Un tribunal administrativo anuló la inhabilitación por siete años para participar en contrataciones públicas que la Secretaría de la Función Pública (SFP) le había impuesto a la empresa Instrumentos y Equipos Falcón S.A. de C.V., tras concluir que había hecho trampa en múltiples procedimientos.

La investigación de la SFP concluyó que entre 2012 y 2018 la referida empresa se coludió con otras cuatro para repartirse ilícitamente procesos de contratación en el ISSSTE y el IMSS, con lo que obtuvieron ganancias superiores a los 3 mil millones de pesos. No se detallaron las razones por las que se anuló la sanción.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2023/12/01/politica/008n2pol 

Monto: Hasta 3 mil millones habrían obtenido las empresas involucradas en este mecanismo de colusión.

Implicados: La empresa Instrumentos y Equipos Falcón S.A. de C.V., tres compañías más, y presuntamente funcionarios del IMSS e ISSSTE.

Impacto: La colusión habría derivado en un ejercicio inadecuado de recursos del sector salud, que son prioritarios ante la alta demanda de pacientes y las carencias, en muchos casos, de medicamentos suficientes.

Difusión: La Jornada difundió la información del Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

Difusión: La Jornada, Notitia Criminis, Milenio, Reforma y al menos seis medios mas difundieron contenidos similares y seguimientos.

El empresario Alonso Ancira no pagó los más de 100 millones de dólares que le debe a Pemex como parte del acuerdo reparatorio por haberle vendido con sobreprecio y presuntos sobornos la planta Agronitrogenados. El 31 de noviembre venció el plazo que se había fijado para cubrir el adeudo, luego de los dos primeros pagos por 50 millones cada uno que sí se habían hecho.

En el papel esto podría significar la cancelación del acuerdo y que se reactive el proceso penal en contra de él y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue el funcionario presuntamente sobornado. No obstante, autoridades indicaron que se buscará cobrar el adeudo con propiedades de la empresa Altos Hornos que quedaron en garantía o a través de recursos que esa empresa espera recibir de un fondo chino.

Hasta el cierre de este Corruptómetro ni uno ni lo otro había ocurrido.

Fuente: https://notitiacriminis.mx/justicia/nacional/6615/ 

Monto: 100 millones de dólares es el monto que falta por cubrirse

Implicados: Alonso Ancira, expresidente del Consejo de Administración de AHMSA; y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Impacto: Las pérdidas que sufrió la principal empresa productiva del Estado (Pemex) no han sido reparadas todavía.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concedió un nuevo contrato por casi 230 millones de pesos a la empresa Abspro SA de CV cuyo accionista mayoritario, Erik Ramírez Guerrero, trabaja con las socias de una firma inmobiliaria que en 2020 le vendió un departamento de lujo a precio de ganga al titular de dicha secretaría, el general Luis Cresencio Sandoval.

Este caso se reportó por primera vez en El Corruptómetro 27 publicado en mayo pasado, luego de que MCCI reveló que otra empresa de Ramírez Guerrero, Promatech, había recibido un contrato justo dos años después de que su socia le vendió un departamento a un precio tres veces inferior a su valor.

La historia se repite ahora con la concesión del nuevo contrato a Abspro, compañía que no opera en su domicilio fiscal como muestra el artículo publicado. Hasta ahora no se conoce de una indagatoria oficial sobre estos hechos.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/sedena-asigno-229-millones-a-empleado-de-empresaria-que-vendio-depa-a-sandoval/ 

Monto: 229 millones de pesos es el monto el nuevo contrato para la adquisición de placas balísticas.

Implicado: Las empresas Abspro SA de CV y Promatech SA de CV donde figura como accionista Erik Ramírez Guerrero, así como su socia Alejandra Aguilar Solórzano. Y del lado del gobierno la Sedena y su titular, el general Luis Cresencio Sandoval.

Impacto: NA.

Difusión: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó la historia en sus sitio web y en la portada de Reforma. Por lo menos seis medios y espacios informativos retomaron la información

El exgobernador de Aguascalientes, Martin Orozco Sandoval, fue sentenciado a 4 años de cárcel y una multa de 2.2 millones de pesos, tras ser encontrado culpable de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias. Esto como resultado de una operación en la se autorregaló terrenos municipales a través de una asociación civil en 2010, cuando era alcalde de la capital del estado.

El proceso se alargó por más de 12 años debido a los amparos que promovió el exmandatario panista, y a los fueros constitucionales que obtuvo cuando fue elegido gobernador y luego senador. De hecho, Orozco anunció que promoverá un nuevo recurso contra la sentencia al tiempo en que ya busca una nueva candidatura al Senado por la vía plurinominal.

Fuente: https://www.infobae.com/mexico/2023/11/25/sentenciaron-a-ex-gobernador-de-aguascalientes-con-4-anos-de-prision-por-trafico-de-influencias/ 

Monto: El valor de los terrenos asciende a más de dos millones de pesos.

Implicado: El exgobernador de Aguascalientes, Martin Orozco Sandoval

Impacto: NA

Difusión: Al menos 15 medios nacionales y locales difundieron esta información.

7) Querétaro: revelan desvío de miles de apoyos sociales en plena crisis del COVID

Por lo menos siete funcionarios y exfuncionarios del municipio de Querétaro están implicados en una trama fraudulenta con la que consiguieron desviar cuatro mil apoyos que estaban destinados para la población, durante la emergencia por la pandemia del COVID-19. El fraude superaría los 12 millones de pesos.

Se trata de recursos de los programas de Apoyo Emergente para personas Económicamente Activas y en el Programa Tu Beca, que fueron operados desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la capital del estado. La Fiscalía Anticorrupción de la entidad ya presentó cargos en contra del primero de los implicados.

Fuente: https://plazadearmas.com.mx/ex-funcionario-y-seis-mas-son-investigados-por-dano-al-erario-de-mas-de-12-millones-de-pesos/ 

Monto: 12 millones de pesos en apoyos desviados.

Implicados: Al menos siete exfuncionarios bajo investigación entre ellos el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de Querétaro, Arturo Torres Gutiérrez.

Impacto: Miles de personas del municipio no recibieron recursos económicos emergentes en plena contingencia sanitaria.

Difusión: Al menos 9 medios sobretodo locales dieron difusión a esta información.

El gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, Samuel García, repite por segunda semana consecutiva en El Corruptómetro, ahora por los presuntos malos manejos realizados con una aeronave que su administración había adquirido para estimular las nubes y combatir incendios.

De acuerdo con una revisión de carácter extraordinario realizada por la Auditoría Superior del Estado, el 1 de octubre el mandatario, junto con su secretario particular, usaron la aeronave para trasladarle a Ciudad Victoria , Tamaulipas, y asistir al informe del gobernador de esa entidad. Ello contrario al reporte del gobierno que señaló que dicho viaje se usó para una operación climática.

Cabe señalar que la aeronave se había adquirido sin licitación y por adjudicación directa bajo el argumento de que solo se usaría para atender cuestiones de emergencia o extraordinarias como la escasez de lluvias. Las investigaciones continúan.

Fuente: https://lucesdelsiglo.com/2023/11/26/uso-samuel-garcia-avion-bombardero-para-viajar-a-victoria-nacional/ 

Monto: La aeronave que se estaría usando para fines distintos a lo plasmado en el contrato está valuada en 69.7 millones de pesos.

Implicado: El gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García.

Impacto: NA

Difusión: Por lo menos seis medios replicaron la información de la auditoría. Previamente las críticas sobre la adquisición de esta aeronave ya han ocupado espacios en diversos medios.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) renovó un millonario contrato con una empresa intermediaria para adquirir equipos de impresión y fotocopiado, pese a que dicha compañía no contaba con permisos del fabricante para surtir los equipos, y a que las máquinas que entregó eran usadas, viejas o inservibles, y con cartuchos pirata abastecidos con tinta de mala calidad en el mercado negro.

La ganona, según lo revelado por Proceso, es la empresa Máquinas, Información y Tecnología Avanzada (MITA), que en los últimos cinco años ha obtenido más de 700 millones de pesos con diversas dependencias, pero primordialmente el IMSS. De acuerdo con las fuentes a los que tuvo acceso el reportaje, se ha usado el criterio de “austeridad” para favorecer a dicha empresa en licitaciones donde oferta un precio bastante inferior al de sus competidores, pero detrás del que se esconde un servicio defectuoso.

Ante el crecimiento de quejas en todas las delegaciones del IMSS y acusaciones de favoritismos, el OIC del instituto inició una revisión al respecto.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/26/proveedor-consentido-de-la-4t-tiene-ano-dorado-con-impresoras-pirata-319138.html 

Monto. Más de 700 millones de pesos en contratos durante los últimos cinco años.

Implicados: La compañía Máquinas, Información y Tecnología Avanzada (MITA), empresas vinculadas a esta como Grupo Pagemax, el presidente del consejo de administración y socio fundador, Francisco José Maldonado y Manuel González Acuña; y los funcionarios del IMSS que resulten responsables.

Impacto: Directo a derechohabientes que han recibido documentos ilegibles o retrasos en sus trámites según se consigna en el reportaje.

Difusión: La historia fue publicada en exclusiva por Proceso.

Camionetas blindadas que no han llegado, materiales de laboratorio que no existen, chalecos antibalas que jamás se entregaron, cursos con firmas truqueadas, y pagos injustificados a proveedores. Son apenas algunos ejemplos de los posibles desvíos registrados en 2022 en diez estados con recursos de los fondos federales de seguridad.

EMEEQUIS presentó un balance de todas las auditorías practicadas al manejo del llamado FASP correspondiente a la cuenta pública 2022 y el cual arroja posibles desvíos por más de 137 millones de pesos en una decena de estados. Los casos más graves son los del estado de México y Nayarit donde literal se pagaron por camionetas todo terreno o con blindajes que no existen.

Fuente: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/detecta-auditoria-pagos-irregulares-para-seguridad-en-10-estados 

Monto: 137 millones 714 mil pesos observados por los auditores

Implicados: Los funcionarios estatales que resulten responsables de los diez estados donde se registraron irregularidades.

Impacto: Son recursos que no se invirtieron en recursos humanos o materiales que son urgentes para fortalecer a las fuerzas de seguridad locales. La falta de vehículos blindados o e chalecos antibalas nuevos incrementa el riesgo que de por si ya enfrentan policías locales que con frecuencia son blando de agresiones del crimen organizado.

Difusión: EMEEQUIS publicó este análisis el 27 de noviembre.

La FGR intentó infructuosamente que un juez federal procesara por delincuencia organizada y lavado de dinero al exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, Carlos Antonio Dávila Amerena, pese a que fue este quien presentó una decena de denuncias por los malos manejos y desvío de recursos en dicho organismo.

Los fiscales pretendían ligar a Dávila con la compra irregular de 7 mil 800 toneladas de azúcar. Pero los jueces que revisaron el caso en primera y segunda rechazaron vincularlo s proceso pues él no había firmado ningún documento como sostenía la FGR. Además el tribunal dijo que era un “contrasentido” sostener que dicho funcionario pertenece a una organización criminal a la cual el mismo denunció.

Mientras esto ocurre la FGR sigue sin imputar cargo alguno en contra del que fuera titular de Segalmex cuando ocurrieron los hechos, Ignacio Ovalle.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/caso-segalmex-dan-reves-a-fgr-en-acusacion-contra-exdirector-juridico-BH10174243 

Implicado: El exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, Carlos Antonio Dávila Amerena; el extitular de Segalmex cuando ocurrieron los hechos, Ignacio 

Monto: El caso por el que se pretendía vincular a proceso a Dávila equivale a un presunto fraude de alrededor de 142 millones de pesos.

Impacto: Los recursos desviados estaban destinados a la adquisición de insumos básicos que se comercializan a precios de conveniencia.

Difusión: Ocho medios por lo menos reprodujeron la información relacionada con este fallo del tribunal

Por fallas en la presentación de su caso la Fiscalía General de la República perdió el juicio con el cual buscaba quedarse de forma definitiva con una mansión de más de mil metros cuadrados valuada en 28 millones de pesos, que según las investigaciones fue adquirida por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con dinero proveniente de sobornos de la empresa Altos Hornos.

La información revelada por EMEEQUIS indica que, al resolver el proceso conocido como juicio de extinción de dominio, la jueza concluyó que la FGR erróneamente pretendió aplicar una ley promulgada en 2019 y un criterio que no estaba vigente para quedarse con la propiedad que fue adquirida desde 2012 en la Ciudad de México. 

La FGR respondió en un comunicado que la decisión de la jueza es “inaceptable” y que no devolverá la casa hasta que se resuelva una apelación que estaba en vías de ser presentada.

Fuente: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/emilio-lozoya-le-gana-a-fgr-jueza-ordena-devolverle-casa-de-38-mdp 

Monto: La propiedad en cuestión está valuada en 38 millones de pesos.

Imputado: Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y la empresa Altos Hornos de México.

Impacto: La casa sería entregada al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado para que este, a su vez, la subastara y el dinero se transfiriera a programas sociales prioritarios.

Difusión: La resolución fue dada a conocer como primicia en EMEEQUIS y hasta este corte más de cien medios de comunicación la habían replicado o le dieron seguimiento propio.

Los medios reportaron que un juez de la Ciudad de México ordenó la aprehensión de la exdirectora jurídica de la alcaldía Benito Juárez y actual diputada del PAN en el Congreso capitalino, Luisa Gutiérrez, por su presunta participación en un esquema de entrega de permisos irregulares para la construcción de inmuebles en la referida demarcación. Se trata del caso conocido como “Cartel inmobiliario”.

Tras filtrarse la noticia la fiscal General de la ciudad, Ernestina Godoy, confirmó que tiene indicios para solicitar a un juez que procese a la legisladora por hechos de corrupción, pero dijo que esta no ha podido ser detenida porque tramitó un amparo. Gutiérrez y su bancada consideraron que el caso es una “venganza política” por la oposición del PAN a la ratificación en el cargo de la fiscal.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fgj-investiga-a-diputada-del-pan-por-corrupcion-inmobiliaria/ 

Monto: No precisado en este caso en específico

Implicada: La actual diputada del PAN en el Congreso capitalino, Luisa Gutiérrez. Por el lado de la parte acusadora la fiscal Ernestina Godoy.

Impacto: La corrupción inmobiliaria habría permitido el levantamiento de edificios sin las medidas adecuadas de seguridad.

Difusión: Por lo menos 25 medios abordaron en distintos espacios la información relacionada con esta vertiente del llamado “Cartel inmobiliario” y la respuesta del PAN.

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