El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) renovó un millonario contrato con una empresa intermediaria para adquirir equipos de impresión y fotocopiado, pese a que dicha compañía no contaba con permisos del fabricante para surtir los equipos, y a que las máquinas que entregó eran usadas, viejas o inservibles, y con cartuchos pirata abastecidos con tinta de mala calidad en el mercado negro.

La ganona, según lo revelado por Proceso, es la empresa Máquinas, Información y Tecnología Avanzada (MITA), que en los últimos cinco años ha obtenido más de 700 millones de pesos con diversas dependencias, pero primordialmente el IMSS. De acuerdo con las fuentes a los que tuvo acceso el reportaje, se ha usado el criterio de “austeridad” para favorecer a dicha empresa en licitaciones donde oferta un precio bastante inferior al de sus competidores, pero detrás del que se esconde un servicio defectuoso.

Ante el crecimiento de quejas en todas las delegaciones del IMSS y acusaciones de favoritismos, el OIC del instituto inició una revisión al respecto.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/26/proveedor-consentido-de-la-4t-tiene-ano-dorado-con-impresoras-pirata-319138.html 

Monto. Más de 700 millones de pesos en contratos durante los últimos cinco años.

Implicados: La compañía Máquinas, Información y Tecnología Avanzada (MITA), empresas vinculadas a esta como Grupo Pagemax, el presidente del consejo de administración y socio fundador, Francisco José Maldonado y Manuel González Acuña; y los funcionarios del IMSS que resulten responsables.

Impacto: Directo a derechohabientes que han recibido documentos ilegibles o retrasos en sus trámites según se consigna en el reportaje.

Difusión: La historia fue publicada en exclusiva por Proceso.

Camionetas blindadas que no han llegado, materiales de laboratorio que no existen, chalecos antibalas que jamás se entregaron, cursos con firmas truqueadas, y pagos injustificados a proveedores. Son apenas algunos ejemplos de los posibles desvíos registrados en 2022 en diez estados con recursos de los fondos federales de seguridad.

EMEEQUIS presentó un balance de todas las auditorías practicadas al manejo del llamado FASP correspondiente a la cuenta pública 2022 y el cual arroja posibles desvíos por más de 137 millones de pesos en una decena de estados. Los casos más graves son los del estado de México y Nayarit donde literal se pagaron por camionetas todo terreno o con blindajes que no existen.

Fuente: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/detecta-auditoria-pagos-irregulares-para-seguridad-en-10-estados 

Monto: 137 millones 714 mil pesos observados por los auditores

Implicados: Los funcionarios estatales que resulten responsables de los diez estados donde se registraron irregularidades.

Impacto: Son recursos que no se invirtieron en recursos humanos o materiales que son urgentes para fortalecer a las fuerzas de seguridad locales. La falta de vehículos blindados o e chalecos antibalas nuevos incrementa el riesgo que de por si ya enfrentan policías locales que con frecuencia son blando de agresiones del crimen organizado.

Difusión: EMEEQUIS publicó este análisis el 27 de noviembre.

La FGR intentó infructuosamente que un juez federal procesara por delincuencia organizada y lavado de dinero al exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, Carlos Antonio Dávila Amerena, pese a que fue este quien presentó una decena de denuncias por los malos manejos y desvío de recursos en dicho organismo.

Los fiscales pretendían ligar a Dávila con la compra irregular de 7 mil 800 toneladas de azúcar. Pero los jueces que revisaron el caso en primera y segunda rechazaron vincularlo s proceso pues él no había firmado ningún documento como sostenía la FGR. Además el tribunal dijo que era un “contrasentido” sostener que dicho funcionario pertenece a una organización criminal a la cual el mismo denunció.

Mientras esto ocurre la FGR sigue sin imputar cargo alguno en contra del que fuera titular de Segalmex cuando ocurrieron los hechos, Ignacio Ovalle.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/caso-segalmex-dan-reves-a-fgr-en-acusacion-contra-exdirector-juridico-BH10174243 

Implicado: El exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, Carlos Antonio Dávila Amerena; el extitular de Segalmex cuando ocurrieron los hechos, Ignacio 

Monto: El caso por el que se pretendía vincular a proceso a Dávila equivale a un presunto fraude de alrededor de 142 millones de pesos.

Impacto: Los recursos desviados estaban destinados a la adquisición de insumos básicos que se comercializan a precios de conveniencia.

Difusión: Ocho medios por lo menos reprodujeron la información relacionada con este fallo del tribunal

Por fallas en la presentación de su caso la Fiscalía General de la República perdió el juicio con el cual buscaba quedarse de forma definitiva con una mansión de más de mil metros cuadrados valuada en 28 millones de pesos, que según las investigaciones fue adquirida por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con dinero proveniente de sobornos de la empresa Altos Hornos.

La información revelada por EMEEQUIS indica que, al resolver el proceso conocido como juicio de extinción de dominio, la jueza concluyó que la FGR erróneamente pretendió aplicar una ley promulgada en 2019 y un criterio que no estaba vigente para quedarse con la propiedad que fue adquirida desde 2012 en la Ciudad de México. 

La FGR respondió en un comunicado que la decisión de la jueza es “inaceptable” y que no devolverá la casa hasta que se resuelva una apelación que estaba en vías de ser presentada.

Fuente: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/emilio-lozoya-le-gana-a-fgr-jueza-ordena-devolverle-casa-de-38-mdp 

Monto: La propiedad en cuestión está valuada en 38 millones de pesos.

Imputado: Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y la empresa Altos Hornos de México.

Impacto: La casa sería entregada al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado para que este, a su vez, la subastara y el dinero se transfiriera a programas sociales prioritarios.

Difusión: La resolución fue dada a conocer como primicia en EMEEQUIS y hasta este corte más de cien medios de comunicación la habían replicado o le dieron seguimiento propio.

Los medios reportaron que un juez de la Ciudad de México ordenó la aprehensión de la exdirectora jurídica de la alcaldía Benito Juárez y actual diputada del PAN en el Congreso capitalino, Luisa Gutiérrez, por su presunta participación en un esquema de entrega de permisos irregulares para la construcción de inmuebles en la referida demarcación. Se trata del caso conocido como “Cartel inmobiliario”.

Tras filtrarse la noticia la fiscal General de la ciudad, Ernestina Godoy, confirmó que tiene indicios para solicitar a un juez que procese a la legisladora por hechos de corrupción, pero dijo que esta no ha podido ser detenida porque tramitó un amparo. Gutiérrez y su bancada consideraron que el caso es una “venganza política” por la oposición del PAN a la ratificación en el cargo de la fiscal.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fgj-investiga-a-diputada-del-pan-por-corrupcion-inmobiliaria/ 

Monto: No precisado en este caso en específico

Implicada: La actual diputada del PAN en el Congreso capitalino, Luisa Gutiérrez. Por el lado de la parte acusadora la fiscal Ernestina Godoy.

Impacto: La corrupción inmobiliaria habría permitido el levantamiento de edificios sin las medidas adecuadas de seguridad.

Difusión: Por lo menos 25 medios abordaron en distintos espacios la información relacionada con esta vertiente del llamado “Cartel inmobiliario” y la respuesta del PAN.

El presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí, Iván Estrada, fue procesado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y abuso de autoridad luego de que la fiscalía lo acusó ante un juez de cobrar doble sueldo en su propio ayuntamiento, ya que además de su sueldo nominal, cobraba por supuestos servicios profesionales inexistentes. El fraude superaría los 6 millones de pesos.

Estrada fue detenido y quedó en prisión preventiva mientras se culmina con la indagatoria en su contra para llegar al juicio. Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto dicho alcalde ya que en mayo pasado se filtraron grabaciones en las que este expresa su apoyo a un cartel del narcotráfico.

Fuente: https://www.elnorte.com/vinculan-a-proceso-a-alcalde-de-matehuala-slp/ar2712768 y https://www.dailymail.co.uk/news/article-12748989/Mexican-mayor-Ivan-Estrada-arrested-cartel.html 

Monto: Seis millones de pesos en presuntos pagos ilegales

Implicado: El presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí, Iván Estrada

Impacto: Recursos destinados para tareas prioritarias en el municipio que se desviaron en servicios simulados.

Difusión: Más de 30 medios locales, nacionales e incluso internacionales como Daily Mail replicaron esta información exponenciada por el aparente vinculo del alcalde con el crimen organizado.

La lentitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR para integrar y presentar los cargos provocó que se perdiera un proceso penal abierto en contra de un exfuncionario de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), por una contratación irregular y sin licitación en favor de Google en 2014.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió amparar al exfuncionario, Guillermo Ignacio González Ávila, y anular la vinculación a proceso, pues concluyó que aun cuando la FECC inició la indagatoria en 2020, fue hasta mediados de 2021 cuando presentó los cargos, fecha en que dicho ilícito había prescrito.

El caso era relevante porque era la primera vez que se judicializaba un tema de corrupción en México en donde Google estaba implicado. En la investigación de la fiscalía se sostenía que el referido funcionario firmó con la empresa un contrato de servicio de publicidad en banners en diversas páginas web, sin que se hiciera ningún estudio de mercado de por medio que justificara que esta era la mejor opción, una omisión grave sobretodo porque el contrato se entregó de forma directa y sin licitación.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/11/16/economia/018n2eco 

Monto: 502 mil pesos.

Implicado: Guillermo Ignacio González Ávila, quien se desempeñaba como secretario general de Prodecon cuando se registró el contacto irregular. Del lado de Google el contrato fue firmado por su apoderada legal en México, María Andrea Valles Ibáñez.

Impacto: NA

Difusión: Nota difundida en exclusiva por La Jornada.

El órgano de fiscalización Superior del estado de México reveló que, como resultado de las auditorías practicadas al presupuesto ejercido por el gobierno estatal y los municipios de dicha entidad durante el 2022, se detectaron más de 8 mil 400 anomalías que equivalen a malos manejos superiores a los 32 mil millones de pesos.

En las irregularidades están implicados tanto funcionarios del gobierno estatal, así como de los distintos municipios. Las inconsistencias van desde subsidios destinados a la población que terminaron en los bolsillos de funcionarios municipales, hasta obras que no existen. Incluso hay presupuesto que se destinó a organismos como el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio, el cual en realidad no se ha puesto en marcha.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/11/16/estados/025n2est 

Implicados: La administración del exgobernador Alfredo del Mazo a nivel estatal, así como autoridades de múltiples municipios involucrados. De no aclararse las anomalías podrían abrirse investigaciones penales en su contra,

Monto: 32 mil millones de pesos en irregularidades detectadas durante todo 2022

Impacto: Al tratarse de recursos locales, los montos afectados estaban en un abanico amplio de obras de infraestructura básica, programas de asistencia social, entre otros.

Difusión: Al menos 15 medios locales y nacionales retomaron los datos revelados por el órgano de fiscalización local.

La administración del gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, ha entregado contratos por más de 300 millones de pesos a dos constructoras, Tordec y Proyectos de Infraestructura La Laguna, que están vinculadas con un despacho fiscal fundado por el padre del propio gobernador. 

De acuerdo con la información revelada, las empresas contratistas tienen conexiones financieras con la firma fiscal de Samuel García Macorro, a la que han facturado supuestos servicios prestados por más de 42 millones. Además de las irregularidades y posibles conflictos de interés, el hecho es aún más delicado dado que el padre del gobernador y su despacho están implicados en una investigación por posibles operaciones de lavado de dinero abierta en 2020 en la FGR y que, hasta la fecha, sigue en integración.

Cabe señalar que al momento de la contratación Tordec había sido sancionada en Puebla por diversos incumplimientos en contratos.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/11/19/politica/004n1pol 

Implicados: El gobierno de Samuel García; su padre, Samuel García Macorro. Su empresa Firma Jurídica Fiscal Abogados; y las proveedoras Tordec y Proyectos de Infraestructura La Laguna.

Monto: 306 millones de pesos facturados a las referidas empresas.

Impacto: NA

Difusión: La Jornada dio a conocer los datos de forma exclusiva

Trece instituciones públicas de educación superior se encuentran bajo investigación, luego de que auditorías oficiales detectaron malos manejos superiores a los mil 500 millones de pesos provenientes principalmente de recursos transferidos a cuentas ajenas a la institución, subsidios que no se manejaron adecuadamente y pagos de nómina irregulares.

El análisis hecho por Emeequis a partir de trabajos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destaca que una irregularidad común en varios de los planteles es que se reportan pagos a trabajadores que, en realidad ya fueron dados de baja, que están en comisiones o licencias sin goce de sueldo, o que incluso están muertos. Las universidades autónomas de Coahuila y Nayarit concentran la mayor parte de las anomalías.

Fuente: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/pagan-universidades-miles-de-millones-a-fallecidos-comisionados-o-dados-de-baja 

Monto: 1 mil 577 millones de pesos es el monto total de las irregularidades observadas por la ASF.

Implicados. Funcionarios de 13 planteles públicos de educación superiores, entre los que destacan la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Nayarit, que concentran 2/3 partes del monto observado.

Impacto: Recursos destinados para cubrir salarios o mejorar la infraestructura de las universidades que fueron desviados.

Difusión: Especial difundido por Emeequis.

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