TOJIL tuvo acceso al audio de una llamada de ocho minutos entre Erica Canuto Fonseca, agente del Ministerio Público titular de la Agencia 23 investigadora de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), y el abogado defensor, Arturo Alonso Pérez, quien llevaba la representación legal de al menos cinco exfuncionarios federales bajo investigación y/o proceso por el caso de la Estafa Maestra.
El contenido de esta llamada telefónica, realizada en diciembre de 2022, evidencia dos hechos graves: una petición de recursos a cambio de debilitar un proceso penal en curso; y la confirmación de sobornos ya pagados previamente por criterios de oportunidad a los involucrados.
La llamada se da en el contexto de un proceso penal que se encontraba en fase de investigación complementaria en contra de Marco Salvador Ibarra Infante y Ricardo Mejía Zayas, extitulares de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Sedesol, por un convenio firmado bajo el esquema de la Estafa Maestra con la Universidad Autónoma de Zacatecas.
La fase de investigación complementaria es la etapa de investigación final bajo control judicial que se lleva a cabo luego de que una persona ya fue vinculada a proceso. Concluye con la audiencia intermedia en la que se presenta la acusación final y las pruebas para ir a juicio.
En el audio de la llamada la fiscal Canuto le propone al defensor Alonso realizar una serie de diligencias encaminadas a probar que el servicio contratado con la referida universidad sí se llevó a cabo, aunque la tramitación haya sido irregular. Le señala que ya convenció a dos funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación y uno del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la misma FGR, para que testifiquen en ese sentido.
En el papel es una diligencia que debilita el caso de la Fiscalía y que reduce un tema delictivo a una posible anomalía administrativa. Canuto lo reconoce, pero expresa que le da igual, que es problema del juez, y que al abogado le conviene. Pero a cambio de ello vienen las peticiones de dinero.
Le indica que los auditores, que menciona por sus nombres como “Juan Martínez” y “María del Carmen Arguello” están “dispuestos” a señalar lo anterior, pero le advierte que eso tiene un costo: 200 mil pesos a cada uno. “Ya hablé con ellos y ellos están dispuestos”, le reitera a abogado.
Y a pregunta expresa del abogado, la fiscal le pide que le proponga una cantidad para ofrecerle a ella. Tras varias dudas acuerdan que su pago será de medio millón de pesos. Eso sumado a los 150 mil pesos que habría que pagarle también a un funcionario del CENAPI.
Los sobornos ya pagados
Más allá de la negociación del momento la llamada confirma que ya se habían pagado sobornos previamente. Lo menciona el abogado defensor cuando le indica a la fiscal que por cada declaración de un posible criterio de oportunidad que le fue tomada se tuvieron que pagar de 350 a 400 mil pesos.
El criterio de oportunidad es la figura dentro de la norma penal que consiste en la suspensión y cancelación de un proceso penal iniciado en contra de una persona si es que esta testifica y aporta evidencia que ayude al esclarecimiento de un hecho delictivo mayor. Justo lo que hicieron varios de los clientes del defensor al señalar toda la estructura delictiva de Zebadúa.
Sin embargo, el abogado le señala a Canuto que pese a los pagos la FGR no cumplió con los beneficios de los criterios de oportunidad pues varios de sus representados terminaron en la cárcel. En tres ocasiones la funcionaria confirma que sabe de estos pagos en tono de resignación. “Si ya sé…”, le reitera.
Por separado tres de los exfuncionarios representados por el mismo defensor confirmaron que entregaron a su abogado distintas cantidades a cambio de los supuestos criterios de oportunidad.
El rastro documental
TOJIL cuenta con evidencia documental dentro de las carpetas de investigación que prueban que Érica Canuto Fonseca fue la responsable de contactar a los funcionarios de la ASF y recabar sus declaraciones; que sí conocía a los auditores que señala en la llamada; y que formaba parte del equipo de fiscales que estaba a cargo de la mayoría de las investigaciones.
Todas las diligencias se encuentran plasmadas dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 iniciada por la FGR a partir de la denuncia que TOJIL y Mexicanos contra la Corrupción interpusieron por el caso de La Estafa Maestra.
Canuto Fonseca, en concreto, entrevistó a 21 mandos y auditores de la ASF entre octubre y diciembre de 2019 quienes testificaron sobre las irregularidades que observaron al revisar los convenios de la Sedesol y Sedatu. Entre ellos a Muna Dora Buchahin, quien desde su cargo como Directora de Auditoría Forense de la ASF fue pieza cave en la detección de irregularidades con este esquema.
Uno de los funcionarios que la fiscal refiere en la negociación de los sobornos es Juan Martínez Díaz, quien de acuerdo con los registros ministeriales compareció a las 13:00 horas del 27 de noviembre de 2019 ante Canuto Fonseca para rendir su declaración. Se identificó con el cargo de Subdirector de Área B de la Dirección General de Auditoría Financiera Federal de la ASF.
En dicha declaración el funcionario narra las irregularidades encontradas en al menos seis convenios firmados por la Sedesol con distintas universidades, entre ellas la de Zacatecas descrita línea arriba. El auditor ratifica que dicha universidad no contaba con el personal humano ni material para poder haber hecho los servicios por los que se le pagó.
Ese mismo día, pero a las 18 horas compareció ante Canuto la otra auditora señalada en el audio, María del Carmen Arguello Ortiz, en su calidad de Jefa de Departamento de la Auditoría y previamente Coordinador de Auditores de la Fiscalización de la ASF.
En este caso Arguello señaló que ella fue la encargada de firmar el dictamen técnico que dio pie a la denuncia penal en contra de los funcionarios, y en el que se establece la irregularidad del convenio firmado con la universidad Autónoma de Zacatecas fue ilegal, pues dicha universidad no hizo nada. Agrega que hay unos entregables que, en todo caso, no corresponden a dicha universidad sino a una empresa ilegalmente subcontratada.
En todas estas declaraciones Erica Canuto actuaba en auxilio de la fiscal Teresa Maldonado Rodríguez, quien tenía a su cargo la carpeta de investigación referida por la denuncia de TOJIL, y que fue la misma de la que se filtraron datos que permitieron al exoficial Mayor, Emilio Zebadúa, protegerse para no ser procesado. Situación contraria a la de Rosario Robles quien acabó siendo encarcelada.
En realidad, el equipo de fiscales a cargo de todos estos casos era pequeño. Junto con Erica Canuto y Teresa Maldonado estaba Mario Bulmaro Fonseca Barrera y todos ellos coordinados por Mónica Martel Olguín. Un oficio fechado el 6 de diciembre de 2019 dentro de la misma carpeta y dirigida al juez a cargo del caso contra Rosario Robles, confirma la integración de este equipo.
El apoderado legal de los exfuncionarios indicó que era Bulmaro el responsable de pedir recursos a nombre de Martel, a quien se le habría pagado, al menos, un millón de pesos. Dijo que de todos estos hechos existen pruebas bajo su resguardo.
Textos complementarios
La transacción al detalle:
