gobierno, está un mismo operador de compañías fantasma.

Se trata de Florencio Reséndiz Hernández, un presunto facturero que aparece como accionista, dueño o administrador de tres compañías simuladoras de operaciones que recibieron 800 millones de pesos de parte d Segalmex por servicios no probados.

Al mimos tiempo Reséndiz es apoderado legal de otra empresa fantasma, Kwon México City SA de CV, que recibió transferencias por más de seis millones de pesos em el sexenio pasado. Aunque hay investigaciones y procesos en ambos casos, hasta ahora no hay sentencias y la impunidad prevalece.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/desvios-millonarios-en-snte-con-pena-nieto-y-en-segalmex-con-amlo-utilizaron-al-mismo-facturero/ 

Monto: Las empresas involucradas recibieron poco más de 806 millones de pesos.

Implicado: Las administraciones de Segalmex y la SNTE así como el presunto facturero Florencio Reséndiz Hernández.

Impacto: Estos casos generaron daños patrimoniales importantes en programas sociales y recursos del magisterio.

Aunque la FGR y Pemex lograron rescatar el año pasado el proceso en contra de exdirector de la empresa del Estado, Emilio Lozoya, por los presuntos sobornos que recibió para impulsar la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, los fiscales recibieron un importante revés.

Y es que al igual que ocurrió con el otro proceso en contra de Lozoya (Odebrecht) un juez federal desestimó las pruebas bancarias que los fiscales aportaron como pruebas del depósito de los presuntos sobornos al concluir que no se reunieron con autorización judicial. Por lo tanto, se le considera prueba ilícita.

En contra de esa decisión la FGR ya presentó una apelación. No obstante, esta misma ruta ya se siguió en el caso Odebrecht y el resultado fue el mismo: la negativa para usar esas pruebas en el próximo juicio.

Fuente: https://busquedas.gruporeforma.com/buscar/reforma/pages/default.aspx 

Monto: 3.5 millones de dólares en presuntos sobornos.

Implicados: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Impacto: Posibilidad de impunidad en un caso de sobornos que dejó graves pérdidas para Pemex.

Difusión: La nota fue publicada en exclusiva por Reforma.

La Fiscalía General de la República (FGR) perdió el proceso penal abierto en contra del General José Antonio Ramos Arévalo, exdirector de servicios aéreos de la misma institución, por la presunta adquisición con sobrecosto de una flota de drones y aeronaves no tripuladas por las que se pagaron 614 millones de pesos. Lo anterior en la gestión del exprocurador Jesus Murillo Karan

Los fiscales intentaron argumentar que no hubo justificación alguna en la compra de estas aeronaves, pues no existían indagatorias de por medio que lo requirieran o algún oficio o petición de otra autoridad. Ello sumado a un proceso de adjudicación carente de competencia. Sin embargo. la jueza consideró que los fiscales no lograron probar violaciones a los procedimientos por lo que absolvió al implicado.

En la conferencia matutina del presidente el subsecretario de Seguridad Pública federal, Luis Rodríguez Bucio dijo que esta decisión será apelada pero que además se denunciará a la jueza a cargo del procedimiento pues consideran que actuó ilícitamente.

Fuente: https://www.efinf.com/clipviewer/files/05c91d867b82bd08bdfd9517a47949db.pdf 

Monto: El monto del posible daño por los sobrecostos superaba los 614 millones de pesos.

Implicado: El General José Antonio Ramos Arévalo, exdirector de servicios aéreos de la PGR.

Impacto: Por fallas de los fiscales o por una actuación irregular de la jueza quedó sin reparar un daño millonario en la fiscalía federal,

Difusión: Más de 15 medios difundieron esta información surgida de la conferencia matutina del presidente que además es ampliamente difundida en rede sociales.

Se dio a conocer la apertura de una investigación interna en la FGR derivada de una denuncia por la presunta operación de una red de extorsión en la que estarían coludidos peritos, agentes ministeriales y fiscales adscritos a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial.

De acuerdo con los hechos denunciados los servidores públicos de dicha fiscalía exigen moches de 100 mil hasta un millón de pesos a cambio de alterar dictámenes que permitan la libración de contenedores retenidos con mercancía pirata o de contrabando en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ello con el supuesto conocimiento y aval de la titular de esa misma fiscalía Patricia Vázquez Vargas.

“Los contenedores llegan llenos de mercancía, como pueden ser los tenis de marcas reconocidas, videojuegos y otros productos pirata. Cuando se realizan las inspecciones, los dictámenes salen negativos, pero gracias a la intervención de la titular y su grupo de confianza, permiten que los contenedores sean liberados y puestos en circulación”, reveló uno de los denunciantes.

Fuente: https://www.ejecentral.com.mx/category/nuestro-eje/indagan-corrupcion-en-fiscalia-antipirateria-de-la-fgr 

Monto: Presuntos moches de 100 mil hasta un millón de pesos.

Implicados: Peritos, agentes y fiscales cercanos a la titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial Blanca Patricia Vázquez Vargas.

Impacto: Funcionarios que deberían investigar y frenar delitos coludidos ellos mismos en esquemas de extorsión.

Difusión: La nota fue una exclusiva del portal Eje Central.

Una legisladora federal integrante de la comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados presentó una demanda de amparo por la falta de resultados y de transparencia sobre los avances de más de 200 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada em Combate a la corrupción de la FGR.

Se trata de denuncias formales presentadas por la diputada María Elena Prez Jaen que dieron paso a la apertura de carpetas de investigación por posibles delitos de corrupción, algunas de las cuales tienen hasta 4 años de iniciadas, sin que se conozca de un resultado ni se hayan atendido las solicitudes para que se informe al Congreso.

Entre los casos de los que no se han reportado avances se encuentra posibles desvíos por casi 500 millones de pesos en la Conade de Ana Guevara; 170 millones de pesos no esclarecidos correspondientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro; o irregularidades por más de tres mil millones del programa Sembrando Vida.

Fuente: https://www.reforma.com/presiona-perez-jaen-a-fiscalia-anticorrupcion-por-denuncias/ar2852307 

Monto: No aplica.

Implicados: La fiscal anticorrupción de FGR, María de la luz Mijangos, es la responsable de las indagatorias en las que se acusa falta de resultados y opacidad.

Impacto: Posible impunidad en algunos de los hecho más graves de corrupción ocurridos en el gobierno federal saliente.

Difusión: La presentación del amparo se publicó en al menos cuatro medios y diario, entre ellos Reforma.

La administración saliente de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejará un hueco de más de 4 mil 800 millones de pesos en las finanzas de esta empresa estatal producto de diversos actos irregulares y posibles desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las auditorías reportan que no hay documentos o evidencia que acrediten el cobro e ingreso a las arcas de la comisión de múltiples servicios brindados. Ello sumado a servicios prestados en los que falta evidencia de entregables; existencia de sobrecostos en algunos contratos; entre otros.

Pese a que varias de estas irregularidades fueron reportadas desde hace tres años y no han sido solventadas, hasta la fecha ASF no ha presentado las denuncias correspondientes ante la FGR

Fuente: https://wradio.com.mx/2024/08/08/le-falla-el-medidor-a-bartlett-deja-faltantes-por-mas-de-4-mil-800-millones-de-pesos-en-cfe/ 

Monto: 4 mil 800 millones de pesos es el monto de las irregularidades reportadas por la ASF.

Implicados: La gestión de Manuel Bartlett en la CFE,

Impacto: Daño económico para una de las principales empresas productivas del Estado y responsable del suministro eléctrico.

Difusión: La nota fue publicada en W Radio y retomada por al menos cinco medios así como compartida y replicada ampliamente en redes sociales.

Un reporte publicado por 24 Horas documenta que bajo la gestión de Alejandro “Alito” Moreno al frente del PRI dicho instituto político ha entregado contratos por más de 80 millones de pesos a dos empresas que están ligadas entre sí y en las que están implicados excolaboradores suyos en Campeche. Los contratos eran para cursos de liderazgo político dirigido a mujeres del partido.

Las empresas beneficiadas tenían detrás a los mismos socios y administradores: Miguel Ángel Sulub Caamal, exdiputado federal del PRI de 2015 a 2018 y expresidente de ese partido en Campeche, y Román Manuel Cen Romero, actual funcionario de bajo rango de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ambos han hecho negocios con el PRI siendo al mismo tiempo servidores p{públicos.

Los contratos asignados a las empresas de estos personajes fueron firmados por Monserrat Arcos Velázquez, como titular del Organismo de Mujeres Priista, quien denunció en abril pasado a Alejandro Moreno por pedir moches en los contratos de cursos online para liderazgo político de las mujeres.

Fuente: https://www.24-horas.mx/2024/08/05/da-alito-80-mdp-a-empresas-dudosas/ 

Monto: 80 millones de pesos en contratos a las empresas sospechosas.

Implicados: Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI; las empresas Servicios Administrativos Fugith e Integra Estrategias Globales, y sus directivos Miguel Ángel Sulub Caamal y Román Manuel Cen Romero.

Impacto: Presunta uso indebido de recursos públicos en beneficio de un dirigente partidista.

Difusión: La nota fue una exclusiva de 24 Horas.