Un reportaje revela que el ayuntamiento de Chihuahua, presidido por el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, ha gastado cientos de miles de pesos del erario público en compras a un “proveedor favorito” durante el último trimestre de 2025. El contratista, identificado como Luis Fernando Mendoza Lechuga, está registrado oficialmente con la actividad económica de venta de arreglos florales; sin embargo, ha facturado al municipio una enorme y variada lista de productos que incluye desde botanas, pistaches, cacahuates y cientos de órdenes de tacos, hasta fletes, equipo ferretero, corbatas y la renta de un toro mecánico.

La investigación, basada en la revisión de 35 facturas, expone múltiples irregularidades en el proceso de facturación. Los comprobantes fiscales fueron emitidos de manera sincronizada —a veces con minutos u horas de diferencia— para amparar adquisiciones completamente dispares. Además de comprar botanas a precios elevados y sin especificar su gramaje o tamaño, los documentos oficiales alojados en las plataformas de transparencia no justifican el propósito de estas compras masivas ni detallan quiénes fueron los beneficiarios finales.

La nota destaca que esta práctica irregular no se limita a una sola oficina, sino que abarca a diversas dependencias del gobierno municipal. El Despacho de Presidencia, la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, y la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal utilizaron a este mismo proveedor “multiusos” para adquirir productos que van desde equipo de aire acondicionado y jaulas para perros, hasta servicios de carpintería y banquetes para graduaciones. 

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/cacahuates-pistaches-tacos-y-hasta-corbatas-compra-el-municipio-de-chihuahua-a-proveedor-favorito/ 

Monto: 250 mil pesos.

Implicados: Marco Antonio Bonilla Mendoza, alcalde de Chihuahua.

Impacto: recursos para múltiples necesidades del municipio derrochados en gastos personales.

Difusión: Fue una exclusiva de Emeequis.

Dos altos exfuncionarios de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Damián Canales Mena, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por un periodo de hasta 20 años. De acuerdo con la investigación, ambos individuos son responsables del desvío de más de 65 millones de dólares, cantidad que además deberán pagar.

Estos fondos estaban destinados originalmente a ejercerse para el cumplimiento de un contrato firmado en el año 2015 con la empresa de origen israelí Rafael Advanced Defense System LTD el cual, según las investigaciones, fue adjudicado de forma irregular y no se habría cumplido en sus términos. 

El caso trasciende el ámbito administrativo, ya que las autoridades han presentado denuncias penales formales y la situación se encuentra actualmente bajo la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuente: https://latinus.us/mexico/2026/5/19/inhabilitan-hasta-20-anios-dos-exfuncionarios-de-la-policia-federal-por-desvio-de-recursos-deberan-pagar-65-mdd-173779.html 

Monto: 

Implicados: Dos altos exfuncionarios de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Damián Canales Mena.

Impacto: Los recursos que presuntamente fueron desviados eran del ramo de seguridad.

De acuerdo con reportes periodísticos la FGR tiene en marcha una investigación en torno al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por un presunto desvío de más de mil millones de pesos.

Las indagatorias señalan la existencia de un complejo esquema de triangulación financiera diseñado para que recursos públicos —mediante el uso de diversas empresas proveedoras intermediarias— terminaran depositados en las cuentas de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho del cual el mandatario y su círculo familiar directo son socios.

Una de las líneas de investigación menciona que el gobierno estatal realizó pagos millonarios a empresas como Suministros MYR, las cuales luego transferían los fondos a compañías secundarias antes de llegar al despacho familiar. Además, se rastrean desvíos aún mayores ligados a contratos de obra pública y movilidad, como el acueducto El Cuchillo y el manejo de desechos (SIMEPRODE), donde una porción de los recursos adjudicados habría retornado al entramado empresarial de la familia e incluso enviado a Estados Unidos para dificultar su rastreo.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2026/04/29/samuel-garcia-desvio-1000-mdp-en-nuevo-leon-como-el-despacho-de-abogados-de-su-padre-lavo-dinero/ 

Monto: Mil millones de pesos en presuntos malos manejos y lavado.

Implicado: Samuel García, gobernador de Nuevo León, y la empresa Suministros MYR.

Impacto: Posible enriquecimiento ilícito a costa de recursos que eran para infraestructura.

Difusión: La información se reprodujo en al menos diez medios de comunicación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un tribunal de Florida falló a favor del Estado mexicano en una demanda civil, ordenando el pago de más de 578.5 millones de dólares en un caso vinculado a presuntos desvíos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. 

La resolución judicial condena específicamente a integrantes de la familia Weinberg y a diversas empresas relacionadas a pagar esta cantidad como “reparación del daño patrimonial” ocasionado a México por una trama corrupta basada en la contratación pública ilícita.

Durante el juicio, se presentó un amplio acervo de pruebas financieras y testimoniales que demostraron cómo diversas personas físicas y morales participaron en mecanismos diseñados para la obtención indebida de contratos públicos, así como para la posterior transferencia y ocultamiento de los recursos extraídos del erario. Este esquema funcionó bajo el amparo de García Luna, máximo responsable de la seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, quien actualmente cumple una condena de casi 39 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y falsedad de declaraciones.

Esta nueva resolución se suma a las sentencias obtenidas previamente, como la dictada en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, Cristina Pereyra, por más de 2,448 millones de dólares. Con este fallo reciente, el monto total de las condenas a favor de México derivadas de este esquema corrupto supera los 3,067 millones de dólares.

Fuente: https://aristeguinoticias.com/2005/mexico/mexico-gana-sentencia-por-mas-de-578-millones-de-dolares-en-caso-vinculado-a-garcia-luna/ 

Monto: 578 millones de dólares recuperados.

Implicados: El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, los empresarios de la familia Weinber, entre otros.

Impacto: Los recursos reportados como desviados eran del ramo de seguridad.

Difusión: Más de 40 medios dieron seguimiento a esta información.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), denunció meses antes de su asesinato una extensa red de corrupción presuntamente operada por el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa. De acuerdo con las acusaciones públicas de Cuén, presentadas formalmente ante diversas autoridades desde finales de 2023, la administración estatal diseñó un esquema para extraer recursos del erario valiéndose de la Secretaría de Obras Públicas. 

El Universal explicó que este mecanismo, diseñado para evadir auditorías federales, habría incluido más de 200 adjudicaciones directas y simuladas por un monto cercano a los 2 mil 889 millones de pesos.  El núcleo de esta denuncia señalaba que los multimillonarios fondos públicos terminaban beneficiando de manera directa a los hijos del gobernador, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz. Cuén detalló que las compañías favorecidas con las licitaciones estatales realizaban traspasos económicos sistemáticos a la empresa constructora “Chocosa”, propiedad de la familia del mandatario.

A pesar de la supuesta persecución política en su contra, Cuén se dedicó a visibilizar este entramado de corrupción y lavado de dinero a través de su podcast y conferencias de prensa, afirmando haber entregado la documentación probatoria a la Auditoría Superior de la Federación. Apenas cinco días antes de ser asesinado en julio de 2024, advirtió al aire que su equipo preparaba nuevas denuncias contundentes contra los negocios de la familia Rocha Ruiz, un hecho que su muerte paralizó de forma definitiva.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/cuen-denuncio-a-los-hijos-de-rocha-meses-antes-de-morir/ 

Monto: 2 mil 889 millones de pesos.

Implicados: La administración de Rubén Rocha Moya en Sinaloa.

Impacto: Posibles desvíos millonarios y asesinato del denunciante.

Difusión: El universal publicó la historia.

Durante la gestión de José Carlos Acosta Ruiz (Morena) como alcalde de Xochimilco (2018-2024), una red de siete empresas presuntamente relacionadas entre sí acaparó múltiples contratos de obra pública, acumulando un total aproximado de 125 millones de pesos.

La investigación publicada señala que estas empresas simulaban competir entre ellas en las licitaciones públicas. En muchas ocasiones, se presentaban como únicas contendientes o participaban varias de ellas en un mismo concurso para crear una falsa apariencia de competencia, asegurando así que el contrato siempre quedara dentro del mismo grupo.

Tras dejar la alcaldía de Xochimilco, Acosta Ruiz ganó una diputación federal, pero pidió licencia a finales de agosto de 2024 para asumir el cargo de Coordinador General de Capital Humano en la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno de la Ciudad de México

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/las-empresas-consentidas-de-jose-carlos-acosta-ruiz-en-su-paso-por-xochimilco/ 

Monto: 125 millones de pesos.

Implicados: José Carlos Acosta Ruiz, exalcalde de Xochimilco, y las empresas Ninas Construcciones, Demju Arquitectura, Grupo Constructor Carson, Cecily Construcciones, Compañía Constructora Arasu, y Erijems Construcciones.

Impacto: Recursos de la alcaldía que habrían sido desviados para fines personales.

Difusión: Fue una exclusiva de Emeequis

La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó formalmente a un juez una condena de 18 años de prisión para Julio César Serna Chávez, exjefe de Gabinete durante la administración del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera (2012-2018), acusado del delito de enriquecimiento ilícito por más de 38 millones de pesos.

La Fiscalía solicitó el decomiso de varias propiedades valuadas en más de 36.6 millones de pesos, las cuales están registradas a nombre de su concubina, María Regina Mónica Chico Goerne Gaxiola. Los inmuebles incluyen cuatro departamentos, un penthouse y un estacionamiento (la mayoría ubicados en la colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón, y uno más en la Portales Sur).

La acusación sostiene que la pareja de Serna no tiene cómo justificar legalmente el origen de los recursos para adquirir dichos inmuebles entre 2012 y 2018, argumentando que ella era dependiente económica del entonces funcionario.

Fuente: https://diario.mx/nacional/2026/may/11/piden-18-anos-de-prision-para-operador-de-mancera-1117582.html.

Monto: 38 millones de pesos es el monto del presunto enriquecimiento ilícito.

Implicados: Julio César Serna Chávez, exjefe de Gabinete durante la administración del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.

Impacto: Se presume que el exfuncionario aprovechó su posición para hacerse de recursos públicos de manera indebida.

Difusión: Al menos cinco medios reprodujeron esta información.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró de manera definitiva la extinción de dominio de una mansión perteneciente a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Con esta resolución, el exfuncionario pierde la propiedad y esta pasa a favor del Estado.

Durante el proceso, la FGR acreditó mediante pruebas que el inmueble fue adquirido con recursos de procedencia ilícita vinculados a la compra a sobrecosto de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, ocurrida durante la gestión de Lozoya en Pemex.

El litigio duró casi cinco años, iniciando en 2021. En una primera instancia, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio había determinado que la acción no era procedente. Sin embargo, la FGR interpuso un recurso de apelación. Finalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en la Ciudad de México falló a favor de la Fiscalía, emitiendo una sentencia definitiva que le quita la propiedad a Lozoya.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/05/08/politica/tribunal-confirma-extincion-de-dominio-a-mansion-de-lozoya-por-caso-agronitrogenados 

Monto: 51 millones de pesos es el monto de la propiedad.

Implicados: Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Alonso Ancira, director de la empresa Agronitrogenados.

Impacto: Aunque el proceso penal sigue estancado se recuperó una fracción del daño causado.

Difusión: Al menos 20 medios retomaron esta información.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa condenó a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), y a otros dos exfuncionarios de la dependencia, a pagar una reparación del daño por 261 millones de pesos.

Además del pago millonario, el tribunal ordenó la inhabilitación por 10 años para que los tres exservidores públicos no puedan desempeñar ningún empleo, cargo o comisión en la administración pública.

La sanción se deriva del delito de abuso de funciones. Se acreditó que, en 2019, Gavira y los otros funcionarios realizaron compras de maíz y frijol bajo el pretexto de “urgencia” para adjudicar los contratos de manera directa y sin justificación legal. Lo peor es que no hay constancia de que muchos de esos productos realmente se adquirieron.

Los funcionarios sancionados han insistido en que todos estos contratos recibieron el visto bueno del entonces titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, quien hasta la fecha no ha sido imputado de delito alguno.

Fuente: https://www.reforma.com/condenan-a-gavira-a-reparar-261-mdp/ar3198755 

Monto: 251 millones es el monto de la reparación del daño causado.

Implicados: René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); el ex Gerente de Operaciones, Oliverio Pérez Santoyo, y el ex Director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, Miguel Carrillo Villarreal.

Impacto: Un resultado positivo en contra de funcionarios que estuvieron implicados en algunos de los mayores desvíos de recursos en el sexenio de López Obrador.

Difusión: Al menos diez medios reprodujeron esta información.

El “Plan de Justicia Yaqui”, presentado en 2021 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para dotar de agua, tierra y certeza jurídica a esta tribu en Sonora, enfrenta graves señalamientos de corrupción e improvisación, particularmente en la ejecución de las obras de ampliación del Distrito de Riego 18.

La prensa reportó que de acuerdo con el informe de resultados de la Auditoría 93 a la Cuenta Pública de 2024 realizada por la Auditoría Superior de la Federación, el manejo de los recursos estuvo plagado de múltiples anomalías, incluyendo retrasos en las obras y pagos económicos que no están justificados por la calidad física de los trabajos realizados.

El foco rojo es una discrepancia de 230 millones entre lo reportado en la Cuenta Pública y los controles internos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La irregularidad principal es que este dinero se volvió administrativamente “invisible”. La ASF determinó que el alcance de revisión para este monto fue del 0.0%, ya que simplemente no existen registros en los controles de Conagua que permitan auditar el destino de esos fondos.

Fuente: https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/por-corrupci%C3%B3n-e-improvisaci%C3%B3n-naufraga-estrategia-de-amlo-para-pueblos-originarios/ar-AA22LmQN 

Monto: 230 millones 253 mil 400 pesos es el monto observado por los auditores.

Implicados: funcionarios que resulten responsables del manejo del programa en cuestión.

Impacto: El desvío de recursos afecta a sectores de la población e pobreza extrema.

Difusión: La nota fue publicada por al menos cuatro medios locales.

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