En mayo de 2019 dos exfuncionarios federales revelaron ante la FGR el modus operandi utilizado por Emilio Zebadúa y su grupo delictivo para extraer del presupuesto de Sedesol y Sedatu los recursos públicos con la mecánica conocida popularmente como “La Estafa Maestra”.
Dicha mecánica consistía en aprovechar una excepción que contempla la ley para firmar convenios y adjudicar contratos sin licitación con universidades públicas, para que estas, a su vez, enviaran o repartieran el dinero entre empresas fachada, prestanombres o diversos beneficiarios.
Los declarantes fueron José Antolino Orozco Martínez, quien ocupó cargos directivos en la áreas de Geostadística de la Sedesol y de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu; y Marco Salvador Ibarra Infante, extitular de la Coordinación de Delegaciones de las mismas dependencias.
La mecánica descrita, paso por paso, era la siguiente:
Se identificaba o se forzaba la supuesta necesidad de un servicio en cualquier área de la Sedesol y Sedatu y se le asignaba un presupuesto específico.
Enrique Prado y Humberto Valverde, siguiendo la instrucción directa de Zebadúa, se dedicaban a localizar universidades, entidades púbicas y consultoras/empresas fachada que participarían en la simulación del servicio.
Se acordaban los márgenes de ganancia para los implicados: de 20 a 30% del total para las universidades; 10% a consultoras o empresas fachada; y el resto en retorno para Oficialía mayor (un mínimo del 50%).
Con engaños o presiones se intentaba que funcionarios ajenos a la estructura firmaran documentos de convenios y ejecución de servicios. Si no se lograba, se procedían a falsificar sus firmas a través de un equipo dirigido por Claudia Morones.
Francisco Báez autorizaba la salida de transferencias, en ocasiones sin verificar firmas o sin que toda la papelería estuviera lista. Tras efectuarse el pago se indicaba a las Universidades o entes públicos a qué empresas fachada transferir los recursos en los porcentajes pactados.
En oficinas alternas se fabricaban entregables para aquellos servicios o convenios donde había riesgo de auditorías federales. Para ellos se replicaban datos de otros entregables reales, o se descargaba información de internet. El proceso estaba a cargo de Claudia Morones.
Las empresas subcontratadas, a su vez, volvían a transferir el dinero a un segundo nivel de empresas, generalmente indicadas por Enrique Prado y sus operadores.
Ese segundo nivel de empresas era el responsable de retirar en efectivo los recursos y entregarlos o depositaros a personas físicas y otras compañías que se les indicaban.
Se controlaban y cooptaban las observaciones de auditorías para que las irregularidades no fueran del conocimiento de otras áreas salvo la Oficialía Mayor. Se usurpaban identidades para responder oficios. El responsable de esto era Juan Francisco Martínez Lavín.
Textos complementarios
La transacción al detalle:
De acuerdo con las declaraciones de seis exfuncionarios federales ante la FGR que obran en tres carpetas de investigación, y de exfuncionarios que directamente hablaron con TOJIL, el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu fue el líder de una estructura delictiva a través de la cual se ejecutaron los siguientes hechos irregulares:
En las declaraciones ministeriales integradas a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000695/2020 iniciada por posible delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita se identifican las siguientes personas y roles:
1.Emilio Zebadúa González
(Ex Oficial Mayor en Sedesol y Sedatu)
Jefe de la estructura delictiva organizada para sustraer los recursos públicos y principal beneficiario de los mismos.
2.Enrique Prado Ordoñez
(Ex Director de Administración y Recursos Materiales en Sedesol y Sedatu)
Subalterno de Zebadúa. Acordaba directamente con el instrucciones para el resto del equipo así como porcentajes, montos y convenios. Supervisaba elaboración de convenios y selección de universidades y empresas implicadas.
3.Humberto Valverde Prado
(Ex Coordinador de Asesores de Oficialía Mayor en Sedesol y Sedatu)
Subalterno y operador de Zebadúa. Con funciones similares a la de Baez en el entramado delictivo dividiendo en ocasiones el trabajo con él.
4.Caudia Morones Sánchez
(Ex Directora de Área en Oficialía Mayor y contratista privada)
Lideraba equipo responsable de elaboración de convenios, falsificación de firmas, fabricación de entregables. Tenía a su cargo los domicilios particulares donde esto se llevaba a cabo. Coordinaba la elaboración de respuestas e informes a las auditorías.
5.Francisco Javier Báez Álvarez
(Ex Director General de Programación y Presupuesto en Sedesol y Sedatu)
Responsable de garantizar y autorizar los pagos irregulares solicitados por Morones y Prado. Operaba el retorno de los recursos desviados al grupo utilizando empresas como AMBIT.
6.Roberto Gómez Morales
(Ex Director Adjunto en Oficialía Mayor; chofer y guardaespaldas de Zebadúa)
Prestanombres para adquirir bienes del Oficial Mayor y para ejecutar movimientos financieros. Operador de redes de vínculos y tráfico de influencias en Chiapas.
7.Sonia Angélica Zaragoza
(Ex Directora de Capital Humano y Recursos Materiales en Sedesol y Sedatu)
Tercera operadora de confianza junto con Prado y Valverde para la elaboración y traslado de convenios, de papelería y de entregables fabricados. Presionaba a funcionarios fuera de la estructura para que firmaran documentos con engaños.
8.Juan Francisco Martínez Lavín
(Ex Asesor de la Oficialía Mayor en Sedatu)
Enlace con la ASF. Fungió como filtro para que auditorias no llegaran a funcionarios cuya firma fue falsificada y para, a su nombre, elaborar respuestas a auditores.
9.José Alejandro Hinojosa Valencia
(Operador privado)
Coordinador de prestanombres para adquirir bienes del Oficial Mayor de Emilio Zebadúa y su hermana, Lourdes Zebadúa. También operó contactos con universidades y empresas.
10.Mauro Rosas y Rosalba Camacho
(Apoderados legales de Emilio Zebadúa)
Operaban despacho de abogados con la misión de blindar a Zebadúa de acciones de auditores y autoridades, así como armar estrategias legales donde, las irregularidades, recayeran en otros fuera del grupo.
Otros operadores señalados en declaraciones: David Guerrero, Carolina Gómez, Federico Valle Ochoa, Héctor de la O Chi, Bernardo García, Marcelo Arreola Gómez.
En las declaraciones ante la FGR también se informó de los domicilios en los cuales se fabricaban los entregables bajo la supervisión de Claudia Morones, o se realizaban reuniones para alcanzar acuerdos:
*Bahía de la Magdalena 125 y 146, colonia Verónica Anzurez, CP 11300, alcaldía Miguel Hidalgo
*Tenysson 77 colonia Polanco 4ta Sección, CP 11550, alcaldía Miguel Hidalgo.
*Tenysson 125 colonia Polanco 4ta Sección, CP 11550, alcaldía Miguel Hidalgo.
*Horacio 1840, 4to piso, colonia Polanco 2da sección, CP 11550, alcaldía Miguel Hidalgo.
*Insurgentes Sur 2117-4, colonia san Ángel, CP 04500, alcaldía Álvaro Obregón.
Textos complementarios
La transacción al detalle:
*Testimonios, un audio y miles de documentos en poder de TOJIL revelan las mecánicas de extorsión, encubrimientos, y tráfico de influencias que dejaron impune al principal operador de la Estafa Maestra pese al cúmulo de evidencia. Uno de los fiscales, separado por sospecha de corrupción, es ahora un director de justicia en la Segob.
Por: TOJIL (Arturo Ángel)
La investigación oficial de La Estafa Maestra, uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años en México, fue en sí misma una estafa. La fiscalía de Alejandro Gertz Manero presuntamente negoció y aceptó sobornos de los implicados en el fraude a cambio de paralizar indagatorias, sabotear procesos y encubrir a los principales beneficiarios.
Pese a contar en sus archivos con pistas y pruebas de los desvíos y del destino de los recursos malversados, los equipos encabezados por el que fuera la mano derecha del fiscal, Juan Ramos López, y la unidad antilavado de la SEIDO, incurrieron en un esquema de presunta corrupción, negligencias y tráfico de influencias, en el que también están implicados el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia FGR (CENAPI), auditores federales y un juzgado que dio amparos ilegales.
Un audio de una de las negociaciones, declaraciones de testigos directos de los hechos y miles de documentos oficiales obtenidos por TOJIL confirman los manejos ilegales y el encubrimiento institucional que persiste hasta la fecha, en un caso que el fiscal Gertz Manero había descrito como un “crimen de estado”. Pero hasta el día de hoy, no se ha recuperado un centavo.
información relevante en el minuto: 2:02 – 2:42
El proceso
En mayo de 2019 seis exfuncionarios federales que estaban bajo investigación comparecieron ante el Ministerio Público de la Federación para revelar a detalle, cómo había operado la llamada Estafa Maestra desde dos de las dependencias donde se malversaron más de cinco mil millones de pesos, la Sedesol y la Sedatu.
En sus declaraciones y ampliaciones, de las que TOJIL tiene copias íntegras, los exfuncionarios describieron el organigrama y la estructura delictiva del fraude que era encabezada por Emilio Zebadúa González, oficial mayor de dichas dependencias. Los testigos puntualizaron el rol específico de al menos una decena de funcionarios y particulares bajo su mando, así como de varias empresas que se organizaron para fabricar convenios, simular servicios, falsificar firmas, lavar el dinero e invertirlo en propiedades. Describieron detalladamente tiempos, reuniones y direcciones donde se llevaban a cabo las negociaciones.
Zebadúa, jefe de Estafa 1
Zebadúa, jefe de Estafa 2
Organigrama de la Estafa
Una denuncia posterior de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó en sus anexos los pagos y gastos millonarios injustificados por parte de Zebadúa y de sus dos hermanos, Lourdes y José Ramón, y las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
A cambio de dicha colaboración, la fiscalía no pidió pruebas sino dinero. El abogado de los exfuncionarios y los mismos afectados narraron a TOJIL que tras la llegada de Juan Ramos López el proceso transformó una dinámica que era de colaboración, a una de presunta extorsión. Bajo la presión de los fiscales, los exfuncionarios que habían declarado a cambio de inmunidad hicieron pagos de 300 a 400 mil pesos para supuestamente materializar los criterios de oportunidad, pero tampoco ocurrió.
La grabación de una llamada entre el defensor y la fiscal federal Erica Canuto Fonseca, a la que TOJIL tuvo acceso, da cuenta de esos pagos y de peticiones extra de dinero a cambio de hacer fracasar el proceso penal en contra de uno de sus defendidos con pruebas que la propia fiscal admite que hundirían su proceso. “Será problema del juez”, argumentó Canuto en el audio.
La fiscal Canuto detalla que ya contaba con el supuesto apoyo de dos auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y de un funcionario del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la FGR, quienes habían aceptado establecer por escrito que los servicios sí se realizaron, y con ello reducir un desvío a un mero caso administrativo. En el audio se escucha como se refieren hasta las cantidades: 200 mil para cada auditor, 150 mil para el funcionario del CENAPI, y 500 mil para ella.
Los oficios dentro de la carpeta de investigación de la FGR revisados por TOJIL demuestran que Erica Canuto era la que tenía el contacto con los auditores. Su tarea fue entrevistar a más de 22 de ellos “en auxilio de la fiscal Teresa Maldonado” bajo coordinación de la fiscal coordinadora Mónica Martel, a quien Ramos López ratificó al frente del caso de la Estafa Maestra. A los dos auditores que se mencionan en la llamada los conocía desde el 27 de noviembre de 2019, cuando les tomó una declaración inicial. Esto prueba que sí los conocía y tenía forma de contactarlos.
Declaración de María del Carmen
Declaración de Juan Martínez
El abogado defensor explicó que el último trato ofrecido por la fiscal Canuto no se concretó porque los exfuncionarios ya no contaban con dinero suficiente, ya que en algunos casos tuvieron que vender terrenos o propiedades para costear los sobornos previos, lo cual enojó a la fiscal de acuerdo con los abogados.
La situación no fue siempre así, según contaron los exfuncionarios extorsionados a TOJIL. En los primeros meses del sexenio la FGR tenía un interés real por conocer el modus operandi del fraude y de ir por los principales responsables, pues lo que tenían en sus manos era una historia fragmentada en múltiples denuncias de los auditores. En ese contexto y bajo la figura de posibles criterios de oportunidad se trabajaron declaraciones y se hicieron peritajes.
Sin embargo, tras la llegada de Juan Ramos Lopez a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en junio de 2019, las cosas cambiaron. Las líneas de investigación hacia Zebadúa se congelaron y los fiscales a cargo, bajo la coordinación de la fiscal Martel, comenzaron con las peticiones de dinero. No solo a través de Erica Canuto sino de otros fiscales como Mario Bulmaro.
“A Mónica Martel se le dio entre varias veces cerca de un millón de pesos. Ellos mandaban a una persona, a un motociclista o mandaban a alguien en un carro a recoger. Era para ella, pero se hablaba con el fiscal Mario Bulmaro que era intermediario. De todo eso hay pruebas en manos de mis clientes. Pero tienen miedo no por sus procesos, sino porque sus vidas estarían en riesgo”, dijo el litigante.
Al final, los únicos que terminaron siendo perseguidos y procesados fueron los mismos que en un inicio habían colaborado y denunciado a Zebadúa y su entramado.
TOJIL solicitó a al FGR y a la ASF a través de sus voceros y correos institucionales un posicionamiento en torno a estos hechos y todo lo que se describe a continuación, pero hasta el momento de esta publicación no se ha recibido respuesta.
Información que vale oro
Un exfuncionario del equipo de Emilio Zebadúa narró a TOJIL el trabajo que el grupo hizo para “protegerse de la acción de las autoridades, anticipar los movimientos en su contra y, al mismo tiempo, blindar el patrimonio inmobiliario en los que invirtió más de 900 millones de pesos presuntamente desviados. El exfuncionario, que habló con el equipo de TOJIL pero se decidió dejar en anonimato por razones de seguridad, entregó documentos de las operaciones internas que se llevaron a cabo.
Esta persona fue el encargado de presentar a Juan Ramos López con dos abogados de plena confianza del exoficial mayor: su hijo Nicolas Zebadúa y el socio de este, Alfredo Murguía. Esto reforzó el apoyo con el que Zebadúa ya contaba desde 2018 por parte del despacho del abogado Juan Araujo.
Juan Ramos
El testigo narra que intermediarios del fiscal Ramos acudían regularmente a la oficina de Zebadúa en Tenysson 125, en la colonia Polanco de Ciudad de México, y a una casa ubicada justo a espalda de esta en la calle Eugenio Sue 98 (adquirida con recursos de la Estafa Maestra según los documentos entregados) para recoger pagos en efectivo, generalmente a las 11 de la noche. El responsable de poner el dinero en efectivo era Roberto Gómez, chofer, guardaespaldas y exfuncionario de toda la confianza de Zebadúa. Es la misma persona que los exfuncionarios que declararon ante la FGR identificaron como prestanombres del exoficial mayor.
Oficina de Zebadúa en Tennyson 125, donde ocurrieron reuniones y pagos. Crédito: Tojil
Eugenio Sue 98, despacho de Nicolás Zebadua y Alfredo Murguia Crédito: Tojil
Las entregas de recursos se hicieron con el cuidado necesario para no dejar rastro, de lo que sí hay evidencia documental es de la filtración de datos confidenciales que estaban bajo resguardo de los funcionarios coaccionados.
Por ejemplo, TOJIL comprobó que en julio de 2019 Zebadúa tuvo acceso preciso a datos que eran confidenciales. Supo el nombre de Teresa Maldonado, la agente del MP que integraba la indagatoria más avanzada en su contra , al número de la carpeta de investigación (FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018), e incluso a la unidad y al escritorio en donde se encontraba radicada dicha agente, la 21 agencia investigadora de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Con esos datos la apoderada de Zebadúa, Patricia Mayte Lázaro, una exproveedora de la Oficialía Mayor de Sedatu, envió un oficio con carácter de urgente a un juzgado de amparo en Chiapas, quien le concedió una suspensión para que él no fuera judicializado. Esto ocurrió el 19 de julio de 2019, justo seis días antes de que la agente Maldonado enviara el caso a un juzgado.
Solicitud de Zebadúa con datos filtrados 1
Solicitud de Zebadúa con datos filtrados 2
La suspensión otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Tapachula era improcedente de acuerdo con jurisprudencias vigentes para ese momento, pero Murguía convenció al juez a través de un soborno en efectivo y un reloj de lujo que le llevó en un vuelo privado que salió de Toluca hacia dicha ciudad fronteriza, según lo narrado a TOJIL por el exintegrante del equipo del exoficial mayor.
A la postre funcionarios de ese juzgado serían sancionados por otra suspensión ilegal que concedieron al empresario Alonso Ancira por el caso Agronitrogenados, y que por meses obstaculizó su detención y permitió que se diera a la fuga.
Todo ello ocurrió mientras Emilio Zebadúa estaba en Canadá quien gracias a las filtraciones sabía que había un riesgo de ser detenido, según lo narrado por el excolaborador a TOJIL. Hay un documento con su relación de vuelos que prueba que abandonó el país justo el 31 de mayo de 2019, cuando Juan Ramos Lopez aún no se hacía cargo del caso.
Zebadúa salió de México semanas antes de poder ser procesado
Otra evidencia de las filtraciones ocurrió con el caso de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciado en su contra y el de sus hermanos, luego de que la UIF detectó movimientos y pagos legalmente injustificables en las cuentas de todos ellos por más de 70 millones de pesos. Justo una semana antes de que la denuncia se presentara, el 4 de septiembre de 2019, Zebadúa promovió un amparo contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la UIF.
En 2020 la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) decidió atraer el caso contra Zebadúa, sus hermanos y otros e integrar una nueva indagatoria. El exoficial mayor lo supo y, en marzo de 2020, él junto con su hermana Lourdes, obtuvieron una nueva suspensión en contra de una posible judicialización de este caso en su ya sobornado juzgado de Chiapas.
El broche de oro de los tiempos perfectos con los que actuó el exoficial mayor ocurrió el 19 de octubre de 2020, cuando este se presentó en la FGR junto con su abogado Alfredo Murguía, para presentar una declaración buscando un criterio de oportunidad ante el fiscal Mario Bulmaro, que como ya se dijo era parte del equipo implicado en los sobornos liderado por Mónica Martel y Juan Ramos. El testimonio, según el excolaborador de Zebadúa entrevistado por TOJIL, narraba hechos imprecisos y falsos.
Declaración fabricada de Zebadúa
La historia que cuenta Zebadúa esconde el rol de todos los integrantes de su equipo y apunta justo a quienes habían declarado en su contra. Hay equivocaciones tan elementales como el cargo de funcionarios. Dice, por ejemplo, que María de la luz Vargas fue directora de comunicación social de Sedatu, cuando en realidad nunca trabajó en esa dependencia sino en la Sedesol, donde fue Directora General de Geostadística.
María Luz como vocera según Zebadúa
María Luz nunca ocupó se cargo
Pero lo que importaba al exoficial mayor no era la precisión sino el blindaje. Justo un día después de esa declaración, el 20 de octubre, la FEMDO preguntó a Martel si había criterios de oportunidad en el caso de la Estafa Maestra. La fiscal respondió ese mismo día con una lista de cinco nombres, cuatro de los que habían solicitado dicho beneficio en 2019, más el de Zebadúa que había declarado un día antes.
Blindaje a Zebadúa justo antes de acusación por lavado 1
Blindaje a Zebadúa justo antes de acusación por lavado 2
Diez días más tarde, el 30 de octubre, un fiscal de la FEMDO solicitó a un juez en Almoloya una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles y otros por este caso. Pero en el oficio ministerial presentado al juez ya no aparecía ni Zebadúa ni sus hermanos, quienes ni siquiera declararon. Y con ello se borró la ruta del dinero desviado.
La orden y la otra corrupción ocultas
El equipo de FEMDO (antes SEIDO) que integró la referida indagatoria por lavado y delincuencia organizada estaba a cargo del entonces fiscal, Federico Amezcua Ornelas. Fue él quien pidió la orden en la que ya no aparecía Zebadúa. Su superior era Ancelmo Mauro, el entonces jefe de la unidad antilavado de dinero de la FEMDO.
Amezcua pide OA por Estafa, sin Zebadúa 1
Amezcua pide OA por Estafa, sin Zebadúa 2
Excluir a Zebadúa no fue la única irregularidad del caso. Pese a que el juez sí concedió la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, quien en ese momento estaba en prisión preventiva y localizable en el penal de Santa Martha por los cargos iniciales de omisiones en su contra, Amezcua y sus jefes simplemente no la ejecutaron.
En un informe justificado enviado a un juez federal como resultado de un amparo que promovió Robles (todos documentos de los que TOJIL tiene copia) la FEMDO rechazó que existiera dicha orden de aprehensión, lo que no era cierto. El juez que la otorgó informó que si existía y le mandó la copia al juez de amparo.
FGR oculta en amparo orden vs Rosario
En diciembre de 2022, aun sin cumplimentar la orden en contra de Robles, el fiscal Amezcua y su jefe renunciaron a sus cargos en la FGR. Una fiscal de alto nivel y otra fiscal, excompañera de Amezcua en la misma unidad, confirmaron a TOJIL que en realidad fueron despedidos como resultado de múltiples denuncias y quejas de corrupción que existía en su contra.
De la salida de Amezcua y compañía de la FEMDO no hubo anuncios oficiales pese a que estos estaban a cargo de algunos de los casos de corrupción más relevantes del sexenio. TOJIL pudo confirmar gracias a solicitudes de transparencia, y con el apoyo del pleno del INAI que revocó varias negativas, que estos salieron de la fiscalía en la fecha ya referida y que, en el caso de Amezcua, este trabajó durante más de un año en la Procuraduría fiscal de la Secretaría de Hacienda.
Amezcua en SHCP SFP
Se preguntó expresamente a la FGR si existían denuncias o investigaciones internas en contra de Amezcua o de Ancelmo Mauro, pero la fiscalía dijo que no podía dar ninguna respuesta pues era información bajo reserva.
Una nueva consulta hecha por TOJIL en Nómina Transparente el 15 de mayo de 2024 muestra que Amezcua, el mismo que no ejecutó la orden de aprehensión más importante de la Estafa Maestra y que salió por quejas de corrupción, ocupa ahora el cargo de Director General para la Reconciliación y la Justicia en la Secretaria de Gobernación.
Amezcua, director de Justicia en Gobernación
Encubrimiento, mentiras oficiales y pobres resultados
La FGR que encabeza Gertz Manero encubre, hasta la fecha, la existencia de las indagatorias iniciadas en contra de Zebadúa y la petición de un criterio de oportunidad. Los documentos oficiales y ministeriales lo prueban.
El 14 de julio de 2023 TOJIL envió una solicitud de información a la FGR en la que se solicitó conocer el número de carpetas de investigación iniciadas en contra de Emilio Zebadúa, el estatus en el que se encontraba cada una de ellas, y si se le concedió un criterio de oportunidad por alguno de estos casos.
La fiscalía de Gertz Manero respondió que no podía proporcionar nada de esta información por ser reservada. Derivado de ello se promovió un recurso de queja que quedó registrado con el número RRA 11474/23. El Pleno del INAI revocó la negativa de la fiscalía y le ordenó a la FGR proporcionar toda la información solicitada dado que se trataba de un caso de interés público y donde no aplica la reserva por ser un hecho de corrupción.
En supuesto acatamiento a esta instrucción la FGR proporcionó una respuesta oficial bajo el oficio FGR/UETAG/000083/2024 fechado el pasado 11 de enero de 2024, en donde responde a cada uno de los cuestionamientos sobre Zebadúa con la frase: “no se localizaron expresiones documentales” respecto a lo solicitado. Dicho de otra forma: que no hay o no existen las indagatorias ni la solicitud de criterio de Zebadúa.
FGR encubre EZ 1
FGR encubre EZ 2
FGR encubre EZ 3
La respuesta institucional de la FGR falta a la verdad. Los documentos de las carpetas de investigación de los que TOJIL tiene copia lo prueban.
Por ejemplo, en el oficio FGR/CMI/CENAPI/DGIAD/DEISI/17600/2020 del CENAPI-FGR se detalla la existencia de doce carpetas de investigación y averiguaciones previas tanto en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, así como en la SEIDO hoy FEMDO, en las que el imputado es Emilio Zebadúa. Todas ellas iniciadas entre los años 2015 y 2019.
Mientras que el oficio UEIDCSPCAJ/2020 firmado por la fiscal Mónica Martel el 20 de octubre de 2020 da cuenta de la existencia de la solicitud de criterio de oportunidad de Emilio Zebadúa.
FGR CARPETAS VS ZEBADUA 1
FGR CARPETAS VS ZEBADUA 2
TOJIL también pidió a la FGR conocer el estatus de los casos impulsados por la Estafa Maestra, es decir, cuántas indagatorias hay, por cuales delitos, cuantas se han judicializado, y cuánto dinero se ha recuperado. Pese a ser datos estadísticos la FGR intentó, otra vez, no informar y clasificar la información como reservada. Al resolver el recurso de queja RRA 11472/23, el INAI ordenó que se diera respuesta a ello.
En acatamiento a la instrucción del INAI la FGR envió el oficio número FGR/UTAG/DG/007635/2023 con una respuesta parcial. En la misma solo informa que ha logrado judicializar exitosamente 23 casos dando paso a los respectivos procesos, de los cuales 22 son por delitos de uso indebido de atribuciones/ejercicio indebido del servicio público, y otro más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (que es el caso donde fue excluido Zebadúa y donde se obtuvo la orden no cumplimentada a Rosario Robles).
La fiscalía no reporta un solo caso judicializado por el delito de peculado o de enriquecimiento ilícito.
Y a la pregunta de cuantos recursos se han conseguido recuperar de la Estafa Maestra transcurrida la mayor parte de este sexenio, la respuesta institucional de la Fiscalía es que “no se localizó información al respecto”. Entiéndase: cero.
Ni peculado ni dinero recuperado 1
Ni peculado ni dinero recuperado 1
Textos complementarios
La transacción al detalle:
Dos policías locales del municipio de Valle de Chalco, estado de México, fueron procesados penalmente por los delitos de abuso de autoridad y cohecho, luego de que intentaron extorsionar a una madre y su hijo al exigirles 30 mi pesos a cambio de no detenerlos por, supuestamente, haber dañado la pluma del estacionamiento de un centro comercial.
Para reportar este caso los afectados utilizaron el chatbot de denuncia desarrollado por TOJIL conocido como “TEO, tu abogado virtual”, lo que agilizó que el reporte llegara a la fiscalía Anticorrupción del estado de México y avanzaran las investigaciones.
Estefanía Medina, cofundadora de TOJIL, destacó que este ya es el segundo caso en el que a través de una denuncia presentada por TEO se logra llevar ante tribunales a policías implicados en hechos de corrupción. Recordó que, actualmente, este chatbot funciona para la denuncia de casos de corrupción en fuerzas de seguridad en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo.
Monto: 30 mil pesos era el monto que los policías exigían para no llevar ante un juez a los denunciantes.
Implicados: Dos agentes de la policía municipal de Valle de Chalco.
Impacto: Presuntos actos de corrupción cometido por funcionarios de seguridad pública.
Difusión: El hecho fue dado a conocer en Así las Cosas PM en W Raido y en redes sociales por TOJIL hasta el cierre de este reporte.
El hoy candidato de Morena al gobierno de Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena, podría estar implicado en una trama de desvíos de recursos federales por más de 46 millones de pesos cuando ocupó el puesto de delegado de la Secretaría de Bienestar entre 2020 y 2023.
El Universal reveló que, bajo la gestión de Díaz Mena, dicha delegación entregó 383 contratos por adjudicación directa, sin licitación que garantizara las mejores condiciones para el Estado. Varios de los proveedores beneficiados son compañías ligadas entre sí, con el perfil de empresas fantasma que simulan operaciones que facturan.
Entre los beneficiados de estos contrato sin competencia también figuran cuatro compañías vinculadas a empresarios que financiaron campañas previas del candidato de Morena.
Monto: Las anomalías reportadas superan los 46 millones de pesos.
Impacto: Los recursos posiblemente desviados estaban destinados a programas sociales en Yucatán.
Difusión: La nota fue publicada por El Universal y replicada por al menos ocho medios más.
Un juez federal autorizó, a petición de la FGR, la apertura de un cuarto proceso penal en contra del exdirector de Administración de Segalmex, René Gavira, por las presuntas operaciones de lavado de dinero. Lo anterior para ocultar recursos que fueron desviados a través de un contrato de 142 millones de pesos por toneladas de azúcar que no fueron entregadas.
Con este ya son cuatro los procesos iniciados en contra de dicho exfuncionario quien permanece en prisión preventiva. Hasta la fecha ninguno de los casos ha llegado a la fase de juicio y aun no se recuperan los recursos. Tampoco se ha procedido en contra del que fuera titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, quien sigue en otro cargo en el gobierno federal.
Monto: 142 millones de pesos desviados y lavados según la nueva acusación de FGR.
Implicados: El exdirector de Administración de Segalmex, René Gavira.
Impacto: Los recursos mal manejados estaban destinados a la adquisición de bienes y servicios para los sectores más vulnerables de la población.
Difusión: Por lo menos 20 medio nacionales y locales dieron cuenta de la apertura de este nuevo proceso.
Empresarios gasolineros denunciaron que funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) les exigen desde hace años pagos mensuales que van de los 15 a los 35 mil pesos mensuales a cambio de no ser clausuraos, o de no ser exhibidos en las conferencias presidenciales por vender caro.
Los testimonios recabados -e incluso la versión de una ex asistente de la dirección de Proceso- apuntan a que los recursos obtenidos con estos mecanismos de corrupción se habrían destinado con fines electorales. Como evidencia se aportaron fotografías con los fajos de billetes entregados.
En 2023 fue el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien reveló que unos 11 mil gasolineros habían denunciado que eran víctima de extorsión de los verificadores de Profeco, pero dijo que el problema “se había cortado de tajo”. No obstante, los testigos entrevistados dijeron que este mecanismo de corrupción sigue hasta la fecha.
Monto: Se estiman hasta 2 mil 600 millones de pesos obtenidos en un año como resultado de los moches.
Implicados: La gestión de la Profeco a cargo de Ricardo Sheffield Padilla y David Aguilar Romero.
Impacto: Posibles verificaciones que no se aplican o se sancionan a través de mecanismos de corrupción.
Difusión: La nota fue una exclusiva de MCCI y replicada por la menos una decena de medios.
Una investigación de la Secretaria de la Función Pública (SFP) encontró malos manejos y posibles desvíos en el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) por más de cien millones de pesos durante el 2023. En caso de que el dinero no sea reintegrado o aclarado, dicha secretaría alista denuncias penales en contra de quien resulte responsable.
La auditoría practicada por la SFP detectó que las inconsistencias se concentran en los subsidios que la comisión recibe para apoyar distintas estrategias de búsqueda en las entidades, sumado a reintegros por intereses o subejercicios que no se han llevado a cabo.
Todo ello ocurrió en medio de la inestabilidad que surgió en dicha comisión y donde su titular Karla Quintana renunció por lo que ella consideró que eran irregularidades en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
Monto: Los malos manejos superan los 107 millones de pesos.
Implicados: La administración de Karla Quintana y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún en la CNB.
Impacto: Posible desvío de recursos que ya de por si son limitados para la búsqueda de personas.
Difusión: La información fue difundida en los medios de la OEM y en noticieros de Grupo Fórmula.
El equipo de Movimiento Ciudadano denunció públicamente que el exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien busca de nuevo ese cargo por la coalición del PRI – PAN – PRD está implicado en diversos hechos de posible corrupción por desvíos superiores a los 400 millones de pesos.
En conferencias de prensa el consultor y experto en temas de corrupción, Miguel Meza, dijo que tienen evidencias documentales y testimonios que confirmarían que se usaron recursos del erario de Monterrey con fines ajenos a lo establecido en la ley, entre ellos el impulso a su fallida candidatura a gobernador de 2021.
Por ejemplo, señaló que desde el municipio se entregaron contratos por compra de juguetes a una empresa “todóloga”, que tiene como accionistas a militantes del mismo PRI, y los cuales se repartieron luego con fines electorales. O se documentó la adquisición y dispersión de recursos a través de la llamada “Tarjeta Regia”, que en el papel correspondían a un programa social del municipio, pero que en realidad se entregaron al referido instituto político.
Monto: 442 millones de pesos en posibles malos manejos.
Implicado: La administración del exalcalde de Monterrey y ahora candidato al mismo puesto, Adrián de la Garza.
Impacto: Los recursos estaban destinados para obras básicas y programas sociales del municipio de Monterrey.
Difusión: Más de 30 medios nacionales y locales reprodujeron esta información.
El gobierno de Samuel García en Nuevo León entregó un contrato de más de 13 millones de pesos para tapar baches a una compañía sin experiencia en el ramo, y que además está vinculada con una red de empresas fantasma que comparten accionistas, notarios, domicilios, entre otros.
El diario EL Norte reveló que de forma extraña el gobierno estatal optó por contratar a una empresa de Puebla proporcionar servicios que pueden realizar múltiples compañías en el estado. La empresa favorecida, con razón social Constructora Ahucatlán, de forma extraña no tuvo competencia en la licitación.
El reportaje descubrió que la compañía está relacionada con al menos 34 empresas más que, por sus características, podrían ser fantasma. Además, el gobierno estatal mantiene ocultos tanto los detalles técnicos del contrato, así como de la supuesta estrategia de bacheo.
