La detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de videos relacionados con el caso Ayotzinapa reactivó una antigua investigación financiera que podría llevarlo a enfrentar cargos por el supuesto desvío de 287 millones 12 mil 594 pesos.

La investigación se remonta a una querella presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en enero de 2015, en la que se señalaba que durante el gobierno de Aguirre, entre 2012 y 2014, recursos públicos federales y estatales fueron triangulados mediante empresas como Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa. La investigación sostiene que estas compañías recibieron contratos y asignaciones de obra pública por más de mil 99 millones de pesos y que una parte de esos recursos terminó en cuentas personales de familiares y colaboradores del exgobernador.

El elemento clave ahora es el riesgo de que los delitos prescriban. Aunque la investigación financiera se inició hace más de una década, las actuaciones judiciales emprendidas en 2015 interrumpieron los plazos de prescripción. Para el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la FGR tendría hasta octubre de 2029 para proceder penalmente contra Aguirre; sin embargo, para el delito de peculado, el plazo definitivo vencería en octubre de 2026.

Fuente: https://grupoanimal.mx/politica/angel-aguirre-detencion-reactiva-investigacion-desvio-dinero 

Monto: 287 millones 12 mil 594 pesos.

Implicado: El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; el entonces secretario de finanzas Víctor Ignacio Hughes Alcocer; y la empresa Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa.

Impacto: Los recursos desviados estaban destinados a temas de infraestructura.

Difusión: Fue una nota exclusiva de Animal Político.

Una investigación periodística que en su momento reveló la presunta simulación de competencia para la adjudicación de contratos de remodelación en el Metro (que incluyeron la colocación de candelabros en la estación Hidalgo) documentó que la red de corrupción detrás de las empresas implicadas se extiende a más dependencias y contratos.

Los nuevos hallazgos evidencian que entre julio de 2023 y abril de 2026, tres de las compañías implicadas participaron como supuestas competidoras en ocho procedimientos que terminaron asignando contratos por 1 mil 413 millones de pesos.

El mayor contrato fue de 1 mil 189 millones de pesos para ampliar y remodelar la estación Observatorio del Metro, durante la administración de Martí Batres. Alfa Proveedores y Contratistas ganó el procedimiento después de competir únicamente contra INDHR, cuya propuesta fue descartada por exceder en 1.24% el presupuesto. 

El reportaje señala que el mismo patrón se repitió en otros contratos: las empresas vinculadas aparecían como rivales, pero una terminaba obteniendo el contrato mientras la otra presentaba una oferta más elevada. Entre 2024 y 2025, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México otorgó además contratos por 60 millones de pesos para obras alrededor de la Bodega Nacional de Arte y otro por 19 millones para un auditorio en la Utopía Ceylán.

En abril de 2026, INDHR obtuvo otro contrato de 113.9 millones de pesos para remodelar las estaciones Viaducto, Bellas Artes e Hidalgo; sin embargo, Animal Político documentó mediante fotografías que trabajadores que realizaban las obras utilizaban uniformes de Alfa Proveedores y Contratistas, empresa que había aparecido como competidora de INDHR.

Fuente: https://grupoanimal.mx/politica/rivales-de-papel-consorcio-aristos-contratos-simulados 

Monto: 1 mil 413 millones de pesos.

Implicados: El STC Metro; la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México; diversas alcaldías; y las empresas “INDHR”, “Alfa Proveedores y Contratistas”, y “Asfaltos, Proyectos e Ingeniería de Puebla”.

Impacto: Posible mal manejo de recursos destinados a temas de transporte público e infraestructura urbana.

Difusión: La nota de Animal Político fue retomada por cuatro medios más.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, realizó pagos con recursos públicos a contribuyentes catalogados oficialmente por el SAT como “empresas fantasma”. Además, se emitieron pagos a diversas personas físicas que actualmente están bajo investigación por presuntamente simular operaciones fiscales.

Estos desembolsos se justificaron como coberturas por supuestos servicios de hospedaje, combustible y alimentos para comisiones del personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada, perteneciente a la Secretaría de Seguridad del estado. Las facturas se emitieron entre julio y septiembre de 2023, periodo en el cual el actual Secretario de Seguridad Pública de la entidad, José Antonio Cruz Medina, era el titular de dicha subsecretaría.

Los documentos obtenidos y verificados por MCCI muestran que parte de los pagos se dirigieron a Baltazar Díaz Sánchez y Enrique Alejandro Santiaguillo Rivera, quienes ya figuran en la lista definitiva de simuladores de operaciones del SAT. Adicionalmente, se detectaron facturas vigentes pagadas a otras tres personas físicas (Constantina Corona Bello, Efrén Caldelas Quino y Joaquín Rossainz Hernández), quienes aparecen en la lista de presuntos evasores.

A pesar de que las facturas son reales y están vigentes en el sistema fiscal, las autoridades estatales han mantenido oculta la información. Cuando MCCI solicitó copias de estos documentos a las secretarías de Gobierno, Finanzas y Seguridad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, e incluso adjuntó pruebas con el RFC del gobierno estatal, todas las dependencias negaron tener registro o información sobre dichos pagos.

Fuente: https://contralacorrupcion.mx/gobierno-de-michoacan-oculta-pagos-a-empresas-fantasma/ 

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios de la la Secretaría de Seguridad del estado.

Impacto: Recursos de seguridad que habrían sido desviados a fines ilícitos.

Difusión: La nota fue una exclusiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Seis elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado de Tabasco fueron detenidos por agentes federales por su presunto vínculo con redes de extorsión y de secuestro, entre otros delitos.

Esta intervención fue el resultado de labores de inteligencia y coordinación entre distintas autoridades, incluyendo la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, todos coordinados en el llamado “Operativo Enjambre”.

 Dicho operativo es una estrategia nacional encaminada a desarticular redes de corrupción, combatir la impunidad y romper la complicidad directa entre servidores públicos y las estructuras de la delincuencia organizada.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2026/07/09/operativo-enjambre-llega-a-tabasco-detienen-a-6-policias-estatales-por-secuestro-y-extorsion/ 

Monto: No precisado.

Implicados: Seis policías adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado.

Impacto: Policías implicados en hechos de corrupción.

Difusión: Al menos 15 medios locales difundieron esta información.

Un juez de control vinculó a proceso al ex tesorero del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, identificado como Jaime “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso ilícito de atribuciones y facultades. La investigación, encabezada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, señala un posible daño patrimonial al erario municipal que asciende a 107 millones 982 mil 343 pesos, cuyo destino aún se encuentra bajo investigación.

La indagatoria comenzó en marzo de 2026 tras una denuncia formal por irregularidades financieras en la administración municipal. Tras un minucioso análisis patrimonial, fiscal, contable y bancario, las autoridades obtuvieron una orden de aprehensión que fue cumplimentada el 26 de julio de 2026 en San Juan del Río, Querétaro, mediante un operativo coordinado entre corporaciones de ambos estados.

En la audiencia celebrada el 31 de julio de 2026, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el procedimiento penal. Además, se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará reuniendo elementos de prueba. Este caso se destaca como una de las investigaciones por corrupción de mayor impacto económico a nivel municipal en Guanajuato en dicho periodo.

Fuente: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2026/7/31/vinculan-proceso-extesorero-de-apaseo-el-alto-por-presunto-desfalco-de-mas-de-107-millones-de-pesos-860666.html 

Monto: 107 millones 982 mil 343 pesos 

Implicados: Extesorero del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, identificado como Jaime “N”

Impacto: Potencial robo significativo de recursos de un municipio, lo que afecta directamente a servicios y obras para la localidad.

Difusión: Al menos 6 medios publicaron esta información.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México reveló que ha iniciado, tan solo en 2026, un total de 1 mil 846 carpetas de investigación por casos de despojo. La atención sobre este problema se intensificó recientemente tras la detención de dos mujeres, Virginia “N” y Diana “N”, quienes presuntamente se apropiaron de manera ilegal de una vivienda en la colonia Del Valle. 

El caso causó especial indignación porque una de las acusadas era trabajadora activa del Tribunal Superior de Justicia de la capital y mediadora privada, lo que evidencia la posible participación de servidores públicos en estos ilícitos. Las autoridades sospechan que hay más funcionarios judiciales, y posiblemente jueces, implicados en estas redes.

Las alcaldías que concentran la mayor parte de las denuncias recientes incluyen Benito Juárez, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.

En respuesta a las crecientes denuncias vecinales, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina acordaron la creación de un equipo especializado dedicado exclusivamente a combatir este delito. 

Fuente: https://www.milenio.com/comunidad/operan-redes-despojo-cdmx-denuncias-detenciones 

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de México coludidos con particulares.

Impacto: Despojo ilegal de viviendas a personas, sobre todo, en condiciones de vulnerabilidad.

Difusión: Más de 20 medios reprodujeron o cubrieron esta información

La sede del Poder Judicial Federal en Oaxaca, construida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con un costo de 857 millones de pesos, presenta severas fallas estructurales a casi una década de su inauguración en octubre de 2016. Estos defectos, diagnosticados inicialmente en 2021, se han convertido en un grave problema para el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), el cual recientemente tuvo que lanzar una licitación para contratar a una empresa que complete los estudios necesarios para mitigar los daños de cara al año 2027.

Entre los múltiples problemas detectados en el inmueble se encuentran hundimientos, grietas y desplazamientos severos en los muros de contención, además de bardas perimetrales que no cumplen con la normativa.

A raíz de esta obra fallida, a finales de 2024 el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) interpuso una demanda contra la Sedena ante la Suprema Corte, exigiendo el pago de un finiquito de 255 millones de pesos. Cabe destacar que el convenio original, firmado en 2013, fue calificado como ilegal por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), bajo el argumento de que el Ejército no contaba con las atribuciones legales para llevar a cabo obras públicas correspondientes a otras dependencias.

Peor aún es que la ASF identificó negligencias en la construcción como trabajos no realizados por los que se pagaron más de 67 millones tanto en ese centro de justicia, como en otros ubicados en Chiapas, Tlaxcala y Baja California Sur.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sede-judicial-de-857-mdp-construida-por-sedena-en-oaxaca-acumula-severas-fallas-NM22595118 

Monto: Tan solo por los posibles desvíos de recursos más de 67 millones de pesos.

Implicados: Funcionarios responsables de las obras en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Impacto: Recursos derrochados en obras mal hechas.

Difusión: La nota fue publicada por Reforma y retomada por al menos seis medios.