El pasado 14 de marzo, pobladores y autoridades comunitarias del ejido Buena Vista, en Guerrero, retuvieron al alcalde Adair Hernández Martínez. La medida fue tomada tras acusaciones directas de abuso de poder y el presunto desvío de recursos federales del Ramo 33, los cuales estaban etiquetados para obras de infraestructura en comunidades indígenas marginadas.

Los manifestantes señalaron que, aunque el municipio recibió más de 236 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, el edil argumentó una inexistente reducción presupuestal para justificar la falta de servicios básicos. La comunidad exige transparencia en el manejo del dinero destinado a salud, educación y pavimentación, áreas que se encuentran en total abandono pese a los fondos asignados.

Actualmente, las asambleas comunitarias mantienen su postura de no liberar al funcionario hasta que se presente una auditoría clara y se garantice la entrega directa de los recursos. 

Fuente: https://oem.com.mx/elsoldeacapulco/local/alcalde-de-san-luis-acatlan-niega-estar-retenido-en-buenavista-28980334 

Monto: 236 millones de pesos son los recursos de los que no hay claridad respecto a su ejercicio.

Implicado: Adair Hernández Martínez, alcalde de Buena Vista, Guerrero.

Impacto: Obras básicas para la comunidad que no se han podido ejecutar.

Difusión: Cuatro medios locales de Guerrero dieron seguimiento a esta información.

De acuerdo con una investigación de Emeequis, ocho municipios del estado de Chihuahua no han logrado justificar el uso de 250 millones de pesos destinados a la construcción y equipamiento de refugios para niñas, niños y adolescentes migrantes. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, a pesar de la cuantiosa inversión, muchas de las obras contratadas se encuentran inacabadas, no están operando o, en los casos más graves, son inexistentes. Esta situación se presenta en un contexto de alta vulnerabilidad para la población migrante en la zona fronteriza.

Las irregularidades detectadas por el ente fiscalizador incluyen la falta de documentación esencial para comprobar el gasto, como presupuestos detallados, programas de obra aprobados, planos técnicos y listas de nómina que avalen la relación laboral con el personal. Además, la investigación señala que diversos contratos fueron asignados a un contratista vinculado con una compañía que ya había sido sancionada anteriormente. En municipios como Buenaventura y Rosales, el desorden administrativo impidió verificar si los recursos realmente se aplicaron conforme a la ley, lo que sugiere un manejo opaco de los fondos federales.

Ante estos hallazgos, la ASF ha demandado la aclaración de los recursos y la presentación de las pruebas faltantes, mientras que la investigación subraya la negligencia de las autoridades locales frente a una crisis humanitaria que sigue demandando espacios de atención dignos.

Fuente: https://emeequis.com/investigaciones/ocho-municipios-de-chihuahua-fallan-al-justificar-250-mdp-para-refugios-de-migrantes/ 

Monto: 250 millones de pesos que no han sido aclarados.

Implicados: Autoridades de ocho municipios de Chihuahua.

Impacto: Los posibles hechos de corrupción incrementaron la situación de alta vulnerabilidad para la población migrante en la zona fronteriza.

Difusión: Fue una nota exclusiva de Emeequis.

Un tribunal federal ordenó formalmente la transferencia al Estado mexicano de una lujosa mansión en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, que pertenecía a Marielle Helene Eckes, exesposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La propiedad, ubicada en el exclusivo condominio “Quinta Mar” y con una extensión superior a los 3,500 metros cuadrados, fue adquirida en 2013 por un monto de 1.9 millones de dólares.

La decisión judicial se dio bajo la figura de extinción de dominio, luego de que los magistrados revocaran una sentencia previa de 2025 que había declarado improcedente la solicitud de la Fiscalía. El tribunal determinó que existen pruebas suficientes para vincular la compra del inmueble con los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado a Lozoya. 

Según las investigaciones, los recursos utilizados para la adquisición fueron triangulados a través de cuentas en Suiza y empresas fachada, lo que permitió al Estado reclamar el bien como producto de actividades ilícitas. El proceso penal iniciado en contra de Lozoya y otros por este caso sigue en la antesala del juicio.

Fuente: https://oem.com.mx/elsoldeacapulco/local/alcalde-de-san-luis-acatlan-niega-estar-retenido-en-buenavista-28980334 

Monto: Caso 15 millones de pesos era el monto de la propiedad al momento de ser adquirida.

Implicados: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y su exesposa Marielle Helene Eckes.

Impacto: El Estado recupera una propiedad adquirida con presuntos hechos de corrupción tras años de litigio.

Difusión: Al menso 20 medios difundieron esta información.

Durante la administración de ocho años de David Colmenares Páramo en la Auditoría Superior de la Federación, que concluyó el 15 de marzo, se registró una caída de casi el 70% en la presentación de denuncias penales por posibles actos de corrupción en comparación con el periodo de su antecesor, Juan Manuel Portal. 

Mientras que en gestiones previas la fiscalización derivaba en cientos de querellas ante las autoridades ministeriales, bajo el mando de Colmenares el número de recursos legales disminuyó significativamente.

A pesar de que el auditor defendió su estrategia bajo la premisa de priorizar la “calidad sobre la cantidad” de los casos, los resultados oficiales muestran que ninguno de los expedientes presentados durante su gestión logró concluir con una sentencia condenatoria firme.

A ello se sumaron las denuncias de exauditores que salieron de la ASF inconformes con diversas irregularidades. Reportes en la prensa advirtieron de la reducción a la mitad el número de auditorías forenses y de la caída en más de 90% el monto de presuntas irregularidades detectadas.

Fuente: https://e-ntorno.com/con-colmenares-denuncias-de-asf-cayeron-casi-70-y-ningun-caso-se-resolvio/

Monto: No aplica.

Implicados: David Colmenares Páramo, extitular de la ASF.

Impacto: La mala gestión o inacción de la ASF favorece la corrupción y la impunidad sobre el mal manejo de recusos.

Difusión: Más de un centenar de medios reportaron los malos resultados en el cierre de la administración de Colmenares.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) reportó la presentación de ocho denuncias penales por corrupción ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), presentadas entre los años 2022 y 2024. Según el informe de la auditora Liliana Dávalos Ham, estas investigaciones se encuentran todavía en una etapa inicial, y a pesar de que algunos casos datan de hace cuatro años, hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni avances sustanciales en la judicialización de los expedientes.

Las indagatorias involucran a servidores públicos de diversos municipios como Toluca, Ecatepec, Lerma, Ocuilan y Santo Tomás, además de personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y del propio OSFEM. Entre los delitos señalados destacan el abuso de autoridad, la falsificación de documentos, el uso de objetos falsos y la revelación de información reservada. En el caso específico de Toluca, las irregularidades se centran en la gestión 2022-2024, mientras que en otras localidades se investigan firmas estampadas ilegalmente y sellos apócrifos.

El reporte detalla que, además de las denuncias penales, el OSFEM ha promovido casi 300 informes de presunta responsabilidad administrativa desde 2019, identificando faltas graves como el peculado y el abuso de funciones en decenas de administraciones municipales. 

Fuente: https://www.milenio.com/politica/fgr-acusa-ex-tesorero-ipn-issste-contratos-11-mdp-empresa-fantasma 

Monto: No precisado.

Implicados: Funcionarios estatales y de cinco municipios.

Impacto: La inacción hasta por cuatro años de la fiscalía impide que los probables responsables sean imputados y prevalece la impunidad.

Difusión: Al menos ocho medios compartieron esta información.

Un tribunal federal dictó nuevamente el auto de vinculación a proceso en contra de Ramón Sosamontes, quien fuera el jefe de la Oficina de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles. Esta resolución del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México confirma que el exfuncionario deberá enfrentar un juicio por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, reactivando un proceso que había sido invalidado temporalmente por una sentencia de amparo previa.

La acusación central se enfoca en la firma de un convenio en marzo de 2014 por un monto superior a los 353 millones de pesos con la entidad Radio y Televisión de Hidalgo (RTH). Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), este contrato, destinado supuestamente a la elaboración de materiales audiovisuales para la Cruzada Nacional contra el Hambre, formó parte del esquema de desvíos conocido como la “Estafa Maestra”. Las autoridades sostienen que RTH no contaba con la capacidad técnica para cumplir con los servicios y subcontrató la mayor parte del trabajo a terceros de manera ilegal.

A pesar de los esfuerzos de la defensa por sobreseer el caso o argumentar que no existían pruebas suficientes para sostener la imputación, los magistrados determinaron por unanimidad que los datos de prueba presentados son suficientes para que la causa penal siga su curso.

Fuente: https://www.reforma.com/procesan-otra-vez-a-sosamontes-por-estafa/ar3161173 

Monto: 353 millones de pesos es el monto de este caso en específico.

Implicados: Ramón Sosamontes, quien fuera el jefe de la Oficina de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles.

Impacto: Los desvíos afectaron recursos destinados para programas sociales. El estancamiento del caos propicia impunidad.

Difusión: Cuatro medios retomaron esta información.