El Universal reporta que la Fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó sobre la sanción de 120 servidores de la institución por diversas irregularidades, entre ellas corrupción. Entre mayo de 2025 y febrero de 2026 se recibieron 5,675 quejas, de las cuales 3,387 se resolvieron con medidas correctivas rápidas. En 1,193 casos ya se identificaron posibles irregularidades, y 1,095 expedientes siguen en investigación.

Se mencionan faltas como abuso de autoridad y posibles actos relacionados con extorsión, trato indebido a víctimas y manipulación de carpetas. La magnitud de las quejas muestra un problema estructural en el órgano encargado de procurar justicia.

La información también refiere que, paralelamente, en redes sociales se ha documentado presión ciudadana para que los casos más graves deriven en denuncias penales y no sólo sanciones administrativas. De confirmarse delitos de corrupción, podrían involucrarse desvíos indirectos de recursos, por ejemplo, mediante cobros ilegales o extorsiones a imputados y víctimas.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fiscalia-cdmx-sanciona-a-120-funcionarios-por-irregularidades-investigan-corrupcion-y-casos-de-abuso/

Monto: no aplica.

Implicados: 120 funcionarios de la FGJCDMX cuyas identidades no fueron reveladas.

Impacto:  Aunque el número de sanciones es significativo, las acciones implementadas impiden que haya impunidad.

Difusión: La nota fue una exclusiva de El Universal.                               

Fernanda Villarreal, exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) y operadora de la campaña interna de Adán Augusto López, fue vinculada a proceso por lavado de dinero de recursos públicos el 24 de marzo de 2026. La Fiscalía Anticorrupción de BCS le acreditó el uso indebido de 762 mil pesos cuando estaba al frente del organismo. El caso se desprende de una investigación sobre el uso de recursos del INVI durante el periodo 2022–2023, coincidente con la precampaña de López Hernández.

La investigación revelada por Televisa también alcanza a otros exfuncionarios del INVI, como el exdirector de Finanzas Juan Manuel Reyes y un particular identificado como Jonathan “N”. A Reyes se le atribuye un desvío de 382 mil pesos y a Jonathan “N” un millón de pesos, montos que, según la fiscalía, corresponden a recursos públicos desviados del instituto. La nota resalta que, pese a los indicios de desvío, los imputados seguirán su proceso en libertad.

El reportaje recuerda un trabajo previo de N+ Focus donde se documentó que el INVI de BCS habría desviado alrededor de 3 millones de pesos en despensas y efectivo para apoyar la precampaña de Adán Augusto. Aunque en la causa penal actual sólo se han acreditado montos menores, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones por posible uso electoral de recursos públicos. 

Fuente: https://www.nmas.com.mx/estados/vinculan-a-proceso-a-exdirectora-del-invi-en-bcs-y-operadora-de-adan-augusto-lopez/ 

Monto: 762 mil pesos

Implicados: Fernanda Villarreal, exdirectora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) y operadora de la campaña interna de Adán Augusto López.

Impacto: Desvío de recursos destinados al apoyo a la vivienda.

Difusión: Al menos cuatro medios retomaron esta información.

El fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz, y su hijo, Leonel Díaz Grajales, fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operar una red de extorsión y cobro de “moches”. 

La denuncia, presentada por Eva Penélope Picazo, titular de la Comisión de Víctimas del Estado, señala que ambos se coludieron para exigir hasta el 25% de las indemnizaciones destinadas a la reparación del daño de víctimas de delitos graves. Los recursos afectados provienen de fondos federales, lo que motivó la solicitud de intervención de las autoridades nacionales.

Según el esquema detallado en la acusación, el hijo del fiscal habría aprovechado su cargo previo en la Comisión de Víctimas para acceder a expedientes confidenciales y bases de datos de los beneficiarios. Tras dejar el organismo, utilizaba esa información privilegiada para representar legalmente a las víctimas bajo honorarios abusivos, mientras su padre, desde la Fiscalía Anticorrupción, ejercía presión institucional para agilizar los pagos de sus clientes por encima de otros casos.

Estas acciones han sido calificadas como posibles delitos de peculado, tráfico de influencias, extorsión institucional y ejercicio abusivo de funciones.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2026/04/06/denuncian-a-fiscal-anticorrupcion-de-morelos-por-corrupcion-cobraba-moches-a-victimas/ 

Monto: No precisado.

Implicados: El fiscal Anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz, y su hijo, Leonel Díaz Grajales.

Impacto: Revictimización y tráfico de influencias.

Difusión: Al menos 14 medios difundieron esta información.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en los Congresos de varios estados, como Baja California, Campeche, Colima y Yucatán, relacionadas con el manejo de recursos federales de la cuenta pública 2024. Entre los hallazgos destacan pagos por supuestas ayudas sociales, asesorías y servicios profesionales que carecen de documentación comprobatoria o evidencias de su realización. Estas anomalías han generado pliegos de observaciones por posibles daños al erario, ya que las instituciones auditadas no han logrado demostrar la “materialidad del gasto” o que los beneficios realmente llegaran a la población objetivo.

En casos específicos como el de Baja California, se detectaron más de 8.5 millones de pesos en ayudas sociales sin soporte documental suficiente, con inconsistencias entre las solicitudes y los reportes fotográficos. Por su parte, en Campeche se cuestionó la adjudicación de contratos por 2.4 millones de pesos a empresas de reciente creación que carecían de experiencia y capacidad financiera. Asimismo, en Colima y Yucatán se identificaron pagos por servicios de consultoría y asesoría sin entregables que los respalden, lo que sugiere un riesgo de simulación de servicios y falta de transparencia en la contratación.

Además de las fallas en la comprobación de servicios, la ASF reportó pagos excesivos y remuneraciones irregulares a trabajadores. En Colima, por ejemplo, se pagó a un empleado mientras se encontraba con licencia sin goce de sueldo, y en Yucatán se detectaron excedentes de más de 4.4 millones de pesos en sueldos y prestaciones por encima de los montos autorizados. Estas irregularidades obligan a los Congresos estatales a solventar las observaciones o reintegrar los recursos federales, enfrentando el riesgo de que se confirme un desvío de fondos públicos.

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/detectan-en-estados-ayudas-sociales-sin-huella-y-pagos-sin-comprobacion/

Monto: Más de 15 millones de pesos en recursos observados por malos manejos.

Implicados: Autoridades legislativas de cuatro estados.

Impacto: Recursos destinados a los poderes legislativos que se habrían desviado.

Difusión: La nota fue una exclusiva de Eme-equis.

Auditorías federales identificaron un posible daño al erario por 113.6 millones de pesos en el estado de Hidalgo, recursos que estaban destinados originalmente a programas de apoyo rural y seguros catastróficos. De este monto, 100.3 millones de pesos debieron utilizarse para proteger a agricultores y ganaderos frente a desastres naturales, pero no existe evidencia documental ni física de que los apoyos hayan llegado a los beneficiarios. Esta falta de comprobación ocurre en un contexto de crisis para el campo hidalguense, agravado por la falta de lluvias y la caída de precios internacionales.

Además del desvío en seguros, se detectaron irregularidades por 13.2 millones de pesos en el Programa Productivo para la Mujer Rural. La auditoría reveló expedientes vacíos, visitas de campo inexistentes y actas de entrega que carecen de las firmas de las propias beneficiarias, lo que sugiere una simulación en la aplicación de los recursos.

Líderes agrarios denuncian que estas prácticas perpetúan la marginación en comunidades indígenas y rurales, donde las familias sobreviven en condiciones precarias tras haber perdido sus cosechas y viviendas por fenómenos climatológicos sin recibir el auxilio gubernamental prometido.

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/hidalgo-113-millones-de-pesos-desaparecidos-mientras-el-campo-cae-en-la-miseria/

Monto: 113.6 millones de pesos presuntamente desviados.

Impacto: Los recursos desviados no llegaron a productores agrícolas que ya de por si se encuentran en condiciones de urgencia económica.

Difusión: La nota fue una exclusiva de Eme-equis.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que aún bajo la gestión de David Colmenares, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “perdonó” más de 2 mil 700 millones de pesos en irregularidades detectadas durante el gobierno de Alejandro “Alito” Moreno en Campeche.

Aunque en 2022 todavía estaban pendientes por aclarar cerca de 3 mil 387 millones de pesos correspondientes únicamente al ejercicio fiscal 2018, para el año 2024 el 98% de ese monto fue reportado como justificado. Todo ello pese a que, según las propias auditorías, no había soporte documental que justificara las operaciones observadas.

El proceso de solventación de estas cuentas ha generado sospechas de conflicto de interés debido a los vínculos políticos entre los encargados de la revisión y el líder nacional del PRI. De acuerdo con la nota, algunas de las observaciones clave pasaron por la Dirección General de Seguimiento de la ASF, encabezada en su momento por Ricardo Gabriel López Ruiz. Este funcionario trabajó previamente con Pablo Angulo Briseño, un político campechano muy cercano a Alito Moreno que presidió la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, organismo responsable de supervisar la labor de la Auditoría.

Entre los montos más significativos que fueron eliminados de la lista de pendientes destaca una solicitud de aclaración por 2 mil 443 millones de pesos que finalmente fue dada por solventada en su totalidad. También se redujeron considerablemente las observaciones por presuntos desvíos en 16 instituciones públicas del estado y pagos irregulares en la Secretaría de Salud local.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/asf-perdona-a-alito-moreno-mas-de-2-mil-700-mdp-faltantes-de-su-gobierno-en-campeche/

Monto: 2 mil 700 millones de pesos es el monto de los recursos que habrían sido solventados de forma irregular.

Implicados: El extitular de la ASF, David Colmenares, y la administración del exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno.

Impacto: Los recursos desviados incluían presupuestos para acciones de salud, desarrollo social, entre otros.

Difusión: La nota fue un especial de MCCI.

Un juez del estado de Baja California vinculó a proceso al exgobernador de dicha entidad Jaime Bonilla, por un presunto desfalco de más de 12 mil millones de pesos derivado de los compromisos financieros que este adquirió a cambio de la construcción de una planta fotovoltaica que jamás se concretó.

La determinación judicial se dio tras una audiencia que se prolongó por 24 horas y que se había diferido previamente en 12 ocasiones debido a que el exfuncionario contaba con fuero constitucional. Como medidas cautelares, el juez fijó una garantía económica de 100 mil pesos y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso central de la acusación gira en torno al proyecto de la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en la entidad, una obra que nunca logró concretarse debido a la falta de permisos necesarios. 

Además del caso Next Energy, el exgobernador enfrenta otras denuncias por ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y violencia política en razón de género en contra de su sucesora. La investigación formal contra el ahora procesado inició desde septiembre de 2021, acumulando diversos cargos relacionados con el desvío de recursos públicos durante su gestión.

Fuente: https://latinus.us/mexico/2026/3/24/procesan-al-exgobernador-jaime-bonilla-por-el-caso-next-energy-lo-acusan-de-peculado-uso-ilicito-de-atribuciones-abuso-de-autoridad-167881.html 

Monto: 12 mil millones de pesos es el monto total del posible daño patrimonial.

Implicados: El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Impacto: El estado habría quedado endeudado por varios años a causa de un proyecto que jamás se concretó.

Difusión: Más de 25 medios reportaron esta noticia.