Comerciantes que operan en la Alcaldía Coyoacán denunciaron que han sido víctimas de extorsiones por parte de funcionarios públicos locales, señalando que estas prácticas se han intensificado en los últimos meses y que afectan tanto a pequeños negocios como a establecimientos más grandes. Las presiones presuntamente incluyen exigencias de pagos directos o amenazas relacionadas con la clausura de sus negocios.

De acuerdo con testimonios de los comerciantes afectados, los funcionarios implicados solicitan cuotas económicas hasta de 200 mil pesos a cambio de permitir la operación tranquila de los negocios, bajo el argumento de supuestos trámites administrativos o inspecciones sorpresivas. Los afectados han señalado que estas acciones se alejan del propósito legal de las inspecciones y constituyen actos de corrupción, pues buscan obtener beneficios personales mediante el abuso de poder.

Luego de darse a conocer esta información la alcaldía anunció la suspensión de dos funcionarios y el inicio de varias investigaciones internas.

Fuente: https://www.reforma.com/acusan-extorsion-de-alcaldia-coyoacan/ar3107557

Monto: Cobros ilegales de hasta 200 mil pesos.

Implicados: Funcionarios de la alcaldía Coyoacán.

Impacto: Verificadores que corrompen su función de supervisión a cambio de exigencias económicas.

Difusión: La información fue dada a conocer por Reforma y retomada por al menos ocho medios.

La Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Se le acusa de tráfico de influencias, cohecho, evasión fiscal, enriquecimiento inexplicable, falsificación de documentos y fraude en la asignación de contratos de servicios de limpieza, en complicidad con los dueños de diversas empresas del ramo, principalmente José Juan Reyes Domínguez y José Juan Reyes Mote, apodado “Niño de Oro”.

La investigación destaca el caso de Servicios Integrales Retimar, contratada para el servicio de limpieza en el IPN por 2 mil184 millones de pesos con una plantilla declarada de 4 mil 459 empleados. Sin embargo, según la querella, la empresa sólo tenía registrados 2 mil 156 empleados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta mediados del año, generándose una presunta evasión mensual de 7.5 millones de pesos en cuotas obrero-patronales.

La denuncia incluye documentación sobre la constitución de múltiples razones sociales vinculadas al “Cártel de la Limpieza”, con patrones coincidentes en dirección y lugar de fundación —principalmente en Morelos y ciertas alcaldías de la Ciudad de México—. El propósito de estos registros sería asegurar que las empresas caigan bajo una misma subdelegación del IMSS en la jurisdicción norte de la CDMX, donde tendrían como cómplices a exfuncionarios ligados a la afiliación y cobranza del Seguro Social, entre ellos Luis Anuar Estefan Garfia.

En la denuncia publicada por Proceso se expone el modus operandi del grupo, basado en crear distintas firmas para licitar con múltiples propuestas y escalonar precios, asegurando así la adjudicación de contratos federales y locales en servicios de limpieza y seguridad. Una de las compañías mencionadas, Armot Seguridad Privada, también muestra grandes diferencias entre la cantidad de empleados reportados y los realmente inscritos en el IMSS, lo que se traduce en una evasión mensual millonaria.

Cabe señalar que Tapia Santoyo ya había sido señalado en otras ediciones de El Corruptómetro por su participación en el caso Clan Biomédica a través del cual se desviaron millones del sector salud con una red de empresas fachada.

Fuente: https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/11/12/denuncian-trafico-de-influencias-cohecho-evasion-fiscal-del-cartel-de-la-limpieza-en-el-ipn-362639.html

Monto: No precisado.

Implicados: Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y otros funcionarios del IPN e IMSS, además de la empresa Servicios Integrales Retimar, entre otras.

Impacto: Recursos destinados a la principal institución de educación superior del Estado.

Difusión: Proceso dio a conocer esta información que fue retomada por tres medios más.

Diversos medos poblanos publicaron testimonios y notas sobre revisiones extraordinarias y casos de extorsión supuestamente encabezados por Uriel Erazo, delegado de Profeco en Puebla, y por algunos de sus verificadores. 

Se señala que estos funcionarios han presionado a pequeños comercios y restaurantes de la ciudad, algunos de ellos con larga tradición local, exigiendo sumas de dinero bajo pretexto de encontrar “errores” administrativos menores como en la emisión de tickets o facturas.

Varios comercios han reportado que inspectores de Profeco llegan sin previo aviso, amenazan con procedimientos o clausuras, y sugieren “arreglos” económicos para evitar sanciones. La Profeco en Puebla ha solicitado a la ciudadanía y comercios que denuncien a quienes soliciten dádivas para evitar clausuras o sanciones.

Fuente: https://www.ambasmanos.mx/opinion/alguien-ya-decidio/uriel-erazo-una-fichita-en-profeco/294047/

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios y verificadores bajo orden directa de Uriel Erazo, delegado de Profeco en Puebla.

Impacto: Corrupción de funcionarios que deberían estar enfocados en inspecciones por irregularidades.

Difusión: La nota fue publicada en al menos seis medios sobretodo poblanos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó varias irregularidades en el manejo de recursos destinados a los damnificados por el huracán OTIS bajo el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, operado por la Secretaría de Bienestar. 

Entre los problemas detectados destacan la falta de entrega de 214 expedientes de beneficiarios y la ausencia de documentos comprobatorios por un monto de 2.7 millones de pesos, así como pagos duplicados a siete beneficiarios.

La nota publicada por EMEEQUIS también expone deficiencias persistentes en la atención a las zonas afectadas: diversas escuelas, oficinas de gobierno, restaurantes y hoteles continúan con daños no atendidos, incluso años después del desastre.

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/detectan-irregularidades-en-apoyos-a-damnificados-del-huracan-otis/

Monto: Las irregularidades totales superna los 14.2 millones de pesos.

Implicados: Los funcionarios a cargo del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, operado por la Secretaría de Bienestar.

Impacto: La corrupción podría haber evitar que los recursos lleguen a personas afectadas por el desastre natural.

Difusión: La nota fue una exclusiva de Emeequis.